Ana Taboada

Vicealcaldesa de Oviedo

Jose María González

Alcalde de Cádiz

Hay una ley no escrita, la ley del embudo, que consiste en que unos privilegiados se reserven la parte ancha, y al resto, a la mayoría, le toque la parte estrecha. Uno de los mejores ejemplos de esa desigualdad en el reparto de obligaciones y beneficios es la Ley Montoro, que hace recaer sobre las espaldas del eslabón más débil, los ayuntamientos, la solución al problema de la deuda pública. Es una ley que viene a dar la puntilla a las Administraciones locales, las más cercanas a los ciudadanos, y también las más rebeldes y más difíciles de controlar por el poder central. Esta ley recorta la autonomía municipal, impide la creación de empleo público, fijando unas estrictas tasas de reposición; dificulta la prestación de servicios públicos de calidad y facilita el camino de su privatización. Todo ello, con la excusa de evitar un derroche que los mismos números desmienten, ya que el peso de la deuda municipal en el conjunto del endeudamiento del Estado es inferior al 4 por ciento.

Los mismos que fueron compasivos con los bancos y abrieron a tope el grifo para su financiación, socializando unas pérdidas millonarias, son estrictos y severos con la ciudadanía de a pie y miran con cuentagotas el dinero destinado a prestar los servicios imprescindibles. Es una mecánica de actuación, la de quitar al débil para dárselo al fuerte, que se ha repetido en el mundo globalizado a distintas escalas: mientras Europa hace caer el peso de la crisis sobre los países del Sur, en España son las instituciones más cercanas las que deben afrontar las consecuencias de esa estafa que muchos siguen empeñados en llamar crisis.

Porque no nos engañemos: gran parte de la deuda que debemos pagar a costa de recortar en servicios básicos ha sido generada y está destinada a seguir enriqueciendo a un puñado de privilegiados, corporaciones y empresas que en la fiebre del ladrillo dejaron sobre el territorio español, aprovechándose de la infrafinanciación que afectaba a los ayuntamientos y recurriendo a corruptelas para obtener contratos, un reguero de obras mastodónticas e inútiles. Son elefantes blancos que ahora, pasada la borrachera y llegada la resaca, todos y todas reconocemos como inútiles, pero que hay que pagar a tocateja, con sus intereses hinchados, en una nueva vuelta de tuerca que pretende exprimir hasta las últimas gotas los beneficios de la estafa.

En Oviedo, donde un Gobierno del cambio logró poner fin a más de dos décadas de gobiernos del PP, la ciudad afronta una deuda ilegítima que podría alcanzar los 190 millones de euros, generada en operaciones megalómanas que favorecieron a personas con nombres y apellidos. Por referirnos sólo a una de ellas, la capital asturiana tiene el dudoso honor de disponer de la biblioteca pública más cara del mundo, Villa Magdalena, que ha costado más de 60 millones de euros tras una ruinosa y negligente expropiación que en su origen benefició a la familia del exministro del PP Rodrigo Rato.

En Cádiz tras 20 años de políticas de derroche a manos del PP, la deuda municipal era el equivalente al presupuesto de dos años; de la cual un 17% era con proveedores, quienes cobraban a más de 120 días (anteriormente le debían 89 millones que pudieron pagar con los ICO, y pasando a ser debidos a la banca). Pero lo importante no son los números, el problema no es cuantitativo sino cualitativo, ya que el origen de esta deuda está en el derroche, la propaganda, el autobombo mediático, y las obras innecesaria. Obras como las antorchas de la libertad (los famosos mamotretos) cuyo coste superó el millón de euros, las 32 app para móviles cuyo coste fue de 1,2 millones, o la tribuna de estadio Carranza con 38 millones de coste (incluyendo un hotel); sin duda alguna, obras ilegítimas para nosotros aunque teóricamente legales.

Ante esta situación de injusticia y desigualdad los ayuntamientos del cambio no nos resignamos. Conscientes del poder que tiene la gente que se pone en marcha, hemos constituido una Red Municipalista contra la Deuda ilegítima y los Recortes, que recientemente presentamos en Cádiz y que esta semana llevaremos a Bruselas, para presentarla ante el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Como firmantes del Manifiesto de Oviedo contra la deuda ilegítima, el cual firmaron 1.000 cargos electos, y respaldado por las más de 140 agrupaciones municipales y movimientos sociales que se han unido ya a esta red, hemos decidido llevar nuestras reivindicaciones a Europa ante la cerrazón del Gobierno de España, que continúa empeñado en no escuchar las legítimas demandas de los ayuntamientos. Desde nuestras responsabilidades municipales, con honradez y responsabilidad, vamos a seguir generando nuevos servicios públicos para los ciudadanos, y desafiando las leyes que, como la de Montoro, pretenden seguir privatizando los beneficios y socializando las pérdidas.