VICENÇ NAVARRO

Existe una percepción generalizada en muchos círculos financieros, políticos e incluso mediáticos del país –promovida por pensadores liberales– de que las pensiones públicas de jubilación son demasiado generosas. Así, hemos visto, hace unos días, un documento firmado por cien economistas (muchos de ellos, los mismos que firmaron recientemente otro documento proponiendo que se facilitaran los despidos de los trabajadores) pidiendo que, con el fin de salvar el supuestamente inviable sistema de jubilaciones público, se redujeron tales pensiones públicas, consideradas excesivas. Señalaban como prueba de tal exuberancia que los pensionistas, en el momento de su jubilación, reciben en España una pensión que es equivalente al 88% de los salarios, uno de los porcentajes mayores de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel económico al español.

Tal mensaje –que, como era previsible, gozó de gran visibilidad en los medios– suele estar promovido por la banca, que ha estado cuestionando la sostenibilidad de las pensiones públicas desde el momento en que se establecieron, promoviendo el mensaje de que tal sistema de pensiones público es inviable y/o insuficiente. No por casualidad, el documento está patrocinado por una fundación, FEDEA, financiada primordialmente por la banca, deseosa de que se reduzcan las pensiones públicas para aumentar las privadas.

El problema de tal percepción (de que las pensiones públicas de jubilación son excesivas) es que es profundamente erróneo. Y, además, es fácil demostrarlo. Veamos los datos. Los extraigo del capítulo El sistema español

de pensiones en el contexto europeo escrito por una de las investigadoras que más han trabajado en el tema de pensiones a nivel europeo, la profesora Camila Arza, del Programa de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), publicado en el informe La situación social en España, del Observatorio Social de España (colgado aquí).

España se gastó en 2005 en tales pensiones públicas de jubilación sólo el 6,9% del PIB, uno de los porcentajes más bajos de la UE-15, cuyo gasto promedio en tal tipo de pensiones públicas es del 9,4% del PIB. ¿Por qué España se gasta mucho menos que otros países de comparable nivel de desarrollo económico? Una causa podría ser la estructura demográfica, es decir, que España tuviera una menor proporción de la población que fuera anciana. Pero este no es el caso, pues la situación es precisamente la opuesta. España tiene uno de los mayores porcentajes de población por encima de 65 años (16,5%) en la UE-15. Deberíamos gastarnos, pues, más, no menos, de lo que la UE-15 se gasta en pensiones públicas. En realidad, el gasto en pensiones públicas de jubilación por anciano en España es de los más bajos de la UE-15; sólo 9.227 unidades de poder de compra, u.p.c. (euros estandarizados por su poder de compra en países de distinto nivel de vida), comparado con 13.531 en Italia, 13.190 en Suecia, 12.846 en Dinamarca, y así una larga lista de países. Si vemos el porcentaje que estas cantidades significan sobre el salario medio vemos, de nuevo, que España es uno de los más bajos. Este porcentaje, que se llama tasa de reemplazo, es del 65%, más bajo que el promedio de la UE-15, que es del 68%. Mírese como se mire, pues, no puede llegarse a la conclusión de que nos gastamos demasiado en pensiones para los ancianos.

Ahora bien, la Comisión Europea, el Banco Mundial, la OCDE y, cómo no, el Banco de España (todas ellas instituciones de orientación liberal) utilizan el dato de que la tasa dereemplazo (por pensionista) es una de las más altas de la UE y de la OCDE, nada menos que un 88%. Y esta es la cifra que utiliza el manifiesto liberal de los cien economistas. Existen varios problemas con esta cifra, que está claramente hinchada. Los cálculos se basan en una situación ideal de vida laboral ininterrumpida de 40 años, cuando la realidad es muy distinta. El promedio de vida laboral en España es de 35 años (mucho menor en el caso de las mujeres). Es más, los salarios en España son muy bajos, mucho más bajos que en el promedio de la UE-15, lo cual no se debe, como erróneamente se asume, a una menor productividad (ver mi artículo Los salarios en España, Público, 04-03-10), sino a la debilidad de las fuerzas progresistas en España. Puesto que los salarios son bajos, las pensiones son también muy bajas, aunque la tasa de reemplazo aparezca muy elevada. Esta tasa da una idea equivocada de la generosidad de las pensiones en términos comparativos. Estas tasas pueden ser elevadas y en cambio las pensiones pueden ser muy bajas, que es lo que pasa en nuestro país.

Otro error en aquel porcentaje de reemplazo del 88% de salario es que lo que aquellas instituciones –y el manifiesto liberal– definen como salario no es el salario, sino la base de cotización salarial, es decir, que las pensiones no se calculan directamente sobre el salario previo, sino sobre el nivel de cotización del salario, que es una cifra menor. Esta distancia entre salario real y base de cotización se ha ido reduciendo, con lo cual las pensiones han ido mejorando, pero distan todavía mucho de ser equiparables al resto de la UE-15. Es más, las pensiones se incrementan según el índice de inflación (a fin de no disminuir la capacidad adquisitiva de los pensionistas) pero no a base del promedio de nivel salarial, como ocurre en otros países. Y puesto que los salarios crecen, por lo general, más rápido que la inflación, resulta que los pensionistas se quedan más y más atrás, deteriorando su nivel de vida relativo.

Otro hecho que explica que el gasto en pensiones sea bajo es que el porcentaje de población anciana no cubierta por las pensiones públicas financiadas por la Seguridad Social es muy elevado, un 20,6% de la población anciana, la mayoría mujeres, (comparado con sólo un 9% de la UE-15). De estos datos se deriva que no sólo el gasto en pensionistas es muy bajo (más bajo que el promedio de la UE-15), sino que el gasto en todos los ancianos es también muy bajo, lo cual explica el elevado nivel de pobreza entre los ancianos (23,3%, comparado con sólo 1,6% en Holanda, 7,7% en Francia, 11% en Noruega, 12% en Dinamarca…). Ninguno de estos datos aparece en aquel manifiesto liberal (para una crítica detallada, ver www.vnavarro.org).

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España

Ilustración de Mikel Jaso