Las palabras del líder de Vox en la investidura del nuevo presidente argentino, Javier Milei, no son fruto de ningún calentón ni de una tarde regada en coñac. “Habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies”, dijo sobre el presidente español, Pedro Sánchez. Es parte de su retórica de canallita fascista que surfea como nadie en los límites de la libertad de expresión, esa que se ensancha cuando el emisor es él y los suyos, y que se estrecha cuando un tuitero rojeras sugiere algo parecido sobre este ultraderechista o los de su calaña.

Lo que Vox perdió en las elecciones del 23J, pasando de 52 a 33 diputados, lo intenta ganar ahora en exposición mediática y callejera con sus constantes llamadas de atención pegando tiros al aire. Primero con las algaradas ante las sedes del PSOE, donde pretendió capitalizar la protesta sin atreverse a reivindicar a toda la masa una vez aparecieron las esvásticas y los cohetes contra la policía. Y lo intenta a la vez con sus discursos incendiarios, provocadores, pisando la línea de la amenaza y de la apología de la violencia, asegurándose así presencia en todos los medios y un desmarque del PP, de esa ‘derechita cobarde’ que le ha regalado varios puestos en las instituciones para que apoyen sus gobiernos.

El vómito de odio de Abascal contra Pedro Sánchez se ha convertido en un debate nacional, y hay quien dice que se han traspasado todas las líneas rojas. Esto evidencia que, hasta ahora, cuando esos odios iban dirigidos contra colectivos y personas mucho más vulnerables que el presidente, no eran tan graves, pues no hubo una crítica generalizada como hoy, y muchos de los que se rasgan ahora las vestiduras enmarcaban todo aquello en la libertad de expresión.

Vox es el bullying disfrazado de política, el abusón de colegio que busca llamar la atención denigrando a los demás y que llora y se chiva cuando alguien le mete un guantazo. Porque no son pocos los denunciados por el partido ultraderechista por supuestos delitos de odio cuando han profesado comentarios semejantes o incluso más tibios que este, o se han manifestado contra ellos. Vox se ha dedicado desde hace años a tratar de silenciar cualquier crítica señalando a quien lo expone, a victimizarse ante cualquier insulto o cualquier respuesta a su habitual discurso de odio y sus constantes provocaciones. Es el machito herido que golpea inmisericorde al más débil y se hace la víctima cuando lo ponen en su sitio.

Solo en el País Valenciano, hay varios imputados por manifestarse contra Vox. El pasado mes de abril, un activista antifascista de Castelló fue condenado a ocho meses de prisión porque la policía dice que colgó un muñeco de Abascal de un árbol, y que sus huellas estaban en un trozo de celo. No hubo más pruebas, aunque ese celo que aportó la policía como prueba pudiese haber sido arrancado de cualquier otro lugar sin que el condenado tuviese nada que ver con la confección y colocación del muñeco. Otras activistas feministas de la misma ciudad han sido juzgadas por una pintada con la cara de Abascal con un punto rojo en la frente. Les pedían más de tres años de prisión. Otros cuatro antifascistas se enfrentan a una petición de siete años de cárcel por protestar contra un acto de Vox en la universidad de Alacant. Los casos similares en el resto de territorio son incontables. Y aunque no todos acaben en condena, la mayoría de ellos son procesados como delitos de odio, y tienen como objetivo criminalizar, perseguir y desactivar a las izquierdas que plantan cara a los profesionales del odio.

Para ello ha usado y exprimido la legislación de delitos de odio, aquella que se vendió como una herramienta para proteger a los colectivos vulnerables, las habituales víctimas de estos discursos y de las agresiones motivadas por el odio. Pero los discursos racistas, LGTBIfóbicos y machistas campan impunes. Hasta ahora no había un partido que lo llevase a los grandes medios, a las tribunas políticas y a las instituciones. Eran los cuatro nazis hiperventilados en sus redes y en sus convocatorias, cuatro fachas que se venían arriba contra los más vulnerables. Se luchó para superar tanta indolencia institucional ante las víctimas de los delitos y discursos de odio, y por fin llegó esa legislación. Sin embargo, no tardó en convertirse en un instrumento más de censura de la disidencia, en un arma en manos de policías, jueces y fiscales que, amparados por las desafortunadas circulares de la Fiscalía reconociendo a los nazis como posibles víctimas de delitos de odio, y por la habitual equidistancia donde se sitúan quienes consideran racismo y antirracismo dos extremos radicales, la convirtió en un bumerán.

Son incontables las veces que la ultraderecha se ha dedicado a denunciar por delitos de odio a la izquierda. HazteOir lo intentó con un activista LGTBI que protestaba contra su autobús tránsfobo. Vox lo ha hecho con todo aquél que se le ha cruzado en su camino, y hasta conocidos neonazis se sirven de esta ley para acusar a los antifascistas de actuar contra ellos motivados por el odio a los nazis. La ley sirvió también para considerar algunas críticas o insultos a la policía como delito de odio. Se intentó con el caso de los jóvenes de Altsasu, pero no cuajó. Y se ha intentado en otros tantos casos, con nuevos inventos para el repertorio victimista de quien suele ser victimario.

El PSOE anunció que denunciará las palabras de Abascal y las protestas en Ferraz a la Fiscalía. Dudo mucho que prospere, y más aún que acabe en condena. Es más, si así fuera, Abascal ganará también. Se presentará como una víctima de la corrección política y de la dictadura de Pedro Sánchez, que no respeta la libertad de expresión y que teme a Vox. Además, sería bastante inédita una condena, pues son incontables las denuncias contra este tipo de mensajes y de actos ultraderechistas que durante años han sido archivadas, también contra Vox, amparándose siempre en la libertad de expresión. Que ahora el PSOE decida judicializar esto mientras los colectivos que son las habituales víctimas de estos discursos ven cómo contra ellos queda todo siempre impune, solo hace que contribuir a la banalización de esta figura legal. Veremos si la condición de presidente y partido de Gobierno les otorga más suerte que a los colectivos que llevan años siendo señalados y acechados por la ultraderecha.