Los papeles de M. Rajoy a juicio ¿hora de la verdad?

Juan Moreno y Ana Méndez

Abogados de la acusación popular de IU, Ecologistas y ALA

El PP, en el centro del huracán. Así se podría sintetizar la situación en que se haya el partido en el gobierno desde que hace 5 años se desveló la contabilidad b de Bárcenas e interpusimos la primera querella el contra el ex tesorero y un nutrido grupo de empresarios que durante años habrían abonado millones de euros al PP a cambio de obra pública. Ahora, y pese a la infinidad de maniobras que el PP ha promovido para obstaculizar las investigaciones judiciales, ha llegado la hora de la verdad, la de llevar por fin a juicio dos de las principales causas penales en las que el PP o sus dirigentes vienen siendo acusados.

El PP va a tener que afrontar el juicio por la destrucción y desaparición de los ordenadores de Bárcenas, causa judicial que se presenta muy cuesta arriba para los de Mariano toda vez que las pruebas que se han ido acumulando son elocuentes, incluida la destrucción física de los discos duros de los ordenadores de su extesorero y el hecho poco conocido de que uno de estos discos duros desapareció de un ordenador sin que el PP haya aportado una versión congruente y verosímil sobre lo ocurrido. Todo apunta a que solo la poco probable aplicación de la doctrina Botín, o un acuerdo con Bárcenas para que maquille su declaración en el juicio oral podrán salvar al PP de pasar a la Historia como el primer partido político condenado en causa criminal.

Relevante por todo lo que conlleva va a ser el esperado juicio de parte de esa caja B. Dineros circulando por Génova para el pago de obras en su sede, maquinaciones y contrataciones absolutamente fraudulentas, en lo que presuntamente es un grupo perfectamente organizado que actuó con total impunidad. Juicio a la vista con nuevos recursos y recusaciones que hemos planteado ante una última decisión incomprensible realizada por la magistrada “Concha” Espejel quien ha modificado el Tribunal que ya estaba formado para trufarlo con algún magistrado “sospechoso” de cierta afinidad. Justicia sí, pero imparcial.

El calvario de los populares continúa y su drama se recrudece con la ardua investigación que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional con esa caja B que se vuelve a investigar tras la reapertura de la instrucción y donde comienza a confirmarse -tras pruebas solicitadas por esta acusación - pagos finalistas por parte de uno de los empresarios querellados. Esto es, hay pruebas de sobornos pagados por un empresario a cambio de contratos públicos. Este delito continuado de cohecho evidencia la existencia de un sistema perfectamente organizado de entregas de dinero a cambio de influencias, favores y cuantiosas adjudicaciones. Un sistema de extracción de dinero público montado por el PP, para desviar el dinero de todos en beneficio de unos empresarios. Y es posible que el PP tenga que incorporar a su saco de casquería otra causa más: la supuesta ‘mordida’ para la adjudicación de un contrato en Toledo, pues la Audiencia Provincial tiene ahora en su mano el resolver sobre el entramado entre una constructora, SACYR; un pago de 200.000 euros acreditado y que huele a financiación de la campaña de la Sra. Cospedal.

A todo esto hay que añadir un ingrediente más para un annus horribilis: Francisco Correa coquetea con colaborar, ahora sí, con la justicia.

Todas estas causas, junto a las investigaciones de las tramas Púnica y Lezo, estallarán al PP en su annus horribilis. Porque todas las causas apuntan a un modus operandi similar que evidencia que en el PP anidó una estructura corrupta nacional, autonómica y local donde el partido se nutrió con un sistema de cobro de comisiones o mordidas a cambio de contratos públicos con el que se beneficiaron esas élites empresariales extractivas de dinero público. Pagos con el que se remodelaban las sedes, se financiaban campañas y hasta se pagaban los sobresueldos de sus líderes, con M. Rajoy a la cabeza.

Esto, y quizá nuevas sorpresas, hacen que este próximo año 2018 vaya a venir cargado de alto voltaje judicial del que el PP puede salir cortocircuitado.