Por Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona.

Con cierta periodicidad previsible, la banca y las compañías de seguros y pensiones privadas se movilizan para promover la cercana inviabilidad de las pensiones públicas, aconsejando a la población que sea rápida en adquirir un aseguramiento privado que le garantice una pensión cuando se jubile, porque la pensión pública no le será suficiente. La última campaña es la iniciada por el gobernador del Banco de España, el Sr. Luis María Linde, que explícitamente y sin rubor o reparo ha dicho que el ciudadano español debería compensar su pensión pública con una privada, debido a que “el sistema público llevará inexorablemente a la reducción de las pensiones en el futuro”. Y toda una lista de supuestos “expertos”, incluidos catedráticos de economía próximos a la banca y/o miembros del gobierno del Banco de España, añadirán su servil y dócil voz a este mensaje. Y economistas de sensibilidad neoliberal, del partido liberal catalán gobernante en la Generalitat de Catalunya, han también enfatizado este mensaje a través de los medios públicos de la Generalitat (TV3 y Catalunya Ràdio) mediante sus programas económicos y tertulias. Un tanto semejante ha ocurrido con economistas del Partido Popular (PP), que lo han hecho a través de los medios públicos controlados por el gobierno del este partido, como es el caso de TVE.

Y todos ellos, como prueba de la insolvencia del sistema público de pensiones, han señalado la rápida desaparición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se estableció en el año 2000 precisamente para poder cubrir los déficits creados en la caja en su pago de las pensiones. El gobierno Rajoy ha ido gastando este fondo, reduciendo su global nada menos que un 38%, atribuyendo la necesidad de recurrir a estas reservas al crecimiento de la población anciana y al aumento de la esperanza de vida.

Esta argumentación, sin embargo, es falsa, pues la creciente demanda hacia el fondo de reserva se debe primordialmente a la situación desastrosa del mercado laboral, que, al aumentar el paro y la precariedad, y al descender los salarios (como está aconsejando el Sr. Luis María Linde), implica unas cotizaciones mucho más bajas y un número de cotizantes mucho menor, con el consiguiente descenso de los ingresos al sistema público de pensiones. En realidad, las políticas de austeridad (vivamente promocionadas por la banca y otras secciones del capital financiero, así como por los partidos liberales, socioliberales y conservadores) han sido una de las mayores causas del deterioro de la financiación de las pensiones públicas, debido al impacto negativo que han tenido en el crecimiento económico y al deterioro tan acentuado de los salarios y en el número de asalariados, causas todas ellas de los menores ingresos a la Seguridad Social.

Las bajas pensiones públicas en España

Aquellas voces neoliberales constantemente acentúan que las pensiones españolas son excesivas en su generosidad y en su cobertura. Y como prueba de todo ello, señalan que la tasa de remplazo es de las más elevadas en la Unión Europea (el 94% del último salario obtenido), sin citar, sin embargo, que los salarios son mucho más bajos en España, con lo cual, los ingresos netos de los pensionistas son mucho menores.

Y estos ingresos han ido descendiendo como resultado de una serie de cambios que apenas han tenido visibilidad mediática. Uno de ellos es el hecho de desligar el crecimiento de las pensiones del crecimiento de la inflación, cambio casi único en los países de la UE. Así, se predice que los precios en 2015 subirán un 1,3%, y puesto que el crecimiento de las pensiones será solo de un 0,25%, ello significa que el pensionista verá reducida la capacidad adquisitiva de su pensión en un 1,05% (1,3 – 0,25), reduciéndose todavía más las pensiones. En España, un 55% de las pensiones se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

Y para reducirlas todavía más, la edad de jubilación a partir del 1 de enero de 2014 se irá atrasando para pasar de 65 a 67 años en 2027, aumentando también el tiempo necesario para poder adquirir toda la pensión (pasando de 35 a 37 años). Y, por si fuera poco, el número de años que se utilizan para calcular la pensión habrá pasado de 15 a 25 años en 2022.

Todas estas medidas han supuesto una enorme reducción de los beneficios de las pensiones públicas, forzadas todas ellas a disminuir su valor para que la población vaya corriendo a complementar su pensión pública con una privada proveída por la banca. Todo ello ha ido ocurriendo en un contexto en el que las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales han ido disminuyendo, mientras que las rentas del capital (y muy en especial del capital financiero) han ido aumentando. Si ello no hubiera ocurrido, y las rentas del trabajo hubieran sido las que hubieran ido aumentando, en lugar de continuar descendiendo, las pensiones (cuyos fondos provienen de dichas rentas del trabajo) no tendrían ningún (repito, ningún) problema de viabilidad. En realidad, el enorme crecimiento de las desigualdades (con un crecimiento de las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo, y con un crecimiento de las rentas superiores – cuyas cotizaciones a la Seguridad Social son proporcionalmente menores – a costa de las rentas medianas y bajas – que cotizan más a la Seguridad Social) es la mayor causa de que la sostenibilidad de las pensiones públicas haya disminuido. Y de ello, señor lector, usted no ha oído ni pío en los mayores medios de información.