José Mansilla

El año 1976, en su libro Tots els barris de Barcelona, los periodistas Jaume Fabre y Josep Maria Huertas Claveria describían, bajo el epígrafe “Nuñez i Navarro ‘construeix’ una nova Barcelona”, como los inquilinos de un inmueble de la calle Aragó, entre Calabria y Rocafort, en su mayoría jubilados, recibieron la siguiente oferta por parte de la inmobiliaria: 3.000 euros por marcharse o 4.500 si querían quedarse alguno de los nuevos pisos que se pondrían a la venta cuando ellos se marcharan. Los periodistas describían el hecho como “muy natural dentro del mercado inmobiliario” y añadían “una manera de actuar que ha sido posible a lo largo de muchos años de tráficos urbanísticos”. Sus quejas, entonces, se dirigían a una administración local franquista con claras y directas vinculaciones con el sector de la construcción de la ciudad. Ahora bien, más de cuarenta años después, y ya en supuesta democracia, ¿en qué punto estamos en la construcción de esta nueva Barcelona?

Solo hace unos años, Inma vivía en un inmueble situado en la calle Torrijos, en el popular barrio de Gràcia. Las mensualidades no eran precisamente bajas, en torno a la media de la ciudad, unos 770 euros por un piso de 70 m2. Era el año 2012 y ya hacía dos años que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero había anunciado el inicio oficial de la crisis con un paquete de medidas y recortes presupuestarios que alcanzaban unos 15.000 millones de euros aproximadamente. Al finalizar ese año, el Producto Interior Bruto (PIB) del Estado español caía un 2,9% y no volvería a recuperarse hasta dos años después. Sin embargo, las dinámicas inmobiliarias especulativas, aunque hibernadas, no habían cesado en ningún momento. Inma acababa de separarse y no le dio tiempo de acceder a una oferta que sí cayó de pleno sobre su ex compañero y todavía residente en el inmueble. Una empresa compraba el edificio completo y le ofrecía no tres mil, sino diez mil euros por abandonar el inmueble antes de la finalización del contrato. Entonces, la Ley Arrendamientos Urbanos establecía un periodo mínimo de duración de éstos de cinco años. Dos más que los actuales tres contemplados en la reforma de 2013 llevada a cabo por el Gobierno popular de Mariano Rajoy. También estaba la posibilidad de comprarlo, pero tal circunstancia ni siquiera se pasaba por la cabeza de su ex, trabajador del sector creativo y constante precario. Así que, como no podía ser de otra manera, éste cogió el dinero y corrió. Inma todavía recuerda como algún amigo suyo sí que llegó a aceptar la oferta y, hoy día, es propietario de su vivienda. En tono irónico lamenta “me quedé sin indemnización, y ahora me la podría inventar un poco”. Todo el proceso transcurrió de forma más o menos indolora tanto para los compradores como para los inquilinos. Ella, por ejemplo, universitaria, votante de partido emergente, treintañera y, digamos, ejemplo de nueva clase media, contaba con un sueldo cercano a los dos mil euros netos en una entidad del tercer sector, lo que le permitió mudarse, sin muchos problemas, a un barrio cercano.

Sin embargo, esto es siempre así, tal y como evidencian casos como el conocido Lancaster 13, en el barrio del Raval, también en Barcelona y ya en la actualidad. Aunque Lancaster 13 saltó a los medios cuando la Regidora del Distrito de Ciutat Vella, Gala Pin, se enfrentó en directo en Els Matins de TV3 al propietario de la inmobiliaria MK Premium, la situación del cocinero Ahmed Shiplu, su hijo de diez años y su mujer embarazada de siete meses ya era conocido por los activistas de la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS). Estos hicieron un llamamiento en las redes el mismo día, 20 de marzo de este mismo año, que los operarios contratados por la empresa entraron en el edificio y comenzaron la realización de una serie de obras sin permiso municipal supuestamente destinadas a amedrantar al último de los vecinos resistentes. Ahmed contaba con un contrato vigente hasta 2019 y no había aceptado las condiciones de los nuevos propietarios para marcharse. Sin embargo, sus limitados ingresos, su necesaria vinculación al barrio –el restaurante donde trabaja se encuentra en el mismo Raval, así como su red social-, y el embarazo de su mujer hacían imposible un cambio tranquilo de vivienda.

