Ni con el incontenible y vergonzante antiespañolismo del flamante president Torra se podrá contrarrestar en el extranjero la imagen de desfachatez punitivista que proyecta el juez Llarena y, en fin, con él toda la judicatura excepcionalista del reino de España, la misma que trocó el TOP en Audiencia Nacional y se quedó tan pancha, “de la Ley a la Ley” y “de la justicia excepcional a la justicia excepcional”, prolongando sine die el peso del legado franquista en el desarrollo de la democracia. Si se acepta que Quim Torra puede llegar a convertirse en el mejor aliado del españolismo, convengamos también en que al independentismo catalán le habría caído en suerte un regalo aún mejor: una judicatura con verdaderos problemas de identidad respecto de la separación de poderes que, de permanecer genuflexa ante el poder político (que también), ha pasado a liderar la reacción anticatalanista. Con garbo y ánimo prevaricador, vengativo. Pero quienes mejor están expresando esto no somos los que pedimos la desjudicialización de un conflicto que sólo podrá resolverse por la vía política, como ha señalado recientemente Michael Ignatieff, que de eso sabe mucho por su propia experiencia en Canadá. El consejo más substantivo viene de fuera.

El mensaje implícito de la justicia alemana cuando decide no juzgar a Puigdemont por un increíble delito de rebelión violenta, no sólo afecta a quienes quieren judicializar el conflicto para aherrojar cualquier posibilidad de resolución política. A esos les espera, les está llegando, un recurrente sanmartín en la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en tribunales ordinarios de varios países europeos. Van a tener muchas ocasiones para sentir que en Europa son percibidos como gente burda y sin seso, aunque tampoco sea descartable que cosechen algún éxito (en Europa hay de todo, quién lo duda, y nuestro gobierno quizás se conforme con el criterio de la Fiscalía alemana, a la que imagina igual de obediente que la suya). Ahora bien, la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein debería ser recibida también como un varapalo intelectual en toda regla por parte de esa legión de profesores y académicos que con arrebato y mucho idealismo impostado han pedido la fuerza y la legitimidad (el palo y tentetieso) del Estado contra el independentismo, invocando a Weber con la voz de un ventrílocuo que desde la trastienda emite un trampantojo hobbesiano (el que, por cierto, nos recordaba demasiado a Fernando Savater y a algunos académicos de ida y vuelta entre Rosa Díez y Albert Rivera). Sobre todo va dirigida contra quienes sostienen que en España no cabe hablar de delitos políticos y menos aún de presos políticos, por el mero hecho de estar en una democracia, aunque la española en concreto sea muy deficiente por lo que respecta a la división de poderes y al respeto de los derechos fundamentales (ahora muy en riesgo de ser amordazados), esto es, porque como demócratas deberíamos asumir sin recelos la democracia cual si se tratara de una religión civil y obligarnos a nosotros mismos a creer que el Derecho y el Estado son entes técnicamente descontextualizados y ajenos a las relaciones de poder y a las dinámicas de imposición de intereses políticos, económicos, de clase, culturales, lingüísticos, etcétera, sin contar con la posibilidad de que el aparato jurídico también pueda usarse con fines persecutorios y vengativos contra sujetos previamente criminalizados y estigmatizados como 'enemigos'.

Esto último es lo que se está entendiendo en Europa, que el separatismo catalán, después de haber sido presentado como una especie de insurreccionalismo violento que nadie ha visto nacer, debe ser castigado duramente con tipos penales predemocráticos (¿por si naciera?). ¿Lo van entendiendo ya, por legalistas, institucionalistas y formalistas o incluso constitucionalistas que sean, esos políticos e intelectuales de la izquierda zascandil que, como Carlos Jiménez Villarejo, un tal Josep Borrell o un tal Paco Frutos, entre otros, se han puesto a la cabeza de la reacción española punitivista? Tal vez se trate, el suyo, de un esquema mental fosilizado a base de animadversión hacia el nacionalismo catalán, por lo que yo, que tampoco soy nacionalista, voy a formular la idea de otra manera, pensando especialmente en mis queridos amigos y compañeros de análisis históricos, sociológicos e incluso penológicos: ¿Por qué no trabajan por evitar las fijaciones laxas de los delitos graves, ésas que puedan dar pie a fiscales y jueces a usar el derecho penal como un 'derecho penal del enemigo'? Ya sé que es difícil. Todas las normas punitivas son susceptibles de ser utilizadas con fines represivos, lo que genera una victimización política evidente, queráis o no llamar a ese tipo de víctimas represaliados políticos, presos políticos o acaso la más comedida definición de detenidos y presos por motivos políticos (víctimas de políticas represivas que el poder puede llevar a cabo echando mano de un amplio arsenal, desde el articulado más duro del código penal hasta la burorrepresion de las sanciones administrativas dirigidas contra la protesta social). Imposible dar una solución definitiva meramente técnica a lo que es una dinámica histórica puramente política y de lucha por la hegemonía.

