El Partido Popular contra la fuerza del cambio

José Manuel López Rodrigo

Portavoz del Grupo Podemos en la Asamblea de Madrid

Durante la semana pasada hemos asistido a opiniones contradictorias del Partido Popular sobre sus políticas de exclusión sanitaria. Primero fueron las amenazas del secretario general de Sanidad del Ministerio, Rubén Moreno, amenazando a los gobiernos autonómicos del cambio que han extendido la cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles; aseguró que podían ser multados por la Unión Europea. Al día siguiente apareció Cristina Cifuentes anunciando que extendería la tarjeta sanitaria. Y unas pocas horas después se conocía que el mismo Gobierno de Mariano Rajoy, el que amenazaba con multas, tenía la intención de regresar a la universalidad, sin exclusiones, de la prestación sanitaria.

En el año 2012 el Gobierno popular aprobó el decreto que excluía a los inmigrantes sin papeles de la asistencia sanitaria universal; se les retiraba la asistencia básica y sólo podían acudir a las urgencias médicas, de las que luego se les pasaba la factura. La medida incluía a aquellos que han tenido que emigrar fuera de nuestro país. Los jóvenes españoles que trabajan en Berlín, París o Nueva York perdían su derecho a la asistencia sanitaria a los tres meses de estar fuera. Una norma que condenaba a la exclusión a un mínimo de 800.000 personas.

La medida ha sido inútil desde el punto de vista económico y perniciosa desde el punto de vista sanitario. Ha hecho que muchas personas tengan que padecer enfermedades que sólo eran atendidas cuando alcanzaban un estado de gravedad que les empujaba al servicio de urgencias. Se trataba de un ejercicio político cruel e inhumano, que ha generado un enorme sufrimiento y que sobretodo quebró nuestro sistema de sanidad universal; uno de los pilares sobre los que asentamos la cohesión social.

Durante estos tres años, organizaciones sociales y personal sanitario han luchado contra este decreto en los centros de salud y en la calle. Además, algunas comunidades autónomas como Navarra y Euskadi se negaron a aplicarlo y el Tribunal Constitucional les dio la razón. Porque hay que recordar que el Gobierno de Mariano Rajoy acosó a estas comunidades hasta donde pudo para que se sometieran a sus políticas.

Si el Partido Popular hizo de este asunto uno de sus arietes, ¿por qué el cambio de opinión ahora? ¿Qué ha ocurrido para que lo que parecía una prioridad para salvar los servicios públicos ahora sea una renuncia que tratan de capitalizar?

Durante los últimos años hemos vivido una especie de absolutismo del bipartidismo; la realidad era su realidad. Los márgenes en los que se nos decía que se podía mover la sociedad eran estrechos; un poco hacia la izquierda y un mucho hacia la derecha. Las decisiones políticas se disfrazaban con argumentos técnicos, como si sólo existiera una posibilidad real a la hora de elegir una respuesta a un problema social.

Pero la crisis y la respuesta de los movimientos sociales quebraron ese escenario. La estrechez de las posibilidades que se ofrecían desde la política convencional dejaba fuera de los márgenes las aspiraciones de una buena parte de la ciudadanía. Y de la fractura de esa cruda y monocorde realidad nació el cambio.

La primera medida que han tomado los gobiernos de Valencia, Cantabria, Baleares y Aragón, donde ya no gobierna el PP, ha sido legislar el fin de la exclusión sanitaria. La política vuelve a escuchar lo que quiere la gente; mientras el PP con una mano intenta asustar a la ciudadanía y con la otra se va acercando muy despacio, y desde muy lejos, a la nueva política.

En la Comunidad de Madrid se ha escenificado la derrota de la vieja política popular. En el pleno del pasado 23 de julio se aprobó una Proposición No de Ley que instaba al gobierno de Cristina Cifuentes a finiquitar la exclusión sanitaria. Fue aprobada con los votos a favor de Podemos y del PSOE, la abstención de Ciudadanos y la oposición del PP. Durante el debate la intervención de los populares estuvo llena de palabras y argumentos gruesos sobre la sanidad y los inmigrantes; algunos incluso sonrojantes, como cuando el diputado Fermosel aseguró que si se estaba reclamando desde la oposición tumbar todas las fronteras del mundo y pedir la disolución del Ministerio de Asuntos Exteriores. Finamente, la presidenta Cristina Cifuentes apretó el botón del NO; para que los inmigrantes sin papeles siguieran desprotegidos y los emigrantes que regresaban a casa también.

El Gobierno de la Comunidad, ante una Proposición aprobada, tiene un mes para tomar decisiones que la ejecuten; de no ser así, la oposición puede presentar una Proposición de Ley. Ese mes se cumplió ayer, pocas horas después de que Cifuentes “cambiara” de opinión.

Sin duda, el PP está tratando de convertir a Cifuentes en la punta de lanza de sus políticas sociales, fotocopiando la fórmula por la que Alberto Ruiz Gallardón se convirtió ante los ojos de ciertos sectores de la ciudadanía en un progre muy de derechas. Lo que le ocurre al PP es que la fuerza del cambio se ha convertido en el gran obstáculo que puede llevarse sus aspiraciones por delante. La llegada de Podemos a la política española ha generado un desorden que está recolocando las nuevas piezas de la política sobre un nuevo tablero. En ese proceso, los populares tienen que medir meticulosamente cada uno de sus pasos.

Como en otros momentos de nuestra historia, los cambios han comenzado en las grandes ciudades y la hecatombe que anunciaban los populares no ha ocurrido. Lo que le queda al PP es hacer mucho ruido, asustar y tergiversar para que la opinión pública no se entere de que hay otras políticas posibles, que pueden ser financiadas perfectamente, terminan con el derroche y garantizan derechos fundamentales.

Ni Cifuentes, ni Pablo Casado ni todos los disfraces de ser algo nuevo, con los que quieran vestirse, van a cambiar la mirada de un amplio sector social. Hay una mayoría que ya ha visto que la corrupción, el enriquecimiento de unos pocos con dinero de todos y su falta de humanidad hacia los más frágiles forman parte de una esencia que sólo tendrán oportunidad de cambiar cuando les fuerce el abandono el poder.