Eva García Sempere

Diputada Izquierda Unida en el Congreso

Pablo Jiménez

Área Federal de Medio Ambiente de Izquierda Unida

La Comisión Europea y el Gobierno de Canadá firmaron en octubre de 2016 el Acuerdo Económico y Comercial Global, más conocido por sus siglas en inglés, el CETA. Posteriormente, en febrero de este año, tanto el Parlamento Europeo como la Cámara de los Comunes de Canadá lo ratificaron, poniendo fin a siete años de negociaciones realizadas con la máxima opacidad informativa.

Este acuerdo, que ha contado con una intensa oposición en las calles europeas, debe ser ahora ratificado por los 28 países miembros de la UE y requiere por parte canadiense, después de la aprobación por su Senado en mes de mayo, del trámite de la “Asignación Real”, el beneplácito de la Corona inglesa, como miembro de la Commonwealth.

En Europa ya lo han ratificado Letonia, República Checa y Dinamarca. Parece que ahora le toca el turno a España. El Gobierno español ha agilizado, con sorprendente rapidez, todos los trámites para ratificarlo cuanto antes. El pasado 18 de mayo, en el pleno del Congreso de los Diputados se ha debatido la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, apoyada por Compromís, ERC y Bildu, así como el recurso del control previo de constitucionalidad presentado por el mismo grupo parlamentario, al apreciarse potenciales contradicciones entre algunas disposiciones del CETA y algunos artículos de la Constitución.

Pero ese debate quedó en nada porque PP, C’s y PSOE (y también PNV y PDeCat) ya tenían decidida de antemano su posición, que no era otra que acelerar todos los trámites parlamentarios restantes antes de votarse definitivamente en el Congreso y en el Senado y quedar así ratificado.

Pero mientras que la posición a favor de los mal llamados tratados de libre comercio de PP y C’s está en línea con el posicionamiento económico ultraliberal de sus dirigentes que está asumido, en mayor o menor medida, por su militancia, en el caso del PSOE, nos encontramos con una situación diferente. Hemos estado asistiendo a una clara separación entre lo que opinaban sus dirigentes (al menos los anteriores antes de sus primarias) y, en concordancia con el sentido de su voto, los parlamentarios tanto europeos como estatales, por una parte, y sus bases (así como infinidad de representantes autonómicos y locales) por otra. Hemos de recordar aquí que todos los parlamentos autonómicos y los numerosos ayuntamientos que han aprobado mociones contra el CETA, lo han hecho con el voto del PSOE. ¿Cómo es posible, por tanto, que se voten cosas diferentes en algo tan trascendental como son este tratado y otros similares como el TTIP? ¿Tiene más importancia la opinión de un diputado o diputada estatal que uno autonómico o un representante local?

La pregunta que nos hacemos después de las primarias es si va a producirse un cambio de rumbo del PSOE con respecto al CETA. A tenor de las tibias manifestaciones del nuevo secretario general, Pedro Sánchez, en el sentido de que se ha de velar por mantener las “salvaguardas sociales y ambientales” actuales, podríamos pensar que no, dado que declaraciones tan ambiguas y faltas de precisión sobre un texto ya firmado no inducen al optimismo. No obstante, la oportunidad que se abre con el congreso de los socialistas de abrir nuevos cauces progresistas podría llamar a una esperanza, aunque comedida, de que se produzcan cambios en el posicionamiento con respecto a acuerdo comercial con Canadá.

Pedro Sánchez se ha aupado a la secretaría general de su partido gracias al apoyo mayoritario de sus bases. Muchas de ellas ya han expresado en sus territorios su oposición a este tratado a través de su apoyo directo o indirecto a las mociones presentadas en ayuntamientos y parlamentos autonómicos por diferentes partidos entre los que se encontraba el partido socialista. Los diputados y diputadas socialistas que votaron el 18 de mayo a favor del CETA en el Congreso deberían reflexionar sobre el sentido de su voto en la votación final de ratificación. Deberían escuchar a sus propios compañeros y compañeras de partido de los diferentes territorios del estado, de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que han apoyado y, en ocasiones, se han puesto al frente de estas mociones. Deberían preguntarles por qué lo han hecho.

El pasado 10 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado, aceptando el recurso presentado por la campaña europea contra los TLC, la decisión de la Comisión Europea de no admitir el registro de la Iniciativa Ciudadana Europea en pro de pedir la revocación del mandato de negociación del TTIP y la no firma del CETA. Esta decisión tan importante del TJUE debería hacer también reflexionar a las personas que han votado este 18 de mayo sin ni siquiera aceptar la remisión del texto al Tribunal Constitucional.

Unos apuntes para la reflexión para terminar: ¿saben los diputados y las diputadas socialistas que el CETA no incluye un capítulo sobre medidas concretas de apoyo a las pymes?, ¿saben que el Comité Económico y Social Europeo indica que la puesta en marcha de este tipo de acuerdos favorecerá la expansión de las grandes empresas frente a las pymes?, ¿saben que este acuerdo no prevé sistemas de control y sanción efectiva por el incumplimiento de las obligaciones relativas a los derechos laborales?, ¿conocen las consecuencias sobre los convenios colectivos de los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y estado?, ¿entienden lo que significa para el mundo agrario que solo se hayan reconocido el 10% de las Denominaciones de Origen Protegidas de la UE?

Desde la campaña No al TTIP, CETA, TiSA y desde las organizaciones políticas y sindicales y movimientos sociales adheridos estamos convencidos que gran parte de las bases socialistas y bastantes representantes autonómicos y locales (más cerca de la realidad de las clases populares) conocen las respuestas a esas preguntas. Ahora es el momento en el que los nuevos y nuevas dirigentes –así como diputados y diputadas estatales y europeos- replanteen el posicionamiento del PSOE sobre este acuerdo, abriendo un debate interno sobre tema tan trascendental, antes de ratificarlo definitivamente de forma precipitada en septiembre e hipotecar la vida de la mayoría de las personas de este estado.