Nuevamente se agitan las aguas de la política peruana. La situación de bloqueo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que viene marcando el pulso del país en los últimos años, está teniendo un nuevo punto álgido tras el rechazo, por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, a la propuesta de reforma constitucional impulsada por el presidente Martín Vizcarra. Dicha reforma buscaba facilitar un adelanto electoral a 2020 -las elecciones están pautadas para 2021- para desbloquear la crisis institucional y modificar el sistema de inscripción de partidos para hacer más sencilla la entrada de nuevos actores -incluido un partido para el propio Vizcarra, que se quedó sin sello propio tras su ruptura con Pedro Pablo Kuczynski-. Hasta ahora, el sistema político funcionó dominado por los partidos tradicionales y un puñado de titulares de inscripciones registrales que, en demasiadas ocasiones, se han cotizado al mejor postor, situación que bloquea la capacidad de nuevas fuerzas políticas de competir electoralmente.

El último episodio de esta disputa contamina a otro de los poderes públicos del Perú, el Tribunal Constitucional, que quieren copar vía express las mayorías fujiapristas del Congreso y al que ha puesto en el centro de la moción de confianza el presidente Vizcarra.

¿Cómo hemos llegado a este punto? Para entenderlo hay que explicar, al menos, dos particularidades del sistema político peruano. La primera, de largo aliento, apunta al hecho de que Perú disponga de un modelo institucional muy expuesto a situaciones de bloqueo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo como la que se vive hoy. Efectivamente, con una Presidencia con poderes limitados frente a un Congreso adverso que funge de "perro del hortelano" (ni come ni deja comer) la situación deriva en bloqueo. Ni el Congreso puede legislar libremente en función de sus mayorías -como en los sistemas parlamentaristas británico o español- ni el presidente puede evitar que el Congreso impida sus iniciativas.

Por otro lado, un elemento de corte más coyuntural: un caduco sistema de partidos fujiaprista corroído por la corrupción y un deadline concreto para la carrera política de los asambleístas actuales, a los que el referéndum de diciembre de 2018 les prohibió la reelección y, por tanto, sus expectativas de carrera política en el Congreso. Se trata de una expresión más del cariz revanchista que viene tomando la dinámica de la política peruana.

Como en el mítico western, se alinean los ingredientes perfectos para un “duelo en ok corral”: un presidente sin partido que necesita una reforma del sistema de inscripción electoral y unos asambleístas que ya no tienen nada más que perder. Sólo en esa lógica del juego de la gallina, en el que dos coches se lanzan a toda velocidad uno contra otro a ver cuál se aparta primero, es posible entender tanto los últimos movimientos políticos en el Perú como las declaraciones de (otra) jornada de alta tensión: “no nos quedaremos cruzados de brazos” dice el Gobierno, "Si cree que puede cerrar el Congreso que lo haga", dice el fujiaprismo enquistado en el Congreso. El problema es que con los coches que se lanzan al desastre seguro van los últimos restos de confianza de los peruanos en sus instituciones. Como espectadora del drama, una sociedad hastiada de la clase política que demanda un cambio profundo en el país al grito de “Cierren el Congreso”.

Ninguno de los escenarios posibles para Vizcarra podía mejorar esto. Por un lado, en un primer escenario, el presidente podría, sencillamente, haberse resignado a terminar el mandato, con la consiguiente pérdida de legitimidad y el deterioro de la figura de la institución presidencial, que habría sido derrotada por el Congreso en las horas más bajas de la historia del Perú. Algo similar habría sucedido en un segundo escenario, si hubiera renunciado, caso en el que habría sido reemplazado y el Congreso mantendría su mandato hasta 2021. El tercer escenario, el más arriesgado, apuntaría la posibilidad de que el Presidente cierre el Congreso. En este caso, la primera opción para el presidente habría sido entender que la moción de confianza que presentó hace sólo unos meses -asociada a las reformas políticas pendientes- no ha sido superada en la práctica. Esta vía, eso sí, habría abierto una delicada y larga disputa jurídico-constitucional con resultados inciertos y el seguro enquistamiento del conflicto. Quizá el peor de los escenarios para la salud institucional del Perú.

Finalmente, en un cuarto escenario, el escogido por Vizcarra, se someterá a una nueva moción de confianza, con el Tribunal Constitucional en el centro del debate, a sabiendas que los tiempos para la misma los controla el Congreso y que, en el mejor de los casos, si el Congreso le niega la confianza, podría disolver el Parlamento y convocar elecciones a la la Cámara de Representantes. Eso sí, con las viejas normas electorales, sin partido propio y habiendo estrechado, aún más, el tiempo para lograr las reformas políticas pendientes en su mandato presidencial.

Entre tanto, queda por verse si el Congreso intentará o no activar el mecanismo de vacancia contemplado en el diseño constitucional, para el cual se requiere el voto de 87 parlamentarios y podría concluir en la remoción del presidente, en una vuelta de tuerca más en la profunda crisis política que atraviesa la democracia peruana.