La avalancha de extinciones de contratos que se están sucediendo en el país nos sitúa ante una situación tremendamente comprometida. Frente a ello, las organizaciones sindicales y patronales diseñamos con el Gobierno una red de protección a través de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), mecanismos de ajuste, de reducción y suspensión de la jornada de forma temporal, bonificados en el caso de fuerza mayor, acompañados de un mecanismo de protección por desempleo que supone el acceso al mismo de todas aquellas personas trabajadoras afectadas por estos ERTE, tuvieran o no el periodo de tiempo necesario para haber accedido a ella en una situación ordinaria.

Este mecanismo ha demostrado su validez, millones de trabajadores y decenas de miles de empresas se han acogido al mismo. Esto ha evitado a corto plazo el derrumbamiento total del sistema productivo, que se hubiera producido si solo hubiéramos contado con los instrumentos que la reforma laboral del 2012 instaló en nuestro país, caracterizados por la utilización masiva del despido sin freno ni cortapisa.

Pero esta crisis, en algunos sectores, va para largo más allá del estado de alarma. Las organizaciones sindicales y patronales reclamamos la ampliación de los mecanismos, perfeccionados técnicamente, de los cuales ya se ha hecho ahora uso para el sostenimiento de la empresas y el empleo, para dar tiempo a poder reaccionar a nuestro hoy debilitado tejido productivo: la extensión de los ERTES al momento que se requiera por las necesidades reales empresariales; la protección de los trabajadores afectados tengan o no periodo de carencia para la generación de la prestación y sin que les compute para situaciones de desempleo posteriores; la exoneración del pago de cuotas a las empresas en el nivel que se pacte y determine en función su tamaño y potencia y con independencia de la naturaleza del ERTE, de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Y también, la búsqueda de una complementación adecuada de la prestación a través de un fondo que impida que las familias de las personas trabajadoras se queden en la miseria.

Este es el sendero adecuado que permitirá mantener las constantes vitales para poder despertar nuestra hoy enferma economía productiva. Las empresas van a tardar en recuperarse y algunas tienen el riesgo real de desaparecer para siempre. Las soluciones no pueden quedarse en la vigencia del estado de alarma. Talento, inversiones, esfuerzo de empresas y trabajadores pueden irse por el sumidero de la crisis sino creamos una red de protección lo suficientemente fuerte para evitar su desaparición, sino logramos establecer un sistema de seguridad que evite el caos social y la expansión del desierto en nuestro ya precario tejido productivo. Apostamos, por tanto, por la extensión y favorecimiento de las medidas de ajuste temporal para salvaguardar la existencia de nuestras empresas y empleos.

Es evidente que solo con medidas de protección no lograremos revitalizar nuestra economía, pero son esenciales para su sostenimiento en esta etapa tan precaria. Y es que esta perspectiva es conciliable con otro tipo de actuaciones de igual importancia: la inaplazable necesidad de un modelo productivo en el que, como hemos reseñado en otras ocasiones, lo público sea protagonista y los sectores estratégicos no se abandonen a la desaforada competencia basada en el dumping social.