ARIENE ARPA

Qué tienen en común una chica madrileña estudiando en una universidad alemana con una beca Erasmus y una profesora nicaragüense que da clase a 40 alumnos y alumnas de secundaria en una escuela en Ocotal? En ambos casos, es el Parlamento Europeo quien ha decidido apoyar a ambas a través de la aprobación de partidas destinadas a estos objetivos en el presupuesto europeo.

Estos dos casos son sólo un ejemplo del tipo de decisiones que dependerán de la configuración del próximo Parlamento. El resultado de las elecciones del 7 de junio no es, por tanto, trivial ni para el futuro de los europeos ni para el de millones de personas en todo el mundo que se ven afectadas por las decisiones que adopte la cámara comunitaria.

A pesar del impacto de sus decisiones fuera de nuestras fronteras, las campañas de los partidos políticos en las elecciones europeas se centran casi exclusivamente en propuestas internas con planteamientos cortoplacistas que dejan de lado el carácter solidario y comprometido que ha caracterizado siempre a la Unión Europea.

Esta vez no parece que sea diferente. Hasta la fecha, toda la actividad de los candidatos está centrada en la crisis económica actual y sus repercusiones para los españoles y europeos, obviando los efectos de la crisis en las personas más pobres. Seguramente ningún candidato propondrá acciones destinadas a mejorar la vida de los mil millones de personas que todavía viven en condiciones de pobreza extrema, o de los diez millones de niños y niñas –cifra equivalente a todos los menores de edad en España– que mueren anualmente antes de cumplir los 5 años de edad.

Sin embargo, estará en manos de aquellos que salgan elegidos en las urnas el próximo mes de junio el que desde Europa se siga o no luchando por cambiar esos datos estremecedores. El periodo de mandato de los próximos europarlamentarios será definitivo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados por la comunidad internacional para el año 2015. Hoy, a poco menos de seis años de su cumplimiento, el riesgo de un estrepitoso fracaso es, lamentablemente, muy alto.

En la cuenta atrás para alcanzar estos objetivos contra la pobreza mundial, la cantidad y calidad de ayuda al desarrollo prevista por la UE representa uno de los factores más

relevantes, y todos los partidos deben comprometerse con el objetivo del 0,7%, así como con la gestión eficaz de la ayuda.

La ayuda es elemento fundamental pero sin duda no suficiente. Si la UE quiere contribuir a paliar el hambre y proteger la seguridad alimentaria global, debe abogar por profundizar la reforma de la Política Agraria Común, política que ha contribuido durante años a inundar de productos agrarios europeos fuertemente subsidiados los mercados de países en desarrollo. La PAC supone un coste de 55.000 millones de euros al año, más de cinco veces el total de lo destinado por la Comisión Europea a favorecer el desarrollo en los países empobrecidos. Además, es una política que favorece principalmente a las grandes explotaciones, y no a los pequeños agricultores. Según datos publicados hace unos días por Farmsubsidy en base a información de la Comisión Europea, de los 896.190 agricultores que perciben subvenciones en España el 75% obtienen menos de 5.000 euros (el 18% del gasto total). Por el contrario, los siete principales receptores –que incluyen, entre otros, varias empresas de grandes terratenientes– reciben el 22% de las ayudas totales en España.

La UE debería avanzar en la reforma de la PAC para construir una verdadera política rural común que apoye eficazmente a la agricultura familiar europea, que remunere los beneficios ambientales y culturales que proporciona el mundo rural al conjunto de la sociedad y que no perjudique de manera injusta a la agricultura de los países en desarrollo. Perder el impulso para el cambio creado en los últimos años representaría un serio revés para los esfuerzos por lograr un sistema comercial más justo y significaría otro duro golpe en la credibilidad de la UE.

Actuar frente al cambio climático es igualmente fundamental y urgente para evitar un fracaso estrepitoso en la lucha contra la pobreza. Para ello, es necesaria una doble respuesta: que la UE reduzca de forma drástica las emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que apoya a los países en desarrollo

para que hagan frente a los efectos del cambio climático presentes y futuros.

Finalmente, la UE debe seguir trabajando para jugar un papel cada vez más relevante como garante de la paz y la seguridad en el mundo. Los conflictos son una de las causas de la pobreza, un impedimento al crecimiento económico y el desencadenante de múltiples violaciones de los derechos humanos, con efectos particularmente dañinos sobre las mujeres. Se estima que los conflictos han supuesto un coste para África de hasta 300.000 millones de dólares en la última década, y que, debido a los conflictos existentes en la actualidad, diez millones de personas ven denegado el acceso a la ayuda humanitaria. En este sentido, es esencial que la UE mejore su respuesta a dos de los principales retos para garantizar la paz y la seguridad humana: la protección de la población civil en los conflictos, aplicando de forma efectiva la doctrina de la responsabilidad de proteger y el control internacional del comercio de armas.

Sólo así el nuevo Parlamento Europeo podrá honrar el compromiso de la Unión Europea con el desarrollo

y la lucha contra la pobreza en el planeta, más necesario que nunca en estos tiempos difíciles para los más pobres.

Ariene Arpa es directora general de Intermón Oxfam.

Ilustración de Patrick Thomas.