MIQUEL ORTEGA CERDÀ Y gUSTAVO DUCH GUILLOT

Poco más o menos como indica el título se ha quedado la Comisión Europea tras evaluar los resultados de la Política Pesquera Común (PPC) aplicada desde 1983 y revisada en 2002: más del 85% de los bancos de peces evaluados en las aguas comunitarias se consideran sobreexplotados, y la industria pesquera –especialmente la más pequeña– encadena una crisis tras otra. No está mal para una política que, entre sus objetivos, se planteaba conservar los recursos marinos y apoyar al sector pesquero. Peor aún es el resultado si tenemos en cuenta que no se trata de una política a la que no se le han dedicado recursos: 4.897 millones en el periodo 2000-2006, y una previsión de 4.304 millones más para el periodo 2007-2013. En varios estados miembros se ha calculado que el coste de la pesca para los presupuestos públicos es superior al valor total de las capturas. Dicho con otras palabras, prácticamente pagamos dos veces el pescado: una en la pescadería y otra a través de nuestros

impuestos.

Algo se ha hecho muy mal y, por ello, como plantea la propia Comisión Europea, “debe llevarse a cabo un cambio radical en la PPC, no debe tratarse de otra reforma fragmentaria gradual, sino de un maremoto cuyo alcance afecte a los factores fundamentales que se esconden en los fracasos anteriores”. La revolución se ha puesto en marcha y tendremos una nueva PPC en 2012. Pero ¿en qué debe basarse este cambio radical?

En primer lugar, se impone priorizar la recuperación del ecosistema marino: sin peces no hay pesca ni pescadores. La situación en la actualidad es grave: por ejemplo, en varias cuencas europeas dominadas por las flotas españolas, determinados tipos de merluza, rape o atún no sólo están sobreexplotados, sino que se mantiene una peligrosa tendencia negativa. Más que nunca, ahora es necesaria la aplicación del principio de precaución y un enfoque basado en el ecosistema (dónde se analizan las interacciones de las diferentes especies marinas) para la gestión de los caladeros. Técnicamente es posible; políticamente, está aún por ver.

En segundo lugar, hay que poner fin a la ineficiente estructura de toma de decisiones de la PPC. Mientras las decisiones estratégicas y los objetivos a largo plazo deben establecerse en el Consejo de Ministros o el Parlamento Europeo, las decisiones operativas deben tomarse a una escala inferior, con la participación plena del sector y ajustándose a la diversidad europea y de sus mares. No como sucede en la actualidad, donde la toma de decisiones está excesivamente centralizada. Los tipos de embarcaciones, el conocimiento de la situación ecológica de los diversos caladeros europeos, la estructura organizativa de los pescadores, etc., son demasiado diferentes entre los países, e incluso entre diferentes partes de un mismo país, para una visión centralizada efectiva.

Hay que establecer normas claras en la asignación al recurso y estas deben basarse en un conjunto de criterios transparentes que favorezcan las prácticas y artes de pesca menos destructivas y más selectivas, el menor consumo de combustible, el mayor empleo, las buenas condiciones de trabajo, la obtención de productos de calidad y el nivel de cumplimiento histórico de las normativas comunitarias. Esta propuesta está muy lejos de la situación actual, en la que ni tan siquiera se penaliza el incumplimiento de la legislación vigente. Es suficiente saber que más de 20 embarcaciones españolas han sido condenadas en los últimos años por incumplir la legislación de pesca y al mismo tiempo han recibido subvenciones públicas derivadas de la política pesquera común. Ni tan siquiera existen los mecanismos que les obliguen a devolver los recursos públicos utilizados. Por contra, tenemos decenas de ejemplos en todo el mundo que nos muestran que criterios sociales y ambientales pueden combinarse exitosamente para conseguir una mejor gestión pesquera y asignación de los recursos. Algunos de ellos son muy cercanos, como la gestión pesquera que se está llevando a cabo en la reserva marina española Lira-Carnota “Os Miñarzos”, gracias al excelente trabajo de la Cofraría de Lira y la Fundación Lonxanet.

Finalmente, no se puede olvidar la dimensión exterior de la PPC. Debe exigirse un respeto a la soberanía alimentaria de los terceros países (ya conocemos nuestra polémica presencia en el Sáhara Occidental); evitar la externalización de impactos negativos asociados a la sobrepesca y a modelos productivos basados en la sobreexplotación laboral o social (pensemos, por ejemplo, en las condiciones de maquila de algunas plantas de tratamiento de pescado en América Latina o África); o el dumping a los países no europeos. De una vez por todas se han de eliminar las subvenciones a las flotas que incumplan la legalidad en el exterior o que producen un dumping en terceros países, con un mayor control de los productos que llegan a Europa (como la perca del Nilo) y la mejor información para el consumidor, así como la desvinculación de las políticas de cooperación de las políticas de promoción de acceso a los recursos marinos en terceros países.

Se presenta una oportunidad única para diseñar una nueva PPC y hacer de esta un motor de cambio para el ecosistema marino y el sector pesquero europeo. Falta ver si la Comisión es capaz de guiar adecuadamente esta transformación y, finalmente, del maremoto no nos quedamos en marejadilla. El reto es grande, pero la necesidad de cambio es aún mayor.

Miquel Ortega Cerdà es coordinador del área de medio ambiente y sociedad de ENT, medio ambiente y gestión

Gustavo Duch Guillot es coordinador de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’

Ilustración de Iker Ayestaran