Javier Segura

Profesor de Historia www.javisegura.es

El referéndum del pasado 1 de Octubre en Catalunya, en el que la ciudadanía catalana hizo un ejercicio ejemplar de resistencia democrática y pacífica para proteger los colegios electorales de las agresiones policiales, la huelga del 3 de Octubre, en protesta por la represión policial, y la Declaración de Independencia, aprobada el pasado 27 de Octubre por el Parlament y celebrada con júbilo en las calles de Barcelona, han supuesto la segunda gran sacudida democrática del tablero político español desde el 15-M.

Frente a ella, el llamamiento del rey Felipe, en su mensaje del 3 de Octubre, al “cierre de filas” en torno a “la ley y el orden”, la concesión por el Senado al Gobierno de Mariano Rajoy de poderes extraordinarios para suspender la autonomía de la nación catalana y convocar elecciones, en aplicación del conocido como 155, y la deriva represiva desatada desde entonces, que mantiene en prisión a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y que se ha visto consumada, el 2 de Noviembre, con el encarcelamiento del vicepresident Oriol Junqueras y de ocho consellers del Govern, en virtud de las querellas interpuestas por Jose Manuel Maza, Fiscal General del Estado, en las que el Procés se equipara con un golpe de Estado, han puesto en evidencia el lado más sórdido del Régimen del 78.

Hablemos con propiedad. Si entendemos un golpe de Estado como la operación de un grupo de poder para tomar por la fuerza el control y el gobierno de una institución, desplazando a sus gobernantes legítimos, es evidente que no ha habido más golpe de Estado que el derivado de la voluntad del Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE, de aplicar la versión más dura y, además, dudosamente constitucional del 155.

En efecto, el artículo 155 sólo dice que el Gobierno “podrá adoptar las medidas necesarias” para obligar a una comunidad autónoma al “cumplimiento forzoso” de sus “obligaciones” constitucionales. No especifica más y, por tanto, actúa en la práctica como el cajón de sastre en el que cabe cualquier interpretación que convenga al Gobierno. La elección de las “medidas necesarias”, por tanto, es un asunto de voluntad política. No hace falta indagar mucho para darse cuenta que medidas como el cese del Govern de la Generalitat, la disolución del Parlament o la imposición del control a los Mossos d'Esquadra, entre otras, no responden al deseo de restaurar la legalidad, sino al objetivo político inconfesable de desmantelar la capacidad de autogobierno de las instituciones catalanas y, de paso, acabar con el nacionalismo catalán como opción política legal. En este escenario, el papel que juega la Fiscalía, a través de José Manuel Maza, es el de judicializar un asunto de naturaleza política, que supone, de paso, la ocultación de la condición de presos políticos de los encausados.

¿Qué contribución a la resolución de la “cuestón nacional” cabe esperar de unas elecciones para las que se ha diseñado un contexto de excepcionalidad, pensado para alterar la relación de fuerzas del parlament de Catalunya en favor del tripartito unionista, PP, Cs y PSC? ¿Hay espacio para la negociación política en este escenario tras la aceptación del reto electoral del 21 de Diciembre por los grupos políticos?

Veamos:

De entrada, toda negociación política en torno a la cuestión nacional en Cataluña debe establecer, el punto de partida. Si no es así, los llamamientos al diálogo (¿entre quiénes y para qué?) caen en el vacío.

En este sentido, hay un mensaje bastante extendido que atribuye la situación vivida en Catalunya en las últimas semanas al “fracaso de la política”, como si dicha situación pudiera circunscribirse a un conflicto entre la Generalitat y el Estado central, al margen de la ciudadanía, auténtica protagonista del Procés, en el que las dos partes son igualmente responsables. ¡El mito de los dos bandos!

La realidad lo desmiente. Desde que, a partir de 2012, dieran comienzo las movilizaciones en favor del “derecho a decidir”, el Gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, conocía perfectamente la existencia en Catalunya de una profunda demanda ciudadana en favor de la independencia. Si desde entonces no hubo diálogo no fue por la falta de disposición al mismo de las fuerzas del nacionalismo catalán, sino por la negativa del Gobierno del Partido Popular a impulsarlo en los únicos términos en que es posible emprenderlo, es decir, partiendo del reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña. La obcecación calculada del Gobierno de Mariano Rajoy de que el diálogo, que es un diálogo sobre la cuestión nacional en Cataluña, debe hacerse “dentro del orden y la ley”, es decir, negando la propia realidad nacional de Catalunya, es una burla.

No hay negociación posible sin un replanteamiento del debate entre la visión uninacional y plurinacional del Estado español. Es un debate lastrado, ciertamente, desde que en las Cortes Constituyentes que dieron lugar al Régimen del 78 se decantó, en el artículo 2 de la Constitución, por la subordinación del “derecho a la autonomía” a la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, la cual, además, en el artículo 8, delega en el Ejército, bajo el mando monárquico impuesto por Franco, la misión de “defender su integridad territorial". Fue un triunfo del nacionalismo español más conservador, resultado de la presión ejercida por el estamento militar en favor de la posición defendida por Alianza Popular, núcleo del actual Partido Popular.

Sin capacidad para afrontar democráticamente la cuestión nacional, el rechazo y la hostilidad hacia el procès soberanista de Cataluña ha sido una constante del nacionalismo español, especialmente desde que, en 2005, el Gobierno presidido por Pascual Maragall impulsara la reforma del Estatut de Cataluña, impugnado en 2010 por el Tribunal Constitucional a instancias del Partido Popular. ¿Dónde estaba el problema? Recordemos: las primeras movilizaciones ciudadanas tras la sentencia del Constitucional fueron a favor del Estatut.

Es evidente, por tanto, que sin cuestionar con claridad los artículos mencionados, algo que toca después de 40 años, cualquier reforma constitucional que pretenda avanzar en nuevas construcciones de soberanía, se hace imposible. ¿A qué hubiera tenido que esperar la ciudadanía catalana para que el “derecho a decidir” sobre la autodeterminación se hiciera efectivo?

Para concluir: Éste no es sólo un asunto catalán. Resulta de la forma que ha adquirido en Catalunya la crisis de representatividad que dio lugar al 15M. De ahí que haya que interpretar el golpe del Gobierno de Rajoy en clave estatal, integrado en un proyecto de Estado-nación en el que confluyen los principios del neoliberalismo, que suponen la mercantilización de los bienes públicos y la vida social en beneficio de los grandes capitales, y los del nacionalismo español, que implican la exclusión de toda “veleidad” que cuestione el status quo. En este sentido, las políticas antisociales, el intento de neutralizar la protesta social con las “leyes mordaza”, el control político de la judicatura, el uso de las cloacas del Estado para descabezar movimientos alternativos... forman parte del mismo “pack” que la recentralización en torno al “mito de la unidad de España”(1): es el proyecto de desmantelamiento del Estado social y democrático, el constitucional, en favor del Estado neoliberal-uninacional. Esta es, creo, la cuestión.

(1) Considero que el concepto dominante de la unidad de España, el fabricado por el nacionalismo español, es una construcción imaginaria (mito) que explota valores identitarios, con una fuerte carga emocional, como el orgullo de ser español o la igualdad entre españoles, para legitimar la idea real de la unidad de España como unidad política de los territorios en torno al Estado central.