El 13 de febrero se celebran comicios electorales en Castilla y León. El gobierno del PP convoca elecciones sin cumplir ni con las promesas electorales ni con el programa con el que se presentaron en 2019. Las elecciones anticipadas en Castilla y León son fruto de una fantasía de cálculo electoral y de la inestabilidad generada por los dirigentes del gobierno autonómico, no son el resultado de valorar qué es lo que más le conviene a la ciudadanía castellana y leonesa.

Durante el año 2022 todos los indicadores económicos prevén crecimiento. La financiación europea llega para ser ejecutada de manera que las inversiones desde lo público impulsen la recuperación. Este año requiere del esfuerzo de todas las administraciones para empujar en el ámbito de sus competencias, que en el caso de las CCAA están muy vinculadas al empleo y el estado del bienestar. La ruptura del Gobierno autonómico puede comprometer la recuperación.

Este contexto socioeconómico hace inapropiada la convocatoria de elecciones, pero además es muy preocupante la presunta estrategia del PP de Castilla y León, mostrada con infinidad de gestos políticos, respecto a con quién alcanzar una mayoría si así se lo permitiesen los resultados.

Casado ha coqueteado en exceso con la ultraderecha, nunca se ha negado en rotundo a los pactos con VOX. A diferencia de lo que sí han hecho en la misma situación que el PP los partidos conservadores en Europa, demostrando así que conocen bien el riesgo que tiene para sus democracias el auge de la ultraderecha.

En un país democrático se permite pensar como se quiera. Faltaría más. Y construir en base a lo que se piensa un sistema de ideas, una ideología. En los amplios marcos legales permitidos por las constituciones democráticas, las formaciones políticas pueden albergar las ideologías del más amplio espectro de izquierda a derecha, y con muy distintas posiciones en relación a la administración de lo territorial. Así, la democracia española aboga por la convivencia de partidos nacionalistas, independentistas, regionalistas o europeístas; la pluralidad es un valor de nuestra Constitución.

Sin embargo, es paradójico que la ultraderecha sea un “caballo de Troya” de la Democracia. Vox utiliza los mecanismos habilitados por la democracia para acabar con el sistema democrático, de tal manera que la propia democracia se deteriora con los posicionamientos de ultraderecha que rechazan la pluralidad e insultan los valores de igualdad, justicia social y libertad.

La sociedad española ya conoce a la ultraderecha. Durante casi 40 años España sufrió una dictadura de ultraderecha. Vox no solo defiende un modelo ultraconservador de familia y de costumbres, sino que también justifica la discriminación, la exclusión e incluso la violencia, como en el caso de la violencia contra las mujeres.

A aquellos que alegan que la izquierda también pacta con la extrema izquierda es importante recordarles que esa comparación es una falacia. La extrema derecha no es lo mismo que la extrema izquierda en España. No lo es. La extrema derecha manifiesta, por ejemplo, un comportamiento abiertamente discriminatorio hacia las personas inmigrantes, niega la violencia de género y propone medidas represivas para las personas homosexuales. La extrema izquierda en España defiende una política social igualitaria, defiende los derechos humanos y su modelo económico es legítimo.

Lo que nos jugamos en las elecciones de Castilla y León es que el PP haga vicepresidente a un candidato de ultraderecha. Tras el fracaso de Ciudadanos, los aliados del PP en su espectro ideológico se agotan y por lo tanto votar a un PP que no renuncia a Vox hace muy posible un Gobierno con la ultraderecha. Y sí, el candidato es un fiel militante de Vox, que ha expresado en redes sociales su racismo, su machismo y su homofobia.

García-Gallardo Frings no solo contribuiría a un deterioro de los valores democráticos sino también a impulsar políticas económicas y laborales en Castilla y León que perpetúan la desigualdad y desmantelan el estado del bienestar. Todo ello frenando el desarrollo de una Comunidad Autónoma que necesita más que nunca de las políticas públicas que está edificando el Gobierno progresista de España liderado por Pedro Sánchez: una reforma laboral que incide en la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y dota de mayor valor la negociación colectiva, un acuerdo sobre las pensiones para incrementarlas conforme al IPC o la ratificación de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género para proteger a las mujeres de la violencia que sufrimos.

Un partido conservador en España es un reflejo de una parte de la sociedad española, por lo que en una democracia representativa como la nuestra su presencia es importante. Sin embargo, un partido conservador que aúpa a la ultraderecha pone en riesgo a las instituciones.

Frente a esta realidad que representa en este momento el PP de Casado y Mañueco, el proyecto socialista para Castilla y León de Luis Tudanca es una gran oportunidad, un proyecto que ensalza la decencia política y la esperanza.