Los pensionistas, movilizados durante meses y concentrados a las puertas del Congreso, empujaron la moción de censura a Mariano Rajoy.

Las pensiones públicas, su dignificación y la suficiencia del sistema (público) formaron parte del acuerdo de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos.

Bajo estas premisas, con una hoja de ruta balizada por los colectivos de pensionistas y el acuerdo de Gobierno, se abría en el Congreso de los Diputados la Comisión del Pacto de Toledo, con objeto de alcanzar un consenso interpartidista y actualizar sus recomendaciones. El pasado 27 de octubre se aprobó el nuevo texto, con los votos a favor de todos los grupos a excepción de las abstenciones de EH Bildu y ERC, y el voto en contra de VOX. En esencia, el texto aprobado apuesta por un refuerzo del modelo público, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y una protección a los fondos del sistema, blindando posibles mordidas al Fondo de Reserva, esto es, a la hucha de las pensiones esquilmada por los dos gobiernos de Mariano Rajoy.

Hasta aquí todo bien, de hecho parecía que el acuerdo alcanzado, salvo pequeñas concesiones, estaba mayoritariamente participado por la izquierda, un sistema de pensiones que redoblaba su apuesta por la gestión, participación y financiación pública, frente a una derecha que habría cedido en sus posiciones más neoliberales que anhelaban el comienzo de una andadura hacia un sistema mixto participado por el mercado.

Nada más lejos de la realidad, nos la cuelan por la puerta de atrás, con remate a gol del mercado tras asistencia del PSOE, y veremos si también de Unidas Podemos.

A comienzos de la semana pasada y en el marco de unas jornadas sobre pensiones organizadas por Cinco Días, el Ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunciaba que el Gobierno propondrá la “adscripción automática de trabajadores a planes de pensiones”, con objeto de fomentar el ahorro y de que al llegar a la jubilación cuenten con un “complemento significativo”. Boom. ¿Qué significa esto?, que el Gobierno pretende abrir las puertas de par en par a los planes de pensiones privados, imponiendo (o “adscribiéndoles automáticamente”) a los trabajadores una mutualidad complementaria a la Seguridad Social y, por extensión, reducir la participación y financiación pública del sistema de pensiones, comenzando así la andadura hacia su transformación en un modelo mixto con un creciente peso del mercado. O lo que es lo mismo, una mochila austriaca, esa que siempre se ha cuestionado y confrontado desde la izquierda, en una versión light o semidesnatada. Dos huchas de las pensiones a las que aportará todo trabajador, una pública y otra privada. Y si a futuro la cosa se pone (más aún) y vienen recortes, existiendo dos huchas que den de comer a los futuros jubilados, todas sabemos cuál se esquilmará: la pública.

Y la cosa va en serio, mucho. Las declaraciones de Escrivá en el foro de pensiones no eran un globo sonda. Ya nos la han colado, decíamos, por la puerta de atrás y en forma de disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado: “Promoción de fondos de pensiones públicos de empleo. Los fondos de pensiones públicos de empleo serán de carácter abierto en relación con los procesos de inversión desarrollados. Podrán adscribirse a estos fondos los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación. El proceso de selección de las entidades gestora y depositaria del fondo se hará a través de concurso competitivo abierto”. Ya no es solo abrir las puertas de par en par a los planes de pensiones privados, sino integrarlos en la gestión de los fondos de pensiones, como parte del sistema “público”, en una transición descarada hacia un modelo mixto público-privado.

En resumen, y siendo un poco malpensados, ahora se entendería mejor la cesión de posiciones por parte de la derecha en el acuerdo del Pacto de Toledo. Quizá (insisto, siendo malpensados) PP y Ciudadanos estaban al tanto, previo consenso, de la jugada de Escrivá. La Ley de Presupuestos Generales del Estado, que paradójicamente no votará a favor la derecha, se lleva por delante las recomendaciones del Pacto de Toledo y transgrede lo recogido en el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos en materia de pensiones, imponiendo los postulados de fondo de la derecha: transición decidida hacia un sistema mixto de pensiones crecientemente participado por el mercado.

Y siguiendo con ese malpensar, igual Escrivá ya tenía esto pasteleado a espaldas de Unidas Podemos. En esencia, una reforma del sistema de pensiones orquestado por el Régimen del 78 y, como es costumbre del Régimen, al servicio del mercado. Y si este malpensar es acertado, con Unidas Podemos a por uvas.

Con todo, estamos a tiempo de poner freno a esta deriva mercantilista de las pensiones. Las recomendaciones del Pacto de Toledo debían servir como resorte para materializar el acuerdo de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos en lo tocante a las pensiones. Y lo cierto es que tales recomendaciones sirven a este fin, recogen, al igual que el acuerdo de Gobierno, la firme voluntad de profundizar en un sistema de pensiones con gestión, participación y financiación 100% pública.

Así que la cosa es sencilla, el señor Escrivá debería dedicarse menos a colárnosla por la puerta de atrás, y dedicarse más a agilizar el acceso al IMV que, aunque insuficiente (la crisis que se viene y las profundas transformaciones del mercado de trabajo apuntan ya la urgencia de implantación de una Renta Básica Universal, pero eso lo dejamos para otro artículo o para los expertos que llevan meses publicando acerca del tema), es de extrema urgencia para las cientos de miles de familias que viven sin ingresos, o que están al borde del precipicio, golpeadas por la pandemia.

Unidas Podemos debe dejar de sobregesticular con nimiedades y abandonar la polarización vacía tuitera, aparcar la absurda guerra de posiciones (estéticas) dentro del Gobierno y ponerse la pila con esto, en forma de enmienda a los PGE para frenar esta disposición adicional 40 del señor Escrivá, lesiva para unas pensiones públicas que son el puntal de la Seguridad Social y el Estado de Bienestar.

Porque de no frenar esta deriva mercantilista de las pensiones, y ya poniéndonos estupendos, de igual forma que los gobiernos de Felipe González y José María Aznar serán siempre recordados por abrir la puerta a la desregulación, temporalidad y precarización del empleo, o a la privatización masiva de empresas públicas solventes, por poner tan solo dos ejemplos, el Gobierno progresista de Sánchez e Iglesias podría ser a futuro recordado por abrir la puerta al desmantelamiento del sistema público de pensiones en favor del mercado y su timo de la estampita público-privada. Y eso resultaría poco o nada progresista.