Podría, no obstante, reducirse algo ese riesgo si al menos se empezara por detectar en la codificación todos los viejos demonios que nuestra historia ha ido poniendo en la definición de delitos como el de rebelión, sedición o terrorismo. Pero no sólo no se adelanta nada en ese camino. Se retrocede. El PSOE, ahora tan beligerante echando mano de significantes groseros, una beligerancia a todas luces teatralizada que deja al PSC otra vez descolocado como posible agente mediador, es el mejor ejemplo de la regresión, la que está forzando de manera extremista el partido nacionalpunitista por excelencia, Ciudadanos. Y de todo ello parece que están tomando buena nota en Europa, lo que provoca en España reacciones ridículas y desesperadas, hasta el punto de que ya muchos empiezan a ver a Ribera como un ultra. Desde Bélgica también llegan varios soplamocos de velada profundidad y, acto seguido, el Tribunal Supremo habla de ausencia de compromiso de la justicia belga con la justicia española. ¿No habrá quien les diga en serio que lo que en verdad hay prácticamente en toda Europa es una clamorosa falta de confianza en la justicia española? La española, y no sólo por los bajos instintos que el independentismo le ha hecho florecer, es vista en Europa como una justicia sesgada ideológicamente, que abusa de la prisión provisional y no ofrece verdaderas garantías de respeto a los más elementales derechos humanos.

Hay rechazos formales, como el de la euroorden, que son reproches morales por lo bajini. Esa imagen cutre y cruel del sistema de control punitivo español se ha agigantado con la imborrable huella de la brutalidad policial contra la gente que quería votar el 1-O, todo lo cual juega a favor del catalanismo. Lo recordaba recientemente alguien tan poco sospechoso de nacionalismo emocional e irreflexivo como el historiador Álvarez Junco. Así se explica en gran medida que el independentismo vaya ganando crédito internacional. No será fácil disipar el relato de la represión española contra el derecho a decidir de Cataluña, ni siquiera con la ayuda del zorocotrismo de los tuits del president Torra, ni por muchas giras europeas que organicen Pedro Sánchez y Albert Rivera para hablar de un supremacismo que suena forzado, evidentemente Torra no representa el talante de más de dos millones de independentistas. Por ahí fuera nos estarán viendo como suele verse a la gente que se enfurruña, como gente desmesurada, tan enfadada que pierde la capacidad de ver lo exageradas que suenan fuera de nuestras fronteras las tipificaciones penales españolas, con delitos que evocan tiempos predemocráticos y peticiones de cárcel de hasta 30 años por actuaciones que en el peor de los casos serían quizá mera desobediencia, delitos en todo caso no punibles con penas privativas de libertad. En fin. ¿En vez de modernizar el delito de rebelión, señor Sánchez, no será mejor que un partido de izquierda promueva la modernización del ya viejo derecho de autodeterminación tomando como referencia las experiencias canadiense y escocesa?

Costará lo que tenga que costar, aunque es inaceptable que se genere miedo y dolor por ello, y estaremos aún lejos de que la mayoría social en España llegue a aceptar la realidad de una España que es inexplicable e inviable sin que se escuchen y se regulen las demandas del derecho a decidir. Se trata de un viejísimo conflicto irresuelto y ahora agravado que no necesita ni jueces ni penalistas (esos que se invisten de exclusividad intelectual para modular propuestas de castigo y terciar de manera parcial en análisis de conflictos cuyas raíces y soluciones han de ser enfocadas como sociológicas, culturales y políticas, no criminológicas). Hace falta gente dialogante. Para que, incluso sin tener que irnos más allá de los Pirineos, podamos descubrirnos esa especie de brazo tonto de la ley que nos ha salido a los españoles, un nacionalpunitivismo bruto y peligroso, nos hará falta más generosidad y sobre todo más empatía, otra de las llaves de la inteligencia.