En América del Sur aún siguen en pie dos constituciones fruto de las dictaduras de final del siglo XX: Chile y Perú.

La primera tiene los meses contados. El pasado 25 de noviembre, por una abrumadora mayoría los chilenos dieron el pistoletazo de salida a un proceso constituyente que sepultará la Constitución de Pinochet de 1980.

En Perú la constitución fujimorista de 1993 podría seguir el mismo camino. El sistema institucional peruano ha implosionado en el último año. El choque entre el ejecutivo y el legislativo han paralizado al país en plena pandemia. El año arrancó tras un proceso de vacancia fallido (el equivalente a nuestra moción de censura) que forzó unas elecciones anticipadas al Congreso en enero de este año. El nuevo y atomizado Congreso, elegido para solo un año, lo que queda de legislatura, se apresuró a desafiar de nuevo al ejecutivo y tras dos intentos de vacancia logró desalojar al Presidente Vizcarra. El nuevo Presidente Merino, escogido entre los promotores de la vacancia fue forzado a dimitir en medio de un creciente conflicto social que se saldó con dos muertos a manos de la policía. Como resultado el tercer presidente en dos semanas, Sagasti, ascendió a una Presidencia interina que durará poco más allá de las elecciones Presidenciales previstas para el 11 de abril de 2021.

El desprestigio institucional en pleno escenario electoral no puede ser mayor. De un lado el Congreso sigue empeñado en su propia huida hacia adelante y se ha lanzado a iniciar un nuevo proceso -¡otro!-contra el nuevo y precario ejecutivo. De otro lado el esperpento llega con la incorporación del Presidente saliente, Vizcarra, a las listas electorales de uno de los partidos que votaron a favor de su destitución. Para que se hagan una idea es como si Mariano Rajoy hubiera engrosado las listas ¡del PSOE! en las elecciones de 2019 que siguieron a su moción de censura.

En parte irradiados por el influjo que Santiago de Chile ejerce en Lima y al calor de este contexto de descomposición y descrédito, en Perú ha comenzado a alzarse una voz inequívoca: proceso constituyente. Los peruanos parecen querer seguir la estela de los chilenos y han empezado a reclamar abiertamente una nueva constitución. En una encuesta publicada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) el 89% de los peruanos declara que la Constitución de Fujimori debe ser reformada, el 42% apunta directamente a una nueva Constitución.

Procesos paralelos. Las constituciones de las dictaduras neoliberales de Pinochet y Fujimori tenían un importante punto en común: una concepción del Estado ausente y subsidiario. En el caso peruano el capítulo II de la Constitución deja clara la idea secundaria del papel del Estado, no como garante sino como promotor de la prestación de los servicios y derechos: "La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura" (Art, 58).

Cuando se desciende al detalle contrasta con otras Constituciones de la región. Por ejemplo, en la constitución peruana la educación es responsabilidad de los padres y no del Estado: Artículo 13.- Educación y libertad de enseñanza La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. En línea completamente opuesta se expresa la Constitución Mexicana: Artículo 3o. "Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior." o la Argentina: Artículo 5°- "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria."

No es de extrañar que Perú invierta un exiguo 3,9% de su PIB en educación, un 40% menos que Argentina, un 25% menos que México.

En el caso de Chile, inspirador del peruano, resulta llamativo cómo el proceso privatizador esquivó exclusivamente las prestaciones públicas de salud y pensiones del ejército pinochetista chileno que mantuvo sus prestaciones.

Y sin embargo durante las últimas décadas los medios de comunicación occidentales y el aparato institucional y parainstitucional de fabricación de consensos ha situado sin descanso a ambos modelos como ejemplos a seguir en la región latinoamericana.

En la práctica, hoy dolorosamente tangible, el resultado de aquellas constituciones ha sido una profunda brecha de desigualdad. Es la desigualdad la que conduce a la informalidad al 70% de los peruanos, es la desigualdad la que segrega del sistema sanitario a la inmensa mayoría de los y las peruanas y es la desigualdad en definitiva la que explica que Perú sea el país del mundo con mayor mortalidad por COVID.

Así como el World Inequality Lab, entidad liderada por Thomas Piketty, nos recordaba que el 1% más rico de Chile concentró el 27,8% de los ingresos del país en 2019 en el caso de Perú el 40% de la riqueza se encuentra en manos de unas 6,800 familias millonarias según un informe del Boston Consulting Group. La FAO por su parte destacaba hace dos días a Perú en la cola de los países más desiguales en su distribución de la malnutrición infantil.

El próximo 28 de julio los peruanos no sólo verán asumir el cargo a un nuevo o nueva Presidenta. Celebrarán su bicentenario. Las elecciones del 11 de abril estarán inevitablemente cargadas de simbolismo, serán unas elecciones con sabor a cambio de época y en un contexto en el que los peruanos ya no tienen nada que perder quizá, solo quizá su voto tenga sabor a plebiscito: ¿a por la Constituyente?