Un año de pandemia. Un año de muertes, ambulancias y mascarillas. Un año de nuevas normas y costumbres, de preocupaciones que antes no estaban al alcance de la mayoría de nosotros y nosotras. Y, sin embargo, un año en el que se ha asentado un legado que no es nuevo, solo más extremo después de esta emergencia sanitaria. Un legado de políticas divisivas y destructivas que ha puesto al descubierto grandes desigualdades, discriminaciones y opresiones, especialmente para las minorías étnicas, las personas refugiadas, las de edad avanzada o las mujeres. Y que ha dejado desamparadas a quienes luchaban contra la pandemia desde más “cerca” y con menos “armas”, el personal sanitario; y ha desatendido a quienes más lo necesitaban, los y las trabajadoras migrantes o las personas empleadas en el sector informal.

Un año de héroes y heroínas que se niegan a llamarse así a pesar de haber luchado contra un virus sin la protección adecuada; y de villanos que se escudan en la emergencia sanitaria pero que muestran, sin quererlo, su verdadero rostro: el de líderes más interesados en seguir reprimiendo la disidencia o la protesta, y afianzar su poder, que en proteger a su población. Olvidando, además, que los intereses nacionales no deben prevalecer sobre la cooperación internacional, especialmente en momentos de necesidad global extrema.

Ahora mismo el debate está en quién tiene acceso a la vacuna contra la Covid-19, cuándo y a qué precio son algunas de las cuestiones más importantes y controvertidas que resolver. Pero las respuestas vienen determinadas por los intereses de los Estados poderosos y grandes empresas. Los países ricos han comprado más de la mitad del suministro de vacunas del mundo, aunque representan sólo el 16% de la población mundial.

Los mismos países han administrado hasta ahora más del 75% de las dosis del mundo, mientras que decenas de países no han vacunado todavía a ni a una sola persona. Se ha gastado el dinero de miles de millones de contribuyentes en ayudas a empresas como AstraZeneca, Moderna y Pfizer BioNTech para que desarrollen y produzcan vacunas, pero estas empresas —y otras— se niegan a compartir sus investigaciones, conocimientos y tecnologías. Esto significa que otras empresas farmacéuticas no pueden hacer uso de estos avances científicos para aumentar su propia producción de vacunas, lo cual incrementaría a su vez el suministro y las haría accesibles a países con menos presupuesto.

Este escenario que describimos en el informe anual no es una enumeración teórica de sucesos, son historias cotidianas que afectan a las personas.

Las mujeres, como siempre

Nuestro informe subraya cómo se ha producido un aumento de la violencia de género en todas sus formas, en un contexto en el que muchas mujeres y niñas tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección y apoyo debido a las restricciones de la libertad de circulación, la falta de mecanismos confidenciales que permitieran a las víctimas denunciar la violencia mientras estaban aisladas en sus casas conviviendo con sus maltratadores, y debido a la capacidad reducida o en suspensión de algunos servicios.

México fue uno de los países más afectados: en 2020 se habían registrado 3.752 homicidios de mujeres, de los cuales 969 se investigaron como feminicidios. Se preveía que las denuncias de incidentes de violencia contra las mujeres en el país superarían durante el año las 197.693 documentadas en 2019. En Brasil, en el primer semestre del año se denunciaron casi 120.000 casos de violencia física de género en el ámbito familiar. La tasa de feminicidio aumentó en 14 de los 26 estados —algunos de los cuales presentaron incrementos de entre el 100% y el 400%— entre marzo y mayo.

En Venezuela, las autoridades actuaron con falta de transparencia en relación con las pruebas diagnósticas, las tasas de contagio y el número de muertes debidas a la COVID-19. Asimismo, según la información recibida, a las mujeres embarazadas sospechosas de haber contraído la COVID-19 se les negaba la atención adecuada en los servicios públicos de salud.

Durante la pandemia, las mujeres también eran mayoritarias entre el personal esencial, es decir, doctoras, enfermeras, trabajadoras de saneamiento y otras funciones. En Pakistán, cuando la violencia contra el personal sanitario estalló en mayo, varias profesionales de la salud tuvieron que encerrarse en una habitación para protegerse de una muchedumbre furiosa de familiares de pacientes que arrasó el hospital donde trabajaban.

En los países del Golfo, las trabajadoras domésticas migrantes, procedentes en su inmensa mayoría de la región de Asia y Oceanía, perdieron su trabajo y se vieron obligadas a volver a su lugar de origen al principio de la pandemia. En la mayoría de los paquetes de incentivo económico de los países de la región no se incluyó ninguna disposición especial para atender las necesidades de estas mujeres, incluida su protección social.

