KATTYA CASCANTE

El triunfo del 9 de noviembre de 2006 convirtió por segunda vez en presidente de Nicaragua al sandinista Daniel Ortega. Recibió la responsabilidad de gobernar un país que, según el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2009), ocupa el puesto 124 de los 182 países objeto de medición, el penúltimo de toda Latinoamérica, sólo por delante de Haití.

Pese a sus antecedentes revolucionarios, Ortega no dudó en establecer una alianza estratégica con la Iglesia católica para mantenerse en el poder. Para ello, sostuvo durante la campaña electoral un marcado discurso ecuménico, situando su fe católica como un elemento destacado de su programa político. Fuera de su conversión real o no, Ortega ha actuado en consecuencia aboliendo, en uno de sus primeros actos de Gobierno, la ley de aborto terapéutico, vigente en Nicaragua desde 1893.

Desde entonces, Nicaragua forma parte de ese penoso 3% de países del mundo que prohíben sin excepciones el aborto. Según un informe de Amnistía Internacional publicado en el pasado mes de junio, la aplicación de esta ley está implicando todo tipo de coacciones al personal sanitario hasta el punto de que incluso las niñas y mujeres nicaragüenses que han sufrido un aborto involuntario son procesadas como sospechosas de la comisión de un delito. Si en los gobiernos pasados no hubo gran interés en los temas de género, con el actual, la abolición de esta ley sólo puede registrarse como un grave retroceso, reduciendo los derechos de la mujer al rol asignado por mandato religioso: la reproducción.

¿Cómo debe reaccionar la comunidad internacional? ¿Qué puede hacer un país como España, que ha situado en el centro de su política nacional e internacional los derechos de la mujer? Nicaragua, según el Plan Director de la Cooperación Española en vigor, está considerada como país prioritario con un marco de asociación amplia. Lo que quiere decir que forma parte del grupo de países que concentrará dos tercios de la Ayuda Oficial al Desarrollo asignable geográficamente para 2012. En las estimaciones del Plan Anual de Cooperación Internacional para 2009, los fondos destinados a Nicaragua ascienden a 117,9 millones de euros.

La cooperación española señala que, entre otros objetivos, sus recursos se invertirán en mejorar la gobernanza democrática, mediante el “aumento y la modernización de leyes que facilitan la equidad de género y así evitar obsolescencias”. ¿Puede considerarse una obsolescencia que en pleno siglo XXI, un Código Penal que entró en vigor en 2008 obligue a que un embarazo anencefálico (un feto sin cerebro, sin posibilidades de vivir tras el nacimiento) deba llevarse a término?

En la última comisión mixta de Cooperación entre España y Nicaragua, celebrada en agosto de 2007, la delegación nicaragüense expuso “la necesidad de reenfocar la cooperación” reduciendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a la salud materno infantil y sólo desde el ámbito familiar. Con esto, el Gobierno nicaragüense levanta en la práctica un muro a la estrategia que la cooperación española ha adoptado en consonancia con todas las normas y convenciones internacionales, en especial con el mandato recibido por parte de La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo (1994).

En Nicaragua, sólo el 27,3% de las denuncias por violencia de género finalizan en sentencia y cerca del 55% de las sentencias en casos de violencia doméstica y sexual son absolutorias. Por otro lado, tenemos un alto número de jueces y magistrados que son nombrados por confianza y no por el procedimiento de la carrera judicial. Además, el coste de los procesos judiciales es demasiado alto y por tanto inasequible para la población de bajos ingresos, en especial las mujeres más pobres.

El Comité contra la Tortura y el Comité para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, ambos de Naciones Unidas, coinciden en que el Estado de Nicaragua ha violado los derechos de las mujeres penalizando el aborto sin a la vez garantizar que haya una atención adecuada para las niñas que queden embarazas. Ambos comités solicitan contemplar las excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto.

En su discurso de comienzo de legislatura, el presidente del Gobierno apostó públicamente por una política exterior “comprometida” con los derechos humanos. En coherencia con esa ambición, el Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno en diciembre 2008 propone la igualdad y no discriminación de las personas como derecho que se proyecta sobre el resto de los derechos y como un obligado compromiso político de carácter internacional de los estados. De hecho, la Presidencia española de la UE, que se iniciará en enero del próximo año, pretende colocar las políticas de igualdad de género en el centro del debate europeo.

En consonancia con este enfoque, la estrategia de género de nuestra política de cooperación coloca en primer lugar la garantía de los derechos humanos como la mejor forma de luchar contra la pobreza, como única forma directa de superar la brecha de la desigualdad que padecen las mujeres. El cumplimiento de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales, incluyendo de manera explícita los derechos sexuales y reproductivos en las acciones de desarrollo, es una orientación expresa del Comité de Ayuda al Desarrollo y de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Beijing en 1995.

Contar con un Plan de Derechos Humanos nos supone asumir el siguiente nivel. Debemos garantizar su cumplimiento, no sólo en la política interna sino en todos los instrumentos de nuestra acción exterior, no debiendo ser la cooperación al desarrollo su excepción ni, el caso de Nicaragua, la oportunidad perdida.

Kattya Cascante es politóloga de la Fundación Alternativas

Ilustración de Javier Jaén