El Sr. Escrivá, actual Ministro de Seguridad Social y Migraciones, compareció ya en 2018 en el Congreso de los Diputados como presidente de la AIReF (la Autoridad Independiente nacida para velar por el cumplimiento de las políticas europeas de austeridad tras la reforma forzada por la Unión Europea del Art. 135 de nuestra Constitución) dejando clara cuál era su aproximación a la cuestión de las pensiones en España. En su opinión las pensiones no eran un elemento básico de justicia generacional ni un pilar básico de nuestro Estado social. Las pensiones eran un “producto financiero” al que había que hacer “reformas” para hacerlo “sostenible”. No se privó, por supuesto, de aprovechar la comparecencia para proponer también eso que se ha dado en llamar “mochila austriaca”, y que no es otra cosa que un mecanismo para que la indemnización por despido la paguen los propios trabajadores de su jubilación, de un fondo que ellos nutren con sus salarios para que lo gestione la banca.

Desligada en 2020 la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, para que Escrivá pudiera como ministro gestionarla, no podíamos en consecuencia esperar de él otra cosa que mantener esta concepción mercantilista de los derechos de los trabajadores, con la idea final de que, de una forma u otra, los fondos de inversión privados (los grandes bancos internacionales) pasen a gestionar nuestro fondo público de pensiones.

El problema es que Escrivá no actúa en el vacío sino que hay un Acuerdo de Gobierno de coalición (sobradamente conocido) que en este tema tiene como eje central la garantía de unas pensiones dignas fundadas en la suficiencia y la revalorización del sistema público de pensiones, a la vez que establece con meridiana claridad el compromiso de eliminar el “Factor de Sostenibilidad” y el “Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social”, es decir, revertir las políticas insolidarias del anterior Gobierno del Partido Popular.

Y es verdad que, dada la correlación de fuerzas habidas, ese acuerdo no contenía todo lo que hubiésemos querido, pero era un acuerdo aceptable: frenábamos la tendencia privatizadora de nuestro Sistema Público de Pensiones y revalorizábamos (sin atajos ni tapujos) las pensiones conforme al IPC, manteniendo el poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Algo de simple justicia.

Y es que después de décadas de ataques sistemáticos por parte de los defensores de su libre mercado, que han dejado un reguero de desempleo y reformas laborales decididas a generalizar la precariedad, a dificultar el acceso a una pensión y a devaluar su cuantía, este era y es un asunto central: la Seguridad Social y las pensiones públicas son la clave de bóveda del Estado social que reconoce nuestra Constitución y que nosotros defendemos.

Esta defensa es más necesaria que nunca porque esa Europa de los mercados y sus mercaderes financieros sigue con la mirada fija y codiciosa sobre la caja de nuestras pensiones, poniendo sus intereses mercantiles por delante de esa justicia y de nuestra cohesión social.

Contra esa tendencia mercantilista (extendida como un cáncer sobre todo en el bipartidismo) entramos en 2016 en la Comisión del Pacto de Toledo. A trabajar. A desenmascarar las mentiras. Como es sabido, se trata de una comisión no legislativa, que simplemente recomienda al Gobierno en temas de pensiones. Desde ahí, desde la oposición, hicimos valer nuestros planteamientos, levantando un muro de contención ante el avance del neoliberalismo salvaje, al negarnos a firmar unas recomendaciones que pretendían herir de muerte nuestro Estado social.

Pero en esta legislatura nuestra fuerza era otra. Una vez firmado y publicado el Acuerdo de formación del Gobierno de progreso nuestra tarea en dicha Comisión debía ser simplemente defenderlo, defender lo acordado frente a los ataques habituales de la propaganda mercantilista y de los interesados malentendidos.

El resultado de este último Pacto de Toledo ahí está. Un texto con contradicciones, pero que defiende sin ambages nuestro Sistema Público de Pensiones, que por primera vez introduce una perspectiva sobre mujeres y Seguridad Social, y que nuestros socios mayoritarios nos pidieron dar por bueno para avanzar, en tanto urgía defenderlo en Europa y asumir la deuda de esos gastos impropios para hacer sostenible el sistema, y poner en marcha los elementos legislativos para ello, y mandar un mensaje a la ciudadanía, y bla, bla, bla.

Mucho bla bla bla.

Y lo hicimos. Cerramos el Pacto. Con la tranquilidad del Acuerdo de Gobierno firmado y publicado, y con el convencimiento crítico de que el texto de este ultimo Pacto de Toledo no supondría ningún hándicap para el desarrollo del Acuerdo de Gobierno.

Y ahora, apenas unas semanas después, vemos con verdadero estupor como en distintas comparecencias (en medios y en el propio Congreso), el Ministro Escrivá vuelve a sus andares y, utilizando como coartada el Pacto pone en solfa dos cosas centrales: el cálculo de las pensiones y, cómo no, la gestión del fondo público de pensiones, sí, el dinero. Y ya habla de gestionar por entidades privadas ese fondo público, y ya estamos con la ampliación de los periodos de cálculo, eufemismo técnico para volver a recortar las pensiones. Y no. Ninguna de estas cuestiones forma parte del Pacto. Lo que el Señor Escrivá pretende hacer no es más que otra torticera interpretación para intentar llevarnos de nuevo a un sistema mixto y abrir paso con él a la privatización de las pensiones y a reducirlas tras el telón de los ajustes técnicos. Nada nuevo en su pensamiento.

Sin embargo, el sentir claro del Acuerdo de Gobierno fue y es la defensa del Sistema Público de Pensiones, algo que ahora ningunean con el discurso de siempre de que recortarlo y privatizarlo es en realidad “defenderlo”. Un discurso que de ninguna manera es compatible con el Acuerdo de Gobierno, como no lo es con las recomendaciones del Pacto de Toledo alcanzado. Responde, eso sí, a las constantes recomendaciones del Banco Mundial para ir implementando su fórmula (tantas veces implementada como fracasada para los pensionistas) de un sistema mixto con peso creciente de los planes privados de capitalización.

Cuando un lazo se estrecha de más, en lugar de unir, corta lo que amarra. Nos toca ahora más si cabe, defender los intereses comunes, ser claras, muy claras, porque si no, corremos el riesgo de convertirnos por omisión en las tontas útiles para la reconversión del sistema público de pensiones. Hay límites y esto es uno de ellos.

Nuestras abuelas decían aquello de que cuando los gatos duermen, las ratas bailan. Sólo de la ciudadanía organizada, de los partidos que no hemos vendido nuestra alma al capitalismo de amigotes, pero, sobre todo, de la decidida lucha de las personas pensionistas por sus derechos y los de las siguientes generaciones, depende otra vez el éxito de la defensa de nuestro Estado Social y del patrimonio que hemos construido entre todas y todos: unas pensiones públicas dignas para todas y todos los trabajadores.