Sònia Farré

Diputada por Barcelona de En Comú Podem

El jueves 29 habrá un antes y un después. Es el día en que el Congreso de los Diputados votará la ratificación del CETA, el segundo de los trámites que el gobierno habrá llevado a esta cámara por iniciativa propia. El primero fue el martes 20 en la comisión de exteriores que no pudo retransmitirse en directo por saturación de comisiones. Evidentemente, esta opacidad al PP le va de perlas; nunca ha querido que este sea un debate público: ni ciudadano ni parlamentario.

El Gobierno se apresuró a firmar el CETA en el consejo de ministros de la UE estando en funciones; cuando en noviembre varios grupos parlamentarios exigíamos un referéndum sobre el tratado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación solicitó un dictamen del Consejo de Estado para ver si se podía saltar las cámaras legislativas y dar luz verde al acuerdo sin más; el registro de la documentación fue incompleto y más tarde en la mesa del congreso PP, Ciudadanos y PSOE intentaron que no se pudiera debatir en el pleno sobre la necesidad de un control previo de constitucionalidad; y al no poder evitarlo, lo fusionaron con el debate de la enmienda a la totalidad para que quedara diluido.

Ha quedado claro que el PP tenía y tiene miedo a que se debata sobre el CETA, porque cuanto más se sabe de este tipo de tratados de libre comercio, más rechazo generan. Prisas, poco ruido y chapuzas con un tratado que empezó a negociarse en 2009 y no se hizo público hasta 2014 y que no es el único: al más conocido TTIP, deberemos sumarle, por ejemplo, el JEFTA con Japón y del que se acaban de filtrar la documentación y que confirma de nuevo que estos tratados se negocian de espaldas a la ciudadanía.

El objetivo principal de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) es eliminar las «barreras no arancelarias», esto es las leyes y los reglamentos que durante años se han construido para limitar el poder corporativo y favorecer políticas y servicios sociales y medioambientales. El CETA es uno de esos tratados que establecen tribunales de arbitraje que pueden convertir en papel mojado las propias leyes, este fue el principal obstáculo que llevó a Paul Magnette, presidente socialista de Valonia, a negarse a ratificar el CETA, que no permite que los gobiernos legislen libremente por el interés público.

Entonces, ¿porqué tanto interés por el tratado con Canadá? Los argumentos que en general se han esgrimido para defenderlo son básicamente dos: que Canadá es un socio importante y que el comercio genera puestos de trabajo y es bueno para la economía. Sin embargo, para el estado español, Canadá no es más que un socio residual que apenas llega al 0,5% de las exportaciones españolas. Y tampoco es cierto el segundo argumento: son las PyMEs y los autónomos los que generan el 70% de los puestos de trabajo y serán unos de los grandes perjudicados al tener que competir con las grandes multinacionales a las que los TLCs benefician. Tampoco se sostiene que mejorarán la economía, ya tenemos experiencia en recetas neoliberales: la excusa de la deuda ha servido en la última década para imponernos austeridad, asumir las deudas de la banca privada, privatizar y precarizar servicios y restarnos derechos laborales y sociales. Ya sabemos el resultado: mientras el PP afirma que la situación económica mejora, nos encontramos con una sociedad más empobrecida y más precaria donde, eso sí, los ricos son más ricos. Los TLCs no son más que un nuevo mecanismo de aplicación de ese mismo neoliberalismo. Sindicatos, asociaciones ecologistas, feministas, jueces, PyMEs se han organizado hace algunos años en la campaña No Al TTIP para alertar de los peligros que acarrea el CETA. Incluso se han conocido reticencias dentro del Consejo General del Poder Judicial en esta última semana.

Evidentemente, la sostenibilidad de la vida o el respeto a los límites planetarios no están en los valores que guían el CETA. A menudo se apela a la Declaración conjunta entre Canadá y Alemania para justificar que se respetan los derechos laborales o medioambientales, pero esta y las demás declaraciones añadidas al tratado -tal y como nos respondió el gobierno a una pregunta parlamentaria en noviembre- son declaraciones políticas, interpretaciones del tratado, pero aquello que es vinculante y lo que se aplicará es el CETA, no sus declaraciones, por lo tanto.

Ante este panorama, ya conocíamos de lo absurdo que es que partidos como el PP y el PdCat digan defender la soberanía nacional pero no duden en regalarsela a las multinacionales que les esperan con la puerta giratoria abierta cuando se "jubilen" de la política. Es especialmente singular el caso de PDCat que se declara soberanista, pero que se abstuvo en la moción de censura contra el PP, votó contra los estibadores y ahora se colmará de gloria ratificando un tratado que cede competencias reguladoras básicas a organismos ni elegidos ni fiscalizables que confieren derechos extraordinarios a inversores extranjeros, cercenando la capacidad de los poderes públicos para ordenar sectores económicos fundamentales.

Afortunadamente, el PSOE ha anunciado un cambio de posición respecto al CETA. Tampoco es nada nuevo que haya debate interno al respecto porque ya se conocían posiciones diversas en ayuntamientos y parlamentos del estado y del resto de Europa. Es positivo para que podamos trabajar por un proyecto europeo que tenga como pilares los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible: un proyecto europeo que ponga la vida en el centro y deje de buscar terceros países que solucionen una crisis de desplazamientos global como si no fuera con nosotras y deje de imponer austeridad a las clases populares.

Sin embargo, Pedro Sánchez ha afirmado que se abstendrán y eso no es una buena noticia. No es no, y abstenerse es declarar que tiene luz verde. Cristina Narbona afirmó en su cuenta de Twitter que no apoyarían el tratado porque no es de izquierdas, y tiene razón, no lo es. Aquí no cabe una abstención: para partidos que declaran no ser de izquierdas ni de derechas ya teníamos a Ciudadanos. Para construir una alternativa al PP hace falta un PSOE valiente, capaz de decir alto y claro que NO es NO.