La violación y otras formas de violencia sexual y de género también continuaron en las situaciones de conflicto. En República Centroafricana, la ONU registró entre junio y octubre 60 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, como violación, matrimonio forzado y esclavitud sexual. En República Democrática del Congo se registró un aumento de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el contexto del conflicto en el este del país.

El colectivo LGBTI, señalado

Algunos gobiernos también aprovecharon para discriminar aún más al colectivo LGBTI. Amnistía Internacional registró denuncias de personas LGBTI que fueron detenidas o privadas de libertad en 2020 debido a su orientación sexual o identidad de género en 24 de los 149 países a los que sometió a seguimiento. Varios gobiernos locales de Polonia declararon sus municipios “zonas sin LGBTI”, y el presidente Andrzej Duda hizo apología del odio contra este colectivo durante su campaña para la reelección. Al final del año, el gobierno húngaro presentó una serie de propuestas legislativas que restringían los derechos LGBTI. Por su parte, el Parlamento rumano aprobó una ley que prohibía impartir educación sobre género, aunque al final del año estaba impugnada ante el Tribunal Constitucional.

Las personas refugiadas, olvidadas

Hemos visto cómo este año la COVID-19 empeoraba la ya complicada situación de algunas personas, como las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, atrapadas como consecuencia del virus en miserables campos de acogida. Es el caso de Uganda, el país que acoge al mayor número de personas refugiadas en África, 1,4 millones, y que cerró inmediatamente sus fronteras al inicio de la pandemia, dejando a más de 10.000 personas bloqueadas a lo largo de su frontera con la República Democrática del Congo, en construcciones improvisadas sin acceso a alimentos, vivienda adecuada, atención médica ni agua potable.

La crisis económica y climática, en segundo plano

La pandemia ha tenido graves consecuencias sobre la situación económica mundial que ha agravado las desigualdades estructurales ya existentes, a las que los Estados se han enfrentado, en ocasiones, con míseras medidas, como la decisión del G-20 de suspender los pagos de deuda a 77 países en 2020 para reclamarlos posteriormente con intereses, con posibles consecuencias graves para los derechos económicos y sociales de millones de personas.

Mientras, el peligro climático continúa, sin adoptarse la “vacuna” adecuada: en 2020, millones de personas sufrieron los efectos catastróficos de fenómenos meteorológicos extremos. Desde la prolongada sequía en África subsahariana e India hasta las devastadoras tormentas tropicales que barrieron el sureste asiático, el Caribe, África Austral y el Pacífico, o los trágicos incendios que arrasaron California y Australia, las catástrofes (agravadas por el calentamiento global y la inestabilidad climática) afectaron gravemente a la capacidad de millones de personas para disfrutar de sus derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y el saneamiento, entre otros.

¿Y en España, qué? .

Hemos denunciado cómo hemos afrontado una pandemia sin la preparación adecuada, debido a la falta de inversión en atención primaria de los últimos años que ha dejado a muchas personas y enfermedades desatendidas y al personal sanitario devastado ante unos horarios de trabajo excesivos por culpa de la falta de personal, y con una grave ausencia de equipos de protección adecuados, sobre todo al inicio de la crisis. También hemos denunciado la situación en los centros de personas mayores, abandonadas a su suerte durante los meses más duros del confinamiento.

Y cómo el estado de alarma decretado por el Gobierno, y en concreto el confinamiento, entre marzo y junio, acrecentó la tendencia ya mostrada con la entrada en vigor de la “ley mordaza” hace seis años de otorgar más poder a las fuerzas de seguridad.

Y también, que a pesar de las declaraciones constantes del Gobierno de no dejar a nadie atrás, las personas migrantes y posibles refugiadas, especialmente en Canarias y en Ceuta y Melilla, no han sentido que formaban parte de ese conjunto de población protegida.

Algunos logros en 2020

No todo han sido noticias negativas en este año. Nuestro informe también describe numerosas victorias conseguidas gracias al activismo y a las nuevas y creativas formas de protesta, como las huelgas virtuales. Por ejemplo, en Corea del Sur, Kuwait y Sudán se aprobó legislación para combatir la violencia contra mujeres y niñas, y en Argentina, Corea del Sur e Irlanda del Norte se despenalizó el aborto.

O las grandes muestras de apoyo en todo el mundo a los movimientos #EndSARS en Nigeria y al Black Lives Matter de Estados Unidos, así como a protestas públicas contra la represión y la desigualdad en lugares de todo el mundo, como Chile, Hong Kong, Irak y Polonia.

Al fin y al cabo, no es un inicio desde cero lo que necesitamos, sino que un virus tan peligroso como el que nos ha atacado, sirva al menos para contagiarnos también la idea de que sin derechos humanos para todas las personas, no hay derechos para ninguna. Nuestro informe anual ofrece algunas soluciones que los y las líderes del mundo conocen perfectamente, y está en sus manos adoptarlas. No vale ya ninguna pandemia como excusa.