Octavio Granado

Exsecretario de Estado de la Seguridad Social

Miguel Ángel Díaz Peña

Director General de Ordenación de Seguridad Social de 2004 a 2011

El BOE publicó el día 29 de diciembre del pasado año una modificación de la normativa de las Mutuas Empresariales de la Seguridad Social. En este texto se ha incorporado, a instancias del PP, PNV y CiU en el Senado (una vez más, lo fundamental no es lo territorial, sino el dinero) la posibilidad de que las Mutuas ingresen en su Patrimonio Histórico parte de los incentivos concedidos a las empresas con baja siniestralidad, que salen de cotizaciones a la Seguridad Social. La justificación dada a esta extraña medida es la “delicada” situación de este patrimonio histórico, que arranca de cuando las Mutuas eran entidades privadas de aseguramiento antes de la Ley de Bases de Seguridad Social de 1963. ¿Por qué razón este salto atrás de cincuenta años?

En abril de 2004, las Mutuas campaban a sus anchas. Parte de sus ingresos y gastos no constaban en los Presupuestos. Con cuotas de la Seguridad Social pagaban personal y actividades privadas, con las que hacían una competencia desleal a los servicios de prevención ajenos. Mantenían una red ingente de agentes comerciales que competían con otras mutuas otorgando de forma generalizada devoluciones ilegales de cuotas, los famosos extornos. Su contabilidad no estaba integrada en el sistema de la Seguridad Social, y solo rendían cuentas a presupuesto liquidado. Sus directivos cobraban por centenares salarios superiores a los del Jefe de Gobierno (lo siguen haciendo), se financiaban planes de pensiones y pólizas de indemnización, se despedía a los directivos escasos meses antes de la jubilación para pagarles cantidades astronómicas…

Si todavía, después de todo, la Mutua tenía que contabilizar excedentes y devolverlos a la Seguridad Social por encima de sus aportaciones a las propias reservas, provisionaban con criterios arbitrarios las contingencias en tramitación, “previendo” gastos de centenares de miles de euros por patologías irrelevantes. Lo que fuera con tal de no devolver un euro a la caja de la Seguridad Social. Las Mutuas no habían aportado nada al Fondo de Reserva, y el Fondo de Prevención de Riesgos Laborales, que se nutre de los excedentes de las cuotas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, arrojaba un saldo similar al del año 1996.

De 2004 a 2011, conseguimos que todos los ingresos y gastos figuraran en los Presupuestos. Las Mutuas se incorporaron al sistema contable de Seguridad Social. Las actividades privadas debían desarrollarse a través de una sociedad mercantil segregada de la Mutua. Una reducción sustancial de las cotizaciones por accidente de trabajo acabó con la mayoría de los extornos sumergidos e hizo transparente la rebaja para todas las empresas y no solo para algunas. Desaparecieron la tercera parte de las Mutuas, las más ineficientes, fusionándose con otras sin costes para la Seguridad Social, y la mitad de las que quedaban se asociaron entre sí para mejorar la calidad y reducir costes. Promovimos la amortización de plazas de agentes comerciales, y su reconversión en agentes de prevención. Intentamos poner orden en la política retributiva de directivos, acabando con las indemnizaciones, pólizas y planes millonarios (algo se consiguió con los sueldos, pero PP, CiU, PNV y ERC lo bloquearon en el Parlamento).

Un Código de Buenas Prácticas limitó la competencia desleal y las triquiñuelas. La provisión de contingencias en tramitación pasó a realizarse con los criterios que el Banco de España aplicaba a las aseguradoras, lo cual tuvo como efecto inmediato que las Mutuas debieron entregar más de mil millones de euros a los Fondos de la Seguridad Social. Los resultados anuales del sector, de 386 millones de euros en 2003, alcanzaron en 2007 los 2.266 millones. El Fondo de Prevención de Riesgos Laborales, que se nutría de los excedentes de las Mutuas, pasó de 650 millones de euros en 2004 a 4.650 a finales de 2011. Las aportaciones al Fondo de Reserva, de 4 millones en 2004, superaban los 222 en 2010. Y cobrando menos cuotas, las Reservas de las Mutuas ascendían en 2012 a 6.143 millones.

¿Se acabaron las trampas? Qué va. Los gestores honrados respiraron por la atenuación de la competencia desleal de los sinvergüenzas, pero éstos eran contumaces. No obstante, la dedicación y los conocimientos profesionales de los interventores e interventoras de la Seguridad Social y de los funcionarios de la Dirección General de Ordenación siguieron descubriendo maniobras, irregularidades, y a veces indicios de delito, como contratos fraudulentos con entidades sanitarias privadas, dietas abusivas, mariscadas, etc, etc. En este momento hay dos sumarios abiertos contra los directivos de dos entidades, y el más conocido, el de Universal, es un ejemplo estremecedor de contra qué luchábamos: los peritos judiciales cuantifican el daño a la Seguridad Social al menos en 200 millones de euros.

Naturalmente, las irregularidades contables y los delitos eran sancionados y las cantidades descubiertas debían ser abonadas por las Mutuas con cargo a su patrimonio histórico. Y a pesar de que estas resoluciones eran sistemáticamente recurridas ante los Tribunales para ganar tiempo, las sentencias han ido cayendo con el paso de los años y las Mutuas infractoras están ahora en una “delicada” situación financiera. De la que van a salir usando las cuotas de la Seguridad Social. Con ventaja especial para las Mutuas menos escrupulosas.

Los pensionistas españoles, si se cumplen los planes del PP, van a tirarse una década con subidas de sus pensiones del 0,25% al año. Los trabajadores han visto cómo se ha intentado retrasar la jubilación de los despedidos, y empeorar sus pensiones futuras. La Seguridad Social ha gastado todo el Fondo de Prevención y casi el 40% del Fondo de Reserva acumulado en los ocho años anteriores tiene un patrimonio neto muy inferior al de finales de 2011, y acumulará en tres años más de 40.000 millones de euros de déficit (mucho más que el crecimiento de la economía). Y no obstante podemos regalar cuotas a quien ha intentado despojar a la Seguridad Social con maquinaciones, irregularidades y delitos.

Piensen en cualquiera de los casos de corrupción que por desgracia se enseñorean de nuestra vida pública. ¿Se imaginan el escándalo si se modifica la normativa a fin de que los corruptos repongan en su patrimonio lo que han tenido que devolver con fondos públicos? Este debe ser el contenido del pacto contra la corrupción promovido por el PP.