RAFAEL ESCUDERO ALDAY

Tras una azarosa tramitación parlamentaria, el 26 de diciembre de 2007 se aprobó por fin la conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica. Una ley que viene a cubrir un vacío triste y largamente sentido. A pesar de las medidas implantadas años atrás para ir resarciendo a las víctimas del golpe de Estado franquista, la Guerra Civil y la posterior dictadura que asoló este país durante 40 años, faltaba elaborar una ley que abordara la cuestión de forma decidida y con carácter integral. En concreto, que estableciera el marco institucional adecuado para la creación de políticas públicas sobre la memoria, que eliminara cualquier rastro del hipotético carácter jurídico que pudieran conservar las normas de la dictadura y que condenara de una vez por todas y sin ambages el golpe de Estado contra la República. Una ley que acabara con la amnesia colectiva y con la equidistancia entre la dictadura franquista y

la Segunda República.

No está de más advertir que la ley no nació del impulso de los políticos. Nace del esfuerzo colectivo por de-senterrar la verdad. Nace de la tierra, de las fosas comunes, de todas y cada una de las excavaciones realizadas en estos últimos años, de los actos de recuerdo y homenaje que han tenido lugar en cada pequeño rincón del país, de las entrevistas, programas y documentales elaborados con ese objetivo de grabar lo olvidado y, también, de las líneas escritas en ese afán por sacar a la luz todo lo ocurrido y lo sufrido. Es, pues, una ley de colectivos y asociaciones, de víctimas, de familiares de víctimas y de voluntarios, de arqueólogos e historiadores, de literatos y artistas; en definitiva, de todos los que durante años han derrochado tiempo, recursos y, sobre todo, mucha ilusión para devolvernos la dignidad tantos años perdida.

Pese a constituir un texto fundamental en la reconstrucción democrática del país, pocas han sido las referencias a la ley durante la pasada campaña electoral. Algunas conviene no olvidarlas nunca. Mariano Rajoy se comprometió a terminar con este asunto de la memoria una vez llegara a La Moncloa. Afortunadamente, los electores han vuelto a darle la espalda. Desde las filas socialistas se ha optado por el silencio, pasando de puntillas sobre esta cuestión. Sólo Izquierda Unida, con sus iniciativas tendentes a involucrar a la Fiscalía General del Estado en la revisión de aquellos simulacros de juicio celebrados durante el franquismo, ha mostrado interés en mantener viva la llama de la memoria. Esta ley ha de ser entendida como un punto de partida –y no de llegada– en el largo proceso de recuperación de la memoria. Por ello, la legislatura que ahora se inicia ha de ser la del desarrollo de sus puntos. En este sentido, la Generalitat acaba de aprobar un proyecto de ley –pionero en el Estado– sobre localización e identificación de las personas enterradas en fosas comunes, comenzando así a cumplir con la previsión legal de que las comunidades autónomas puedan ampliar sus contenidos.

Recientemente la editorial Trotta acaba de publicar el primer libro dedicado al estudio de la ley, titulado Derecho y memoria histórica, coeditado por José Antonio Martín Pallín –Magistrado emérito del Tribunal Supremo– y Rafael Escudero, en el que participan especialistas en distintas ramas del Derecho. En él no sólo se relatan y comentan las previsiones de la ley, sino que también se presentan las claves que permitirán su mejor desarrollo. En efecto, el jurista, el historiador y el ciudadano encontrarán en este libro las posibilidades que ofrece la ley para reparar a las víctimas no sólo en un plano moral, sino también desde una perspectiva jurídica. Sin perder la actitud crítica, sus trabajos pretenden servir de ayuda a quienes necesitan de la aplicación y efectividad de la ley para recobrar sus derechos y proclamar así la superioridad de los valores de la democracia republicana sobre los que encarnaron los autores del golpe de Estado que puso fin a su vigencia.

La estructura del libro responde a los puntos principales de la ley, aunque en su contenido se vaya mucho más allá del comentario a su articulado. En él se explican las razones por las que era necesario aprobar un texto con rango legal referido a estas materias y se analiza también el uso de la historia en los discursos sobre la legitimidad de la Constitución. Atención especial merece el que resulta ser uno de los aspectos novedosos de la ley: el reconocimiento de un derecho individual a la memoria histórica como expresión de plena ciudadanía democrática. Su genealogía, concepto, contenidos y límites convierten este nuevo derecho en una buena razón para apostar por la ley. Del mismo se deriva un mandato para que las distintas Administraciones realicen políticas públicas sobre la memoria. Políticas –como la contenida en el proyecto de ley catalana– que tienen que ver con el apoyo a particulares y asociaciones para la recuperación de restos, el acceso a fondos y archivos públicos y privados, la retirada de símbolos franquistas de las calles de nuestras ciudades y la mejora de derechos económicos para las víctimas y sus familiares. Destaca en este punto la inclusión legal del derecho a una indemnización para los beneficiarios de quienes fallecieron entre 1968 y 1977 en defensa de las libertades. Finalmente, en el libro se analiza la forma como se resuelve en la ley la cuestión del tratamiento jurídico que ha de darse a las sentencias, sanciones y condenas dictadas por los órganos franquistas.

Sirva este libro –de juristas– de homenaje a todas las personas que hicieron posible la ley, a su esfuerzo y a su trabajo. Así, juntos podremos hacer realidad las palabras que Julita Conesa –una de las Trece Rosas fusiladas por ser comunistas, anarquistas o socialistas– dirigió a su madre horas antes de su ejecución: “Que mi nombre no se borre en la historia”.

Rafael Escudero Alday es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y coeditor del libro ‘Derecho y memoria histórica’.

Ilustración de Mikel Jaso