Los habitantes de Barcelona están, en los últimos tiempos, demasiado acostumbrados a este tipo de relatos. No solo es que estén presentes en los medios de comunicación, sino que ocurren a cada momento a su alrededor, les tocan de forma cercana. Lo que comenzó como el rumor lejano de unas prácticas que les ocurrían siempre a otros y otras -en Distritos como Nou Barris donde a Ciutat Meridiana, con una renta familiar disponible de 34,5 sobre el 100 que representa la media de la ciudad, se la llegó a conocer como Villa Desahucio-, ha acabado llegando a todos. Nadie está a salvo, todo el mundo conoce a alguien, o a alguien que conoce a alguien, que ha tenido que abandonar su vivienda habitual durante los últimos años ya sea porque, con la caducidad del contrato de alquiler, las mensualidades han subido de forma notoria o bien porque, simplemente, no se les permite renovar el contrato. Algunos, los que se lo pueden permitir, suportan los incrementos de las rentas o buscan, como Inma, en la proximidad de su anterior ubicación, una nueva vivienda que les resulte asequible. Otros, sin embargo, no pueden hacer ni una cosa ni la otra. Sin embargo, la forma en que los afectados, individuos o familias, enfrentan la situación es diferente según el caso y, en la mayoría de las ocasiones, esta diferencia está marcada por su origen social, sus niveles de ingresos y la situación social y económica de los mismos. En definitiva, en función de una clase social que ya no sirve de salvaguarda, como veremos a continuación.

El modus operandi parece ser el siguiente. Las inmobiliarias interesadas localizan un edificio antiguo a poder ser en manos de un solo propietario. No importa si éste contiene aun los inquilinos. Es más, si los contiene, mejor aún pues más bajo puede llegar a ser el precio final de la operación de compraventa. Acto seguido se ofrece a los aún vecinos y vecinas del inmueble una cantidad, escasa en un principio, más alta al final, por abandonar el mismo. Las cuantías de inicio giran en torno a los mil o tres mil euros, pero pueden alcanzar cifras mayores. También se ofrece la posibilidad de comprar la vivienda en la que se habita, aunque, en este caso, la adquisición se realiza según precios del mercado, después de un profundo proceso de rehabilitación que incrementa suculentamente el precio y sin tener en cuenta ningún tipo de romántico derecho adquirido por parte de los inquilinos e inquilinas. Si, aun así, los vecinos y vecinas se niegan a abandonar el inmueble, la empresa compradora puede emplear diversas tácticas para forzar el abandono. Desde comenzar molestas obras en viviendas que sí han sido desalojadas –como en el caso de Ahmed-, hasta cambiar, sin previo aviso, el número de cuenta donde los inquilinos suelen realizar el ingreso de las mensualidades del alquiler, pasando por las coacciones físicas y/o verbales, o llegar a colgar, incluso, un cartel en el balcón de una de las viviendas ya deshabitadas anunciando la disponibilidad de nuevos y flamantes apartamentos con la intención de crear un clima psicológico adverso para que marchen los afectados.

El caso de Pierre es similar al de Inma, aunque con un final menos feliz. Este treintañero francés, informático, tiene el privilegio de poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, esto no le libró de acabar yéndose a vivir a Manresa no hace tanto. Recuerda como, en la casa en la que vivía antes de marcharse, el propietario hacía mobbing a la última vecina que quedaba. Según sus palabras, “quería sacar a todo el mundo, derribar y volver a construir. Su intención era puramente especulativa, un mobbing clásico, sacar a los vecinos y ya”. Aunque el antiguo propietario no logró que la última de sus inquilinas abandonara el edificio, vendiendo el inmueble con el bicho dentro, los que sí lo lograron fueron los nuevos dueños –holandeses- del mismo. Tras un proceso de rehabilitación integral, hoy es habitado, en palabras de Pierre, “por una pareja de irlandeses y gente del norte de Europa con bastante poder adquisitivo”.

Algo similar ocurrió en un par de edificios de la calle Castanys, de nuevo en el Poblenou, frente al mercado del barrio. Rosaura, también ex vecina, recuerda como su amiga Marta, trabajadora social, llevaba años viviendo en el mismo edificio junto a otras familias, algunas de las cuales residían en la misma vivienda desde hacía más de dos décadas. “Veinte familias desesperadas por no irse del barrio, no hay ofertas de alquiler normal, no las sacan”, señala. Maite ha acabado marchándose a un municipio del Maresme, pero todos los casos no acabaron igual, la peor parte se la llevan siempre aquellos más vulnerables. En estos dos inmuebles, el ejemplo más notorio fue el protagonizado por Ramón, un vecino jubilado de 75 años que se vio obligado a abandonar su casa al fallecer su mujer. El contrato de alquiler, a nombre de ella, se dio por finalizado con el deceso, no fue renovado y Ramón tuvo que ir a vivir con alguno de sus hijos.

Los casos descritos son solo un botón de muestra de la realidad de una ciudad que parece no tener la clave para detener la expulsión de sus vecinos y vecinas, algo que ha acabado alcanzando a aquellos y aquellas a los que parecía que esta situación parecía que nunca iba a llegar. El mismo año en el que Fabre y Huertas-Claveria escribían el libro con el que da comienza este artículo, se aprobaba el Plan General Metropolitano (PGM) de Barcelona. Este importante documento urbanístico, todavía parcialmente vigente, señalaba la necesidad de mejorar la calidad ambiental para “permitir el mantenimiento en la comarca de personas y actividades de renta media y elevada”. Después de más de cuarenta años, y ante lo visto, parece necesario plantear una nueva e inquietante pregunta: si, como todo parece indicar, no era a las clases medias, ¿a quién iba dirigida esta nueva Barcelona?