Mark Weisbrot

Codirector del Center for Economic and Policy Research en Washington, D.C. y presidente de Just Foreign Policy

Entre marzo y julio del año pasado, Estados Unidos mantuvo su "diálogo más extenso en años" con Venezuela, según informó Reuters. El presidente Obama, incluso, se reunió brevemente con el presidente Maduro de Venezuela durante la Cumbre de las Américas en abril. Sorprendentemente — puesto que Venezuela nunca ha representado una amenaza para la seguridad de Estados Unidos — esa fue la primera vez que un presidente de EEUU se reunió con un presidente venezolano, en ejercicio de sus funciones, desde que Hugo Chávez asumió ese cargo hace casi 17 años.

Sin embargo, ese corto período inédito de distensión no pasó de ser poco más que una gambeta. Hacia el final del verano, el Ejecutivo ya había retomado la estrategia que ha aplicado la mayor parte de los últimos 17 años: propiciar un cambio de régimen. La razón es obvia: Venezuela celebraría unas elecciones para su Asamblea Nacional en diciembre y Washington quería hacer todo lo que estuviera a su alcance para influenciar, desacreditar y deslegitimar ese proceso electoral.

A través de una campaña internacional de relaciones públicas, EEUU argumentaba que las elecciones no serían confiables a menos que fueran monitoreadas por la Organización de Estados Americanos —tutelada por Estados Unidos — y otras iniciativas para desprestigiar al gobierno venezolano. Esa campaña fue en gran parte innecesaria, desde el punto de vista de Washington: la oposición venezolana obtuvo una mayoría de dos tercios de la Asamblea. Como era previsible, no hubo problemas con el escrutinio y conteo de los votos, dado que Venezuela cuenta con un sistema de votación fuertemente protegido y a prueba de fraudes, reconocido como "el mejor del mundo" por el ex presidente estadounidense y experto electoral Jimmy Carter.

Pero esas elecciones no han supuesto demasiado en un país tan profundamente polarizado. Venezuela tiene un sistema presidencialista, como Estados Unidos. La mayoría de las decisiones económicas las toma el Ejecutivo, de manera que el Gobierno se encuentra —en gran medida— en la misma situación que estaba antes de las elecciones: si no soluciona la crisis económica que lo llevó a perder estas elecciones, perderá el poder. Conforme a la Constitución venezolana, esto último podría ocurrir legalmente mediante un referéndum revocatorio o a través de las elecciones presidenciales de 2018.

Pero la oposición venezolana históricamente ha variado en su decisión de operar o no dentro del sistema electoral democrático. De 1999 a 2003 exhibieron lo que un líder de la oposición denominó "una estrategia de derrocamiento militar", que incluyó el golpe de Estado de 2002 apoyado por Estados Unidos y la huelga del petróleo de 2002-2003. Tras perder por muy amplio margen el referéndum revocatorio presidencial en 2004, la oposición boicoteó las elecciones parlamentarias de 2005. En 2013 perdieron las elecciones presidenciales y se negaron a aceptarlo, aunque no cabía ninguna duda alguna sobre los resultados. La oposición salió de forma violenta a las calles, respaldada una vez más por Washington, hasta que la presión internacional convenció a EEUU para reconocer los resultados. Y en 2014 la oposición volvió a participar activamente en manifestaciones callejeras violentas con el propósito de deponer al Gobierno.

Tras su primera victoria electoral en más de 16 años, la oposición venezolana se encuentra dividida entre aquellos que optan por la vía electoral al poder y quienes lo quieren conseguir por otras vías al margen de la ley. Desafortunadamente, el aparato de política exterior del Gobierno de EEUU — que incluye al Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, el Pentágono, 17 agencias de inteligencia, el Departamento de Estado de EEUU y varias comisiones parlamentarias — también está dividido al respecto. Eso implica que la oposición venezolana de 'línea dura', que quiere derrocar al Gobierno, contará con el apoyo vital dentro del 'Estado de seguridad nacional' de EEUU.

Obama podría tomar la decisión de normalizar las relaciones con Venezuela, y tratar de evitar al menos que su vasta burocracia insista en un cambio de régimen. Pero ni siquiera ha aceptado la designación de un Embajador venezolano, algo que ya hizo con Cuba (lo cual no requiere aprobación parlamentaria). Esto claramente indica que no tiene ninguna intención de mantener a raya a los miembros de 'línea dura' respecto a Venezuela dentro de su propio Gobierno. Por lo que, probablemente, procederán a apoyar a toda costa diferentes iniciativas al margen de la ley para derrocar al gobierno venezolano, incluso —como en el pasado— recurrir, si hiciera falta, a la violencia.