La Constitución Española no es un reflejo del presente, sino un libro del pasado. Su reforma se ha convertido en una necesidad histórica y como tal es percibida por la ciudadanía. La última vez que el CIS preguntó sobre este asunto (septiembre de 2018), el 70 por ciento se mostraba favorable a la reforma y uno de cada dos opinaba que ésta debía ser importante. Sólo el 33,2 por ciento abogaba por modificaciones menores. Los cambios acaecidos en los últimos cuarenta años han socavado la normatividad del texto constitucional y lo han convertido en una constitución nominal, cada vez más alejada de la realidad que pretende abarcar. La población es consciente de la situación y una amplia mayoría considera que el texto de 1978 debe ser reformado en profundidad. El objeto de estas líneas es reflexionar someramente sobre las cuestiones que podrían abordarse en el proceso y plantear una pregunta a modo de cierre: si existe un consenso generalizado sobre la necesidad de la reforma constitucional... ¿por qué no se hace? Vayamos por partes.

El problema más urgente es, sin duda, la crisis del Estado autonómico y su incapacidad de dar respuesta a las realidades y demandas que han emergido en los últimos años. La financiación autonómica, el independentismo catalán o la situación de la España vaciada, entre otros aspectos, evidencian un proceso acelerado de desarticulación territorial que va camino de enquistarse y exige un proyecto viable y materializable de vertebración nacional. Frente a la amenaza de involución centralista, hay que desplegar una agenda federalista que permita articular la pluralidad constitutiva del Estado y garantizar un futuro en común. En palabras de Pi Margall, se trata de lograr "la unidad en la variedad, rechazando la uniformidad". Y el Estado autonómico constituye una buena base debido a su proximidad con el modelo federal, que podría implementarse fácilmente mediante una reforma equilibrada del marco constitucional. Lo fundamental, a mi juicio, es el desarrollo de la democracia local, la constitucionalización de las principales reglas de la financiación autonómica y la transformación del Senado en una auténtica cámara de representación territorial.

La segunda cuestión tiene que ver con los derechos sociales y plantea un tema inaplazable para nuestra juventud. La última década ha revelado la insuficiencia de las garantías constitucionales en materias como el derecho a la salud, el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda, abriendo una profunda brecha generacional. La Constitución considera los derechos sociales meros principios rectores de la política social y económica, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha contribuido significativamente a devaluarlos. Lo cierto es que, en la actualidad, estos derechos se sitúan en el terreno de las declaraciones retóricas más que en el de las normas jurídicas, quedando al arbitrio del legislador y, por tanto, de los vaivenes políticos, la protección de los mismos. Necesitamos un esfuerzo de reflexión jurídica e innovación institucional para proveer de garantías efectivas a los derechos sociales, delineando un núcleo duro que resulte inatacable para los poderes públicos y privados. La clave es elevarlos a la categoría de derechos fundamentales y establecer instrumentos de garantía y provisión pública que aseguren una vida plena para toda la ciudadanía.

En tercer lugar, la reforma constitucional ha de engarzarse con el espíritu del tiempo y conectar con las inquietudes y aspiraciones del feminismo y el ecologismo, absolutamente claves en este momento histórico. La tradición feminista ha puesto sobre la mesa debates fundamentales opacados en las últimas décadas, que reivindican la ampliación del texto constitucional en materia de igualdad de género, de delimitación y tipificación de la violencia machista, de derechos sexuales y reproductivos, de conciliación familiar o de igualdad en el trabajo. Por su parte, el ecologismo político ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer compatible la vida humana con la preservación de los sistemas naturales, lo que sin duda exige el establecimiento de compromisos constitucionales relativos a la reducción de la huella ecológica y al cumplimiento de los objetivos internacionales vigentes en cada momento, especialmente en materia climática. La idea central, como recuerda Kate Raworth, es que una sociedad segura y justa sólo resulta posible entre un techo definido por los límites ecológicos y una base de derechos sociales garantizados.

Finalmente, la sociedad española debe afrontar una cuestión de fondo que no puede obviarse: el proceso de construcción europea y su impacto sobre la Constitución de 1978. Junto al texto constitucional, y con creciente superioridad frente al mismo, han emergido una constitución material que en aspectos sustanciales deviene obligatoria para todos los Estados, y un soberano implícito con poderes crecientes y sin fundamento democrático. La contradicción entre constitución formal y constitución material era tan evidente que en el año 2011 hubo que modificar el artículo 135 CE por trámite de urgencia y sin apenas debate público para incrustar el neoliberalismo en la Carta Magna. La cláusula del Estado social contemplada en el artículo 1.1 CE, inequívocamente conectada al reconocimiento del pluralismo político, ha sido reemplazada por una constitución económica de matriz neoliberal que reduce drásticamente el abanico de políticas posibles. La erosión del texto constitucional es inocultable y exige un debate de altura sobre la compleja relación entre el principio de soberanía popular, el reconocimiento del pluralismo político y el proceso de integración europea.

Llegados a este punto, parece evidente que una democracia madura debería plantearse la reforma constitucional y renovar la legitimidad del sistema político. Como he expuesto al principio, la ciudadanía es consciente de la situación y se muestra favorable a la revisión de la Constitución. Sin embargo, la mayoría de la clase política se resiste a ello e incluso llega a afirmar, como hacía Margarita Robles en una reciente entrevista, que “la Constitución no necesita ninguna reforma”. ¿Por qué cuesta tanto aceptarlo? ¿A qué se debe esta parálisis? En mi opinión, existe el temor de que cualquier reforma sustancial ponga en cuestión el papel de la monarquía como piedra angular del sistema constitucional y abra la puerta a una discusión sobre la forma política del Estado. He aquí la paradoja de la monarquía: para evitar que se cuestione la institución, se pospone un debate inaplazable sobre los grandes problemas del país; pero lo único que se consigue es agravar los problemas y minar la normatividad de la Constitución, provocando una crisis que afecta de lleno a la institución monárquica, convertida en un obstáculo para el progreso del país.

Defender la reforma de la Constitución es defender la Constitución.