En todos los malos momentos, en todas las crisis y emergencias, sean estas de la naturaleza que sean, hay oportunidades que no se pueden dejar escapar y debemos actuar en consecuencia. Una de las oportunidades más claras que está dejando esta pandemia es la de poder poner fin, o al menos mejorar sustancialmente, una de las leyes más injustas que actualmente tenemos en España y que no es otra que la Ley de Extranjería.

La oportunidad es obvia y, sobre todo, justa. Tratar a las personas migrantes que viven entre nosotras como ciudadanas de pleno derecho, permitirles trabajar de manera legal y por lo tanto con todas las garantías laborales de la que gozamos las personas ‘nacionales’.

Aprovechemos la oportunidad de contar con personas que están deseando trabajar y que además lo están deseando sin tener que sufrir ninguna traba legal. Desde profesionales universitarios altamente cualificados hasta las personas que recogen las hortalizas o la fruta en nuestros campos, las que cuidan a peques y a nuestros mayores en estos tiempos de zozobra o aquellas que todavía están estudiando y solo desean acabar sus estudios para poder labrarse un futuro esperanzador.

Actualmente, en España es imposible trabajar de manera legal para una persona migrante que llega al país, aunque tenga una oferta de trabajo, si al menos no lleva dos o tres años de residencia, algo que atenta contra derechos humanos elementales pero sobre todo atenta contra la aplicación del sentido común, en un país en, donde no nos engañemos, decenas de miles de trabajos solo son aceptados por personas de origen migrante.

En el caso de las personas que solicitan asilo es todavía más cruel y, permítanme que lo expresé, estrambótico. Al solicitar asilo, a los seis meses puede obtener permiso de residencia y trabajo, pero si al final su solicitud de asilo es denegada (cuatro de cada cinco casos en España), aunque esté ya trabajando, pierde su permiso, evidentemente el trabajo, y vuelve al estatus de persona “irregular”. Estrambótico como señalaba antes porque una persona que se encuentra ya integrada después de haber pasado por un duro proceso de guerra, persecución y violencia se ve privada de sus derechos de la noche a la mañana y una empresa local de un trabajador o trabajadora.

Las medidas que ha puesto el Gobierno de España permitiendo trabajar a personas migrantes sin título homologado en el ámbito sociosanitario y sin permiso de trabajo en las tareas agrícolas, son apenas un pequeño gesto, totalmente insuficiente pero que al menos abre una puerta que hasta el momento estaba herméticamente cerrada.

Son muchas las organizaciones y personas que piden una apertura total de esa puerta y que se regularice a todas las personas migrantes que ya viven entre nosotras, no solo en Navarra y en el Estado español sino en toda Europa.

Me sumo sin dudarlo a esa petición, a título individual, pero también como Directora General de Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra. Desde las instituciones tenemos la obligación de garantizar los derechos de todas las personas y los derechos de las personas migrantes dependen de un permiso de residencia y trabajo.

Sigamos la estela que nos ha marcado Portugal y a la que se ha sumado también Italia en los últimos días. Volvamos a sentir orgullo de sentirnos europeas, la Europa mestiza, progresista e intercultural que se enfrentará y derrotará al nacionalismo xenófobo de la ultraderecha.

Aprovechemos esta oportunidad, seamos realmente tierra de acogida y de garantía de derechos.