De las palabras a los hechos, una justicia con justicia

Mauricio Valiente Ots

Portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Justicia de la Asamblea de Madrid

La Administración de Justicia es una de las piezas que se ha cobrado la política de recortes aplicada por el PP, en este caso en la Comunidad de Madrid. Con un agravante, los más desprotegidos, entre ellos las mujeres que sufren la violencia de género son quienes más acusan estos tijeretazos a su seguridad.

Ya en la sesión de investidura de la electa pero no practicante Esperanza Aguirre, la entonces lideresa insinuó la pretensión de devolver competencias al Estado Central ante el gasto que suponían para las arcas de la Comunidad, servicios esenciales como la protección de las mujeres.

Aguirre encargó un informe a medida, que se hizo público hace un año, con tanto ruido de fondo como ausencia de soluciones para los problemas de la Justicia madrileña.

La victoria del PP en las elecciones generales y las medidas del “moderno y tolerante” ministro Alberto Ruiz Gallardón aplacaron los ánimos del Gobierno regional, superando las expectativas de la derecha más ultramontana. Ha recortado y restringido derechos con una ley de tasas judiciales que es el mayor atentado contra el derecho de los ciudadanos de acceder a la justicia de todo el periodo democrático.

Después de que Esperanza Aguirre dejara su cargo entre sospechas, Ignacio González y Salvador Victoria no han variado esa política ni un ápice. Despiden al personal interino y desatienden las instalaciones de los juzgados madrileños, que ya eran administraciones saturadas y colapsadas, y ahora, con estos recortes, se termina de lacerar el derecho a una justicia gratuita e igual para todos los ciudadanos y ciudadanas. La ley puede establecer principios de funcionamiento con los que cualquiera estaría de acuerdo, puede decir que el imperio de la ley y la imparcialidad de la justicia es para todos por igual, pero no necesitamos solo palabras bonitas, queremos un acceso efectivo a esos derechos, todo lo demás es papel mojado.

Desde Izquierda Unida hemos denunciado en innumerables ocasiones las políticas que nos impone la Troika, porque nos hunden en la recesión, generan sufrimiento y hurtan la legitimidad democrática para depositarla en las entidades bancarias. Los recortes afectan a servicios de los que dependen la vida y la integridad de los madrileños y madrileñas. Este es el caso de los servicios de guardia de los juzgados de Violencia Sobre la Mujer de Madrid.

En la actualidad, los equipos psicosociales que atienden en estos juzgados, no cuentan en sus servicios de guardia con la totalidad de su plantilla, ya que se excluye al psicólogo y al trabajador social forense. Esta ausencia repercute de manera significativa en la atención prestada y en la eficacia del servicio, porque, como cualquiera puede concluir, los maltratadores no dejan de actuar los fines de semana y festivos, lo que supone un funcionamiento incompleto en los sistemas de protección desarrollados a favor de un colectivo tan vulnerable como son las víctimas de violencia de género, ya sean adultas o menores de edad.

Carece de lógica y de justicia que a un Juzgado de Violencia Sobre la Mujer se le prive del desempeño profesional por parte de los psicólogos y trabajadores sociales forenses, precisamente cuando más carga judicial tiene y más rápida debe ser la respuesta que requieren las mujeres maltratadas y sus hijos.

La necesidad de que este servicio sea atendido de forma integral durante las guardias ha sido defendido de forma unánime por el Consejo General del Poder Judicial, el decano de los Juzgados de Madrid, los magistrados y secretarios destinados a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, junto a los sindicatos y las organizaciones feministas.

Por todo lo anterior desde Izquierda Unida hemos presentado una proposición no de ley para que el Gobierno regional tome medidas urgentes y permita el correcto funcionamiento de estos servicios que se debatirá en la Comisión de Justicia y Presidencia de la Asamblea de Madrid el martes 5 de marzo.

Cada 8 de marzo la retórica de las declaraciones y los actos oficiales no dejan de insistir sobre la importancia de combatir la violencia sobre la mujer. Ya es hora de dejarse de palabras y pasar a los hechos. La lógica de los recortes no puede sobreponerse a la lógica de la protección y los derechos más esenciales. ¡El PP de Madrid tiene la palabra!