Es urgente que todas las administraciones públicas aumenten las políticas sociales y fiscales para redistribuir la riqueza, reducir la desigualdad social y erradicar la pobreza.

La pandemia ha provocado un incremento considerable de la pobreza y de la desigualdad social en todo el mundo. En la Unión Europea, "ha aumentado la pobreza" y ha evidenciado "las vulnerabilidades sociales y sanitarias en Europa" como ha reconocida la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Efectivamente, en Europa la desigualdad entre países ha aumentado entre un 2,5 % y un 4 %, mientras que la desigualdad dentro de los países ha crecido entre un 5 % y un 12,1 %, según los datos de la Universidad de Oxford y de la Universidad Complutense de Madrid.

Por desgracia, en España la situación no es distinta. Así queda atestiguado en el estudio presentado por Funcas que hay que leer con detenimiento. En esta investigación, se muestra que más de nueve millones de individuos, equivalente a una de cada cinco personas en nuestro país, se encuentran en riesgo de pobreza.

Un síntoma representativo de esta vulnerabilidad social, que debe preocuparnos, es el aumento de actuación de ONGs como Cruz Roja, la Federación Española de Bancos de Alimentos o Cáritas que están siendo desbordadas en algunas comunidades por el contexto sociosanitario generado por la pandemia y que ha incrementado su actuación entre un 40% y un 60% en los primeros 6 meses de la pandemia. La labor de estas ONGs es muy importante, pero en ningún caso puede sustituir la responsabilidad del Estado central y del resto de administraciones públicas autonómicas y locales. No podemos solucionar esta situación con caridad sino con justicia social y mejora de los servicios públicos.

Sin embargo, la situación parece no acabar aquí, existen 2,2 millones de empleos vulnerables en empresas con elevada deuda, sobre todo en los sectores más afectados por la pandemia, “cuyo mantenimiento solo será posible si estas empresas en hibernación pueden reactivarse”, según el citado informe.

La pandemia es una tragedia mundial pero no está afectando a todos por igual, está embistiendo principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, como hemos comprobado, por ejemplo, con las residencias de nuestros mayores o con los estudiantes sin recursos afectados por la brecha digital. Por tanto, es también una cuestión de clase: los trabajadores, los parados y el resto de sectores populares y sus familias son los principales afectados por esta crisis sociosanitaria.

De hecho, sabemos que las personas de clase social baja o en riesgo de exclusión social tienen más posibilidades de ser afectados gravemente por el propio Covid. En primer lugar su condición socioeconómica les lleva a compartir hábitats frecuentemente con otras personas, aumentando así el riesgo de contagio. En segundo término, tienden a utilizar medios de transporte públicos donde el virus es más fácil de transmitir. Y por último, las personas en situación de riego de pobreza tienen hasta dos o tres veces más probabilidad de padecer enfermedades crónicas, como diabetes y obesidad, que las personas de clases sociales más altas, predisponiéndolas a estas a una situación de mayor vulnerabilidad y a consecuencias más graves si contraen el virus.

Por todo esto, es necesario y urgente que todas las administraciones públicas españolas aúnen todos sus esfuerzos para elaborar políticas sociales y fiscales que tengan como objetivos la redistribución de la riqueza, la reducción de la desigualdad social y la erradicación de la pobreza. Para superar esta crisis social y sanitaria los servicios sociales y la protección a las personas más vulnerables deben ser lo primero.