ERIKA M. RODRÍGUEZ

En los últimos meses Colombia ha conseguido ocupar numerosos titulares de prensa en el mundo. Los golpes militares contra la guerrilla de las FARC han hecho que se vislumbre el posible fin del conflicto armado en el país.

En el marco de la mejora de las condiciones de seguridad, el presidente Santos estableció como una de sus prioridades la ley de reparación de víctimas y la ley de restitución de tierras. Los dos proyectos legislativos buscan reparar a las víctimas del conflicto armado, tanto por las lesiones y crímenes contra las personas como por la sustracción de tierras y pertenencias.

Se estima que entre dos y seis millones de hectáreas de tierra fueron tomadas ilegalmente en los últimos 15 años por los actores armados, lo que ha dejado más de tres millones de desplazados en el país. Se estima también que en los últimos 20 años han muerto a causa del enfrentamiento entre Gobierno, guerrillas y paramilitares unas 120.000 personas, 50.000 han sido víctimas de desapariciones forzadas y unas 8.000 sufren minusvalías permanentes por minas antipersonas. Estas cifras son apenas un esbozo de la gravedad de las heridas que ha dejado el conflicto.

Ante un coste humano y social tan alto, la noticia de una ley de reparación de víctimas es alentadora. A la inédita voluntad política, se suma el reconocimiento de la existencia de víctimas de agentes del Estado y un esquema de reparación integral y no sólo de indemnización. Además de los avances en los proyectos de ley, hay que resaltar la adhesión de Colombia a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzosas.

Pero, a pesar de las buenas intenciones, la paz y la reparación efectiva de las víctimas en Colombia entrañan más incertidumbres que certezas.

En primer lugar por el espíritu mismo del proceso de reparación: se intenta poner en marcha un proceso de justicia transicional en el marco de un conflicto armado activo, por lo que el carácter “transicional” del mismo no es muy claro.

Otras incertidumbres han sido formuladas por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado, que teme que el texto legal confunda la reparación con ayuda humanitaria o social. Esta confusión podría hacer que la Corte Constitucional la declare inexequible, pues ha sido enfática en que la ayuda humanitaria es eso, humanitaria, y no una reparación a las víctimas del conflicto. Otro de los temores en este sentido es que la ley no se ha consultado con las comunidades indígenas y afroamericanas, tal como lo dispone la Constitución Colombiana.

La Organización de Naciones Unidas, por su parte, expresó sus preocupaciones por la protección a las víctimas, las garantías de no repetición y la asistencia tecnológica y económica a los despojados, a quienes se les pretende restituir sus tierras. El Estado no puede garantizar la seguridad de las víctimas a que se les restituyan las tierras, porque el conflicto aún está activo. Asimismo, la ONU resalta que no basta con devolver la titularidad de los predios a los campesinos, necesitan hacerlas productivas y eficientes por lo cual la ley de restitución debe acompañarse con otras de apoyo integral a la producción agrícola minifundista.

Además de las inquietudes expresadas, la puesta en marcha de los mecanismos de reparación tiene grandes desafíos en su aplicación. Por un lado están las dificultades técnicas para evaluar la posesión original de las tierras y los procesos de despojo. Por otro lado, en el plano financiero, la finalización de la guerra va a ser tan costosa como ha sido la guerra misma.

El vicepresidente de Colombia calculaba recientemente el coste de la reparación de las víctimas en 27.000 millones de dólares. La ley se ha redactado primando para su cumplimiento la sostenibilidad fiscal, pero se necesita mucho más que voluntad para conseguir tal cantidad de dinero, ni con reforma fiscal, ni pidiendo ayuda a la comunidad internacional –tan dada a prometer pero tan austera en cumplir– parece que esta cifra tenga alguna viabilidad, más aún en los tiempos de crisis que corren.

Si lo que se busca es la paz, a la reparación de las víctimas y la restitución de tierras habrá que sumarle además los costes del final de la guerra, tales como los procesos judiciales contra los victimarios, los cargos que tenga que pagar el Estado por su posible responsabilidad y la reintegración a la vida civil de los antiguos combatientes, dado que la magnitud del conflicto hace que se prevea imposible que todos sean encarcelados.

Un proceso de paz verdadero implicaría no sólo dinero para restituir a las víctimas sino una población dispuesta a asumir el coste económico y social de reintegrar a víctimas y victimarios en la economía formal y de asumir la verdad de las atrocidades de la historia reciente del país. La única superación efectiva y viable de la guerra está en la verdad histórica. Es indispensable que el país entero haga los sacrificios necesarios para conseguir sacar a la luz la verdad de la historia colombiana.

La comunidad internacional, por su parte, tendrá que jugar un papel preponderante, no ya en cubrir las expectativas económicas del Gobierno para conseguir recursos para la restitución, sino en apoyar políticas de cooperación que permitan reforzar una verdadera “transición” y apoyen al Gobierno en la solución de los déficits estructurales que han alimentado la confrontación, especialmente la desigualdad social.

La paz aún es lejana, pero es menester aunar voluntades dentro y fuera del país para seguir una senda que no será ni fácil, ni barata, ni corta, pero de la cual se están recorriendo los primeros pasos.

Erika M. Rodríguez es coordinadora del panel América Latina OPEX de la Fundación Alternativas

Ilustración de Mikel Casal