CARLOS MULAS-GRANADOS

Mucho se ha escrito sobre las causas que provocaron el desplome del sector bancario, la posterior crisis económica y la de deuda que vivimos estas semanas. En mi opinión, la crisis tiene una raíz financiera, pero también un origen ideológico: la excesiva desregulación de los mercados y la abdicación de los estados de su papel económico fueron el resultado de una victoria del modelo neoliberal. Esa victoria ideológica no sólo estuvo detrás de una ausencia flagrante de supervisión financiera, sino que también explica el aumento creciente de la desigualdad.

Sirvan como ejemplo los datos sobre desigualdad en EEUU. Según el Internal Revenue Service, antes de la crisis de 2008, el 10% más rico del país se repartía el 48,5% de la renta total, mientras que el resto de la población se tenía que conformar con la otra mitad de la tarta. Este nivel de desigualdad no se repetía desde 1928, sólo un año antes de la Gran Depresión.

Lo que nadie parece haber asumido es que ese aumento de la desigualdad explica buena parte del endeudamiento de las familias que alimentó la burbuja. Los patrones de la sociedad de consumo inducen a los menos pudientes a pedir préstamos para mantener un estatus de prestigio. Por ello, no bastará con limitar la capacidad de los bancos para sobreendeudarse (algo en lo que apenas se ha avanzado), sino que cualquier solución exige una salida cohesionada de la crisis para que esta sea duradera. Por tanto, la austeridad y las reformas que son necesarias hoy para impulsar la nueva economía sostenible deben acompañarse de una agenda social reactivadora.

Hace días, la Fundación Ideas hacía público un documento donde abordamos la nueva agenda social que debe permitirnos alcanzar un doble objetivo: que la crisis no suponga un aumento de la desigualdad y orientar a los desempleados hacia los nuevos sectores sobre los que asentar el crecimiento sostenible. Para cumplir con ambos, es crucial transformar de arriba a abajo nuestras políticas de empleo.

El sistema español de políticas de empleo, incluyendo las activas (formación a parados, bonificaciones a la creación de empleo y convocatoria de plazas públicas) y pasivas (subsidios a los desempleados), es muy amplio, pero tiene problemas. El primero es precisamente la fuerte desproporción entre políticas activas y pasivas. En 2011, el Estado gastará cerca de 40.000 millones en políticas de empleo, de los que más de 30.000 se destinarán a pagar prestaciones y subsidios, mientras que sólo 7.500 son para políticas activas. En porcentaje del PIB, España gasta en políticas activas la mitad que Dinamarca.

La segunda deficiencia es el escaso volumen de recursos para la formación de trabajadores. Del total de gasto en políticas activas, en 2011se destinarán a formación 2.500 millones, tres veces menos que Austria en este ámbito. Y de esos 2.500 millones, sólo 1.000 serán destinados específicamente a formación para parados. En resumen, en 2011 vamos a destinar el 4% del PIB a políticas de empleo, pero sólo el 0,1% irá a aumentar la cualificación de los que hoy están desempleados.

La nueva agenda social debe transitar progresivamente de una lógica de protección a otra de reactivación, para que la salida de la crisis no deje a nadie atrás, atrapado en la descualificación y en bolsas de paro de larga duración.

Para ello hay que perseguir tres objetivos: que los servicios de empleo sean agentes de oportunidades y no meros tramitadores de subsidios; duplicar los recursos para las políticas activas; y elevar el número de desempleados que reciben cursos de formación, para que al menos un 50% de los parados lleven a cabo acciones formativas. Quiero aclarar que no se trata de borrar parados de las listas, (como algunos han interpretado con mezquindad), sino de facilitar nuevas oportunidades.

Concretamos 16 iniciativas que pretenden dar respuesta a los objetivos. Destacaré tres. Primero, dar un papel a las empresas privadas de colocación, que en España sólo intermedian el 5% de los nuevos trabajos y generalmente los de peor calidad. Segundo, crear la figura del “desempleado-trabajador”, de forma que algunos parados puedan realizar actividades a tiempo parcial o de baja remuneración percibiendo parte del subsidio. Y tercero, promover la aparición de “empresas en prácticas” por parte de desempleados que deseen montar su negocio. Como incentivo, sugerimos modificar el actual sistema de capitalización de la prestación, que sólo adelanta un 60% de la misma para crear una empresa. Proponemos, para solicitudes simultáneas de más de cuatro trabajadores ligadas a un proyecto propio, adelantar el 100% de la prestación y sumar un porcentaje adicional como incentivo suplementario durante seis meses.

Abrimos un debate al que convocamos al resto de la sociedad, porque creemos que el Estado del bienestar no sólo está para socorrernos, sino que también puede y debe ser un Estado dinamizador de las personas en sus diferentes momentos vitales. Nuestras propuestas son un ejemplo de ese tipo de políticas que, como decía el premio Nobel Muhammad Yunus, “reducen costes, favorecen la identificación emocional del trabajador con su empresa (…y sobre todo) producen riqueza material para todos y sociedades decentes”. Somos conscientes de que una transformación de tal magnitud precisa del concurso de la mayoría, y por ello invitamos a todos los progresistas a liderar estos primeros pasos de forma decidida.

Carlos Mulas-Granados es director de la Fundación Ideas y Profesor de Economía de la UCM.

Ilustración de Miguel Ordoñez