Por la nacionalización de la escuela concertada

Joan Mena

Diputado de En Comú Podem

En los últimos meses, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos hablan de aprobar un Pacto de Estado (político y social, lo llaman ellos) por la Educación. Un pacto de estado que, para ser creíble, no debería abandonar uno de los elementos que más debate genera en la comunidad educativa y que quedó normativamente blindado en la LOMCE: el concierto educativo. Acordar un Pacto escondiendo, maquillando o pasando por alto uno de los elementos más controvertidos de nuestro sistema educativo será papel mojado.

En ese sentido, la corrección de las políticas segregadoras del Partido Popular y de la derecha nacionalista de Catalunya, CDC-PDECat, se debe evidenciar en un elemento central de las mismas: acabar con la voluntad de estos partidos de convertir a la escuela pública en subsidiaria de la escuela privada concertada. Así pues, una de las columnas vertebrales del futuro Pacto de Estado por la Educación debe ser la garantía de finalización de la doble red educativa que impera en España desde los últimos años del franquismo.

Habitualmente se expone el modelo finlandés de educación como uno de los de mayor éxito en el contexto europeo y mundial. Es cierto que según las cifras y resultados, pese a las discrepancias absolutas con los métodos de evaluación y clasificación de los mismos, tipo PISA, Finlandia presenta un modelo potente de educación. Cuando se nos relatan las excelencias de este modelo y se comparan con España, siempre se ocultan dos elementos que son sustanciales: una financiación en inversión educativa que supone el 12,81% del gasto público y el 7,19% del PIB y un 98,8% de escuelas públicas. En España, en cambio, el 31% de los centros educativos son privados o concertados y el porcentaje de inversión educativa está en un 4,36% del PIB. Solo con estos datos, ya observamos que los buenos resultados académicos son proporcionales al nivel de inversión y a la garantía de una única red educativa como elemento cohesionador.

Por este motivo, si el Pacto de Educación fuese valiente apostaría decididamente por incorporar a las escuelas concertadas que así lo solicitaran en la red pública. Una única red educativa corrige las desigualdades de origen (que son las que, según diversos estudios, condicionan el resultado académico y el fracaso escolar del alumnado) y convierte a la escuela pública en una auténtica herramienta de estado de primer nivel para garantizar la cohesión social como un elemento potente de construcción de futuro en una sociedad justa. Pese a los argumentos de los contrarios a la integración de las dos redes educativas y defensores de la segregación educativa de origen, que utilizan falacias amparándose en la presunta ‘libertad de elección de centro’ de las familias y en atizar el miedo en el profesorado de la escuela concertada, los principales beneficiados de la integración de la doble red serían, precisamente, el profesorado y el alumnado de la concertada.

La realidad es que existe un antecedente que supuso la integración de 71 escuelas privadas catalanas en la red de escuelas públicas. Se trata de las llamadas escuelas del CEPEPC (Col.lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana), unas cooperativas educativas que a partir de 1978 iniciaron una gran movilización social para reclamar su integración en la red pública. La integración se fraguó a través de la Llei 14/1983 del Parlament de Catalunya, la Ley reguladora del proceso de integración a la red pública de centros docentes públicos de diversas escuelas privadas, presentada por un PSC-PSOE que entonces era pilar fundamental de las izquierdas catalanas. Este proceso de integración mantuvo los puestos de trabajo del profesorado y del personal educativo de las escuelas que, desde 1983 y hasta 1988, optaron voluntariamente por integrarse en la red pública. Así pues, el profesorado de la privada y la concertada, igual que el personal no docente, con niveles de precariedad altamente notables, podría equiparar sus condiciones laborales a las del personal de la pública como ocurrió con aquella ley siendo claramente beneficiados por el proceso de integración.

Y también saldrían beneficiadas las familias. Actualmente, las familias que voluntariamente apuestan por la escuela concertada pagan doblemente el sistema educativo: lo hacen como toda la ciudadanía vía impuestos pero, en la inmensa mayoría de los casos, luego tienen que pagar cuotas ‘alegales’, donde la inspección educativa mira para otra parte, en conceptos tan diversos como mantenimiento, actividades complementarias o aportaciones a las fundaciones de dichas escuelas. Según un informe de la OCU de 2012 las familias de las escuelas concertadas deben hacer frente a unos pagos que se presentan como donaciones voluntarias o por la prestación de servicios que se ofrecen sin opción a renunciar a ellos, vulnerando así la normativa existente, y que llegan a cifras de 1.025€ anuales en los centros de Lleida o 853€ anuales en los de Barcelona en enseñanzas que, pese a ser concertadas, deberían ser gratuitas para las familias. Así pues, se trata de una cuota voluntaria, porque así lo establece la normativa vigente, que se convierte en obligatoria, vulnerando totalmente el principio de subsidiariedad de la escuela privada concertada.

En definitiva, un proceso de integración voluntario de las escuelas privadas concertadas a la red pública supondría amplios beneficios para el bien común en forma de cohesión social, para el profesorado y el personal educativo de estos centros que, manteniendo su puesto de trabajo bajo titularidad de las Administraciones Públicas verían mejoradas sus condiciones laborales y, también, para las familias que garantizarían un modelo educativo adecuado para sus hijos e hijas sin tener que recurrir a un re-pago educativo. ¿Apostará el Pacto Educativo por este modelo de integración? Seguramente, no. El Partido Popular y Ciudadanos trabajan por un modelo educativo segregador, donde el estado no asuma la responsabilidad que le toca para garantizar el derecho a la educación de los más pequeños, amparándose en la falacia de la libertad de elección de centro que acaba suponiendo una segregación de origen y su política es la de introducir la liberalización y el negocio económico también en el ámbito educativo. Y, por desgracia, el PSOE del ‘No es no’ hace seguidismo de esas políticas alejándose, cada día más, de aquel PSC-PSOE que apostó valientemente por la nacionalización de las escuelas catalanas del SEPEPC.