Por sorpresa, como en el 15-M, los pensionistas han salido del fondo de la tierra. No para conquistar el cielo, sino para denunciar la pérdida de poder adquisitivo y defender el modelo público de pensiones.

La enésima ofensiva neoliberal contra el Estado de bienestar y por la privatización de derechos y servicios públicos ha sido el desencadenante. Ofensiva que por desgracia cuenta (y no es la primera vez) con apoyo desde las mismas entrañas de las instituciones públicas. El propio presidente del Gobierno actúa como un comercial de fondos de pensiones, emulando al gobernador del Banco de España, con la doble intención de socavar la credibilidad del sistema público y de ofrecer a los bancos un mayor trozo del pastel. En lugar de proponer al Pacto de Toledo reformas que consoliden el sistema, Rajoy se dedica a asustar a la gente y encender la mecha en un polvorín que le ha estallado en las calles con la presencia masiva de los pensionistas. Pero él sigue en la misma línea, como demuestra su última comparecencia en el Congreso, llena de vaguedades y vacía de propuestas de calado. Claro, no ha de extrañarnos, es el mismo Rajoy que burló el Pacto con medidas aprobadas mediante un decreto ley de los más de 50 que dictó el PP de la mayoría absoluta.

El Gobierno y el gobernador del Banco de España traspasan el límite de la publicidad engañosa para entrar en la profecía autocumplida. Vaticinan el hundimiento del sistema si los trabajadores no se apresuran a contratar fondos privados, aún reconociendo que no son seguros, carecen de la garantía del Estado, no son eficientes ni tienen voluntad redistributiva. Como dato, en los EEUU, cuna del capitalismo sin compasión, acumulan una deuda estratosférica de 3'8 billones de dólares, lo que les sitúa al borde de la quiebra. Por otro lado, quienes proponen el sistema de capitalización privado ocultan algo: si es verdad que en un determinado momento de declive demográfico cada vez menos activos contribuirán a financiar a más pensionistas, también lo es que cada vez será menor el número de los que comprarán las pólizas de los suscriptores de fondos privados que llegan a la jubilación.

Seamos claros, la política de recortes de gasto no da para más en España. La edad real de retiro se acerca a la nominal a un año de los 65, es de las más altas de Europa. Sólo un 5% de los mayores de 65 años siguen actualmente en activo, tasa similar a la de países del entorno. Además, el 50% de los mayores de 55 años están sin empleo y en situación económica muy precaria. Y es que aconsejar a los trabajadores que ahorren en planes de pensiones es humor negro cuando a una gran parte les cuesta llegar a fin de mes, apenas son mileuristas, precarios, cuando directamente no están desempleados.

El Gobierno persigue dar una vuelta de tuerca a las reformas del PSOE primero, cuando se fijó un aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027, y del PP en 2013, cuando introdujo el factor de sostenibilidad de las pensiones y desvinculó su evolución del Índice de Precios al Consumo, un caso único en Europa. Si las actuales movilizaciones no lo evitan, los recortes reducirán la tasa de reemplazo del último salario a menos de la mitad en los próximos años (el porcentaje de pensión que un jubilado cobra en relación al último salario) y mermarán en un tercio su poder adquisitivo en los próximos 20 años. Con la paupérrima subida del 0,25% anual impuesta por el PP, las pensiones perderán en 2018 más de un 2% de su poder adquisitivo. Si a ello le sumamos la congelación y las pérdidas sufridas los primeros años de la crisis, la devaluación supera el 7%. Una devaluación que contrasta con el fuerte crecimiento del precio de la electricidad, del copago farmacéutico y, sobre todo, con el papel de colchón de la economía familiar que juega uno de cada cuatro pensionistas.

Por eso la primera medida es recuperar, por ley, la revalorización de las pensiones y derogar el infausto factor de sostenibilidad, antes incluso de abordar el futuro del sistema en el marco del Pacto de Toledo. Las rebajas fiscales de Montoro son una tirita cosmética, mientras continúa la hemorragia. Una rebaja fiscal para la minoría de un tercio, con pensiones sujetas a declaración de la renta que ignora las carencias y el deterioro que afecta a la mayoría. Porque no es verdad que gastemos en pensiones de manera desproporcionada: estamos en el 11%, a cuatro puntos del PIB de los países de nuestro entorno. El déficit de la Seguridad Social se debe ante todo a las reformas laborales y a la devaluación salarial, que han condenado a los cotizantes a empleos de subsistencia. La reforma laboral que ha dejado a los trabajadores en la indefensión es también prioridad ineludible.

Otra cosa es planificar el futuro y garantizar la sostenibilidad, que no está en cuestión, el problema no es inexorable. Las dificultades de las pensiones residen más en los ingresos que en los gastos, afección que se cura con más y mejor empleo, con mejores salarios y pensiones que incentivarán el consumo e incrementarán los ingresos por cotizaciones y la recaudación fiscal. Por ejemplo, si España tuviera la tasa de actividad femenina de Suecia, 2,8 millones más de trabajadoras contribuirían a la Seguridad Social. La Universidad de Granada estima que un incremento de un 4,5% en la productividad laboral española sería suficiente para equilibrar en el futuro el sistema de pensiones.

Porque las pensiones serán públicas y dignas o no serán. Para conseguirlo bastaría con aumentar progresivamente las bases de cotización y el Salario Mínimo Interprofesional; eliminar el tope máximo de cotización que privilegia a los altos salarios; traspasar de la Seguridad Social a Hacienda las pensiones no contributivas, las exenciones, tarifas planas de cotización y bonificaciones establecidas en las políticas activas de empleo. Además, los Presupuestos Generales del Estado pueden aumentar sus aportaciones vía impuestos cuando sea necesario complementar el sistema público de pensiones. Luego habría que contemplar otras cuestiones, como el hecho de que el Parlamento Europeo ya plantee que haya que establecer una fiscalidad sobre la innovación tecnológica (cotizar por los robots).

La rebeldía de los pensionistas está justificada. Su reivindicación es justa y la ampara el modelo social establecido en la Constitución del 78 (sacralizada e intocable para unos, inservible en su conjunto para otros), artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Por tanto, el Estado, a través de la Seguridad Social, debe garantizar el derecho constitucional que defienden los pensionistas. Defienden sus pensiones, pero sobre todo la dignidad de las éstas, las actuales y las futuras, frente a la pobreza, la precariedad laboral y la privatización.