Todas las noches a las nueve de la noche, en una calle de Melilla, varios vecinos entonan El Novio de la Muerte, “estrechando con lazo fuerte a tan leal compañera”. Podría pasar sin más como algo anecdótico, a pesar de su carácter macabro dada la desoladora situación que vivimos en España a causa de la epidemia de coronavirus, si no fuera porque apunta a un carácter, a un modo de ser, que anima la acción de algunos partidos y miembros de nuestro panorama político actual.

La fascinación por la muerte no es algo ajeno al ser humano y su cultura, y cada pueblo y civilización tiene una manera particular de relacionarse con ella. En España esta circunstancia presenta un carácter paradójico, dada nuestra tradición católica pero también nuestra historia más reciente, en la que la sucesión de la guerra civil, la dictadura y una transición problemática a la democracia permitieron que todavía hoy decenas de miles de cadáveres republicanos reposen en fosas y cunetas, abandonados por el Estado.

Una condición importante para la salud democrática de un país consiste en que todos sean tratados de igual forma una vez muertos, y que sus allegados puedan darles una despedida, un velatorio y un entierro dignos. Algo que estos días sufren muchos familiares de los fallecidos por coronavirus y por otras causas, dado que el confinamiento impide llevar a cabo los rituales de interacción necesarios para llorar y mitigar la pérdida. La crisis por tanto no es solo sanitaria o económica, es también social y antropológica.

Nos encontramos entonces en un contexto de trauma colectivo que requiere de fórmulas alternativas de expresión del duelo, y en ese sentido se entiende el empeño del PP en recurrir a las figuras de la bandera a media asta y elementos simbólicos como el crespón y la corbata en negro. Nada hay que objetar a esa honesta intención de ofrecer algo de consuelo desde las instituciones, que se convierte en un buen complemento a los ánimos que muchos españoles infunden desde sus balcones al colectivo de médicos y enfermeras que luchan en primera línea.

Pero el problema viene cuando los muertos dejan de ser algo que llorar y lamentar y se convierten en arma arrojadiza con un objetivo político. Entramos entonces en el espinoso terreno de la “necropolítica”, que no solo consiste en decidir quién muere y bajo qué circunstancia (el drama del triaje en las urgencias colapsadas), sino que también refiere el uso interesado de las víctimas para un fin distinto a su sincero homenaje.

Durante muchos años, en España nos hemos echado los muertos a la cara a partir de dos procesos traumáticos: la guerra civil y dictadura, y la violencia terrorista de ETA. Ambas situaciones han dado lugar a agrios debates y acusaciones mutuas de desprecio y abandono de las víctimas, pero de alguna forma esa tensión dialéctica acabó integrándose con sorprendente naturalidad en el debate público, político y mediático sin perturbar en exceso nuestra vida cotidiana.

En cambio, hay un suceso excepcional de nuestra historia que marca un punto de inflexión en nuestra singular relación con la necropolítica: los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. El tratamiento que le dio al suceso el gobierno de José María Aznar, apoyado por la maquinaria mediática de ElMundo de Pedro J. Ramírez, inauguró una nueva forma de afrontar el problema del trauma social y de las víctimas en España. Se trató de una operación calculada, interesada y de carácter técnico que buscó intencionadamente manipular a la opinión pública para hacerla creer a toda costa que el responsable del atentado había sido ETA y no el terrorismo yihadista. Y que si bien no tuvo el éxito esperado por quienes la urdieron, sí dejó una sombra de sospecha que durante largo tiempo sobrevoló la esfera pública.

Ese fue el desenlace de una secuencia relativa a la guerra de Iraq que incluyó toda la fantasía de las armas de destrucción masiva, el encuentro de las Azores, el No a la Guerra, el asesinato de José Couso y finalmente los atentados en Madrid, de donde emergió al poco tiempo la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) con un espíritu por desgracia más beligerante que reparador. Dicha asociación se incorporó como un componente más al dispositivo necropolítico orientado a sembrar la teoría de la conspiración tanto desde determinados medios de comunicación como en las declaraciones públicas de algunos cargos del PP.

Por medio tuvimos todavía que vivir un suceso desolador pero digno de mención: el tratamiento que el ministro Federico Trillo dio a la crisis del Yak-42 y a los muertos en el accidente, cuyos cadáveres fueron recogidos sin cuidado alguno en una penosa gestión que obligó a los familiares a luchar por su digna sepultura. Quede este hecho como apunte para resaltar la importancia social que tienen las políticas públicas e institucionales en torno a la muerte, que son capaces de generar un importante daño social si no se realizan con transparencia y corrección.

Pero ha sido ahora, con la crisis por la pandemia global, cuando hemos podido observar en España un flagrante resurgir de las peores costumbres de la necropolítica: la oposición de parte del PP y de VOX no tiene pudor alguno en hablar de “gobierno criminal”, de “peste roja” o de “genocidio del 8M” al referirse a los más de diez mil muertos por el coronavirus. Vemos de nuevo a parte de nuestra clase política, de nuestros medios de comunicación y de sus extensiones en las redes sociales recurrir sistemáticamente a la muerte como herramienta para lograr un fin determinado, en este caso desestabilizar al gobierno y forzar su caída, e incluso vemos cómo algunos cargos de VOX fundan asociaciones de víctimas del coronavirus a las que miembros del partido donarán parte de su sueldo. En el exterior, la prensa internacional ya ha expresado su estupor y sorpresa ante la actitud abiertamente beligerante de la oposición.

Así, por si no fuera suficiente con la potencia letal del virus, el colapso del sistema sanitario, el confinamiento forzoso de la población y el terrible impacto económico de la crisis sanitaria, tenemos que lidiar además con una operación necropolítica de gran envergadura que pone los muertos encima de la mesa no para honrar su memoria o llorar su pérdida, sino para convertirlos en punta de lanza y asedio contra el gobierno y el movimiento feminista del 8 de marzo. Se trata de un “malapartismo” en cuanto que actúa como técnica para conquistar el poder instrumentalizando un evento traumático, y de una especie de Von Clausewitz invertido (algo que ya señaló Foucault), en cuanto que la política se convierte en continuación de la guerra por otros medios.

De esta forma, El Novio de la Muerte ya no canta sobre el noble destino de un legionario que pierde la vida defendiendo el país en el que vive su amada, sino que adopta un aspecto sucio, retorcido y malintencionado. La táctica necropolítica perturba la paz social necesaria para sobreponerse a un trauma colectivo como el que vivimos, envenenando sin escrúpulos el diálogo y la convivencia social. Ante esa operación vienen a nuestra cabeza las palabras de Manuel Azaña como antídoto, puesto que lo que necesita España ahora, además de respiradores y mascarillas, además de un plan para salvar su economía, es “paz, piedad y perdón”.