JOAN SAURA

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el PP contra el Estatut de Autonomía de Catalunya responde a una idea de fondo claramente política: el Estado de las autonomías ha llegado demasiado lejos. Con la sentencia, el autogobierno pierde garantías jurídicas a favor del poder de decisión unilateral del Estado. España es un Estado compuesto y descentralizado sí, pero, a diferencia de los Estados federales, no existen dos áreas competenciales precisas, la del Estado y la de los Estados federados, con plenas garantías jurídicas para cada ámbito, sino un modelo de descentralización en el cual el Estado, a través de su capacidad normativa o de su capacidad de gasto, interviene en prácticamente todos los ámbitos, vaciando de contenido político el autogobierno.

No sólo no se avanza en el reconocimiento de la diversidad nacional de España sino que se ponen todo tipo de obstáculos y prevenciones para evitar reconocer lo que para la mayoría de la sociedad catalana es una evidencia: que somos una nación.

Sin duda, la sentencia ha provocado en Catalunya el rechazo de la mayoría de la sociedad catalana. El Gobierno debería desechar la idea de que después de las elecciones todo volverá a la normalidad. La sentencia culmina un proceso de desafección o de desapego de una parte importante de la ciudadanía en relación a España. El president de la Generalitat lo ha ido advirtiendo estos últimos años. Sin duda la derecha española, el PP, ha contribuido a ello, siendo el mejor aliado de los que plantean la ruptura con el Estado. Pero también ha sido un factor importante la falta de modelo de Estado del PSOE, la falta de una idea de España distinta, de un proyecto desacomplejadamente federal que asumiera el carácter de España como nación de naciones.

Ahora ya no valen las palabras huecas ni los buenos deseos sin compromisos políticos concretos, a los que es tan aficionado el presidente del Gobierno. El Estado tiene un grave problema, no sólo Catalunya: una parte importante de la sociedad catalana, con los matices que se quieran, se siente al margen de la Constitución.

El catalanismo tiene ante sí un dilema histórico. La sentencia pone en cuestión la estrategia seguida estos últimos 30 años: desarrollar el autogobierno realizando una lectura autonomista y federalizante de la Constitución. El Estatut fue la culminación de esta estrategia.

Más allá de las legítimas opciones de cada fuerza política, lo fundamental ahora es definir unos objetivos en el corto y medio plazo que puedan ser compartidos por una amplia mayoría de la sociedad catalana. La firmeza en la defensa del autogobierno y la unidad social y política son una necesidad objetiva para que el autogobierno de Catalunya no quede reducido a una autonomía administrativa sin contenido político, para evitar la frustración y el riesgo de la polarización social.

En mi opinión, existe un mínimo común denominador de todas las fuerzas catalanistas, al menos en el corto plazo: exigir la recuperación de todo el Estatut. Exigir el cumplimiento de lo que Catalunya y el Estado pactaron y la ciudadanía votó en referéndum. Para ello se pueden poner en marcha los distintos mecanismos jurídicos y políticos que estos días ya se han dado a conocer. Es cierto que esto no supone el restablecimiento de las garantías estatutarias perdidas, pero sería un error renunciar a todos los avances posibles. Mientras nos enzarzamos en polémicas estériles el Gobierno del Estado lo tiene fácil para eludir compromisos concretos y con calendario, facilitando su estrategia de pasar página rápidamente al episodio del Estatut.

Pero es evidente que recuperar lo logrado en el Estatut, al menos con plenas garantías jurídicas, y acomodar la diversidad nacional y lingüística de España sólo es posible con la reforma de la Constitución, con un pacto federal que reconozca la plurinacionalidad del Estado. Este es el único camino para recuperar el maltrecho pacto constitucional.

Se me dirá que en el resto de España no hay federalistas, que no hay con quién federarse o que una reforma constitucional no es posible sin el acuerdo del PP. En España nunca se ha realizado un debate en profundidad sobre el federalismo. Quizás no hay muchos partidarios del federalismo en estos momentos, pero sí muchos demócratas dispuestos a escuchar, que ven con preocupación la falta de encaje de Catalunya en España que ha puesto en evidencia la sentencia. Tampoco a finales del franquismo había autonomistas, con la excepción de Catalunya y Euskadi. En cualquier caso, otras fórmulas como la independencia no parecen disfrutar precisamente de un mayor grado de viabilidad, al menos por el momento.

La cuestión es que, en democracia, el Estado no puede hacer oídos sordos a las demandas de la mayoría de la sociedad de una parte de su propio territorio, sin riesgo a un largo periodo de inestabilidad. Como en otros países con conflictos territoriales, al final se impone la necesidad de negociar por imperativo democrático.

Creo que es necesario transitar por este camino porque este es suficientemente amplio para ser recorrido por autonomistas, federalistas, soberanistas o independentistas gradualistas que entienden que sólo es posible avanzar con un alto grado de cohesión social, con el apoyo de una amplia y plural mayoría de la sociedad. Y porque, además, es el proyecto que nos permite dialogar con todos los demócratas y progresistas del conjunto de España que entienden que tenemos –todos– un problema.

La sociedad catalana quiere autogobernarse, quiere decidir sobre su destino como país, con negociación y pacto, pero sin imposiciones. Por tanto, nuestra responsabilidad en estos momentos es defender la decisión que tomó la ciudadanía de Catalunya en el referéndum que aprobó el Estatut.

Joan Saura es Conseller de interior, relaciones institucionales y participación y presidente de ICV

Ilustración de Miguel Ordóñez