ANA GARCÍA HOM Y RAMÓN J.MOLES

El incremento de la población europea en general y española en particular es notable como consecuencia del fenómeno migratorio: si en 2009 el número de habitantes de la UE rozará los 500 millones, el de España llegará a los 46 millones, según el último informe de Eurostat. Así, este año España habrá incrementado su población en unos 570.000 habitantes respecto de principios de 2007, con una tasa de inmigración neta del 10,2 por mil, claramente por encima de las medias de la UE en 2008, superadas también por Irlanda, Luxemburgo, Chipre y Eslovenia. Para hacernos una idea práctica de la magnitud de estas cifras, pensemos que la población inmigrante en España, si residiera agrupada en un mismo territorio constituiría la décimooctava comunidad autónoma, con una cifra de 5.220.000 habitantes censados en 2008. Además, ocuparía el cuarto lugar en número de población, por detrás de Andalucía, Catalunya y la Comunidad de Madrid y por delante de la Comunidad Valenciana y Galicia, por ejemplo. Esta visión obliga a reconsiderar al Estado español como un estado plural en lo social y cultural, no sólo en relación a sus naciones históricas, sino también en relación a este fenómeno migratorio. Un Estado plural que lo es por ser también inmigrado y que debe tomar en muy seria consideración los riesgos de pérdida de la cohesión social.

Ahora bien, frente a la frialdad de las cifras, es preciso tener en cuenta que el incremento de población no es una mera suma de individuos en movimiento. Tras la estadística, se esconde también una realidad que presenta unas formas de vida, otras que conllevan tanto factores positivos (a fin de cuentas todos somos actores de nuestra propia existencia) como factores negativos para la sociedad de acogida.

Entre los factores positivos podemos detallar principalmente el rejuvenecimiento global de nuestra población envejecida, que resulta de la mayor tasa de natalidad de la población inmigrante; cuestión no baladí a tenor de las cifras de dependencia demográfica. Ello redunda también en la posibilidad de mejorar la productividad de nuestra mano de obra –aunque ello será resultado también de otros factores concatenados, como la mejora de la competitividad, la innovación tecnológica y el abandono de la cultura del ladrillo y el pelotazo–. Este fenómeno conlleva a su vez la ventaja de posibilitar el equilibrio futuro del sistema de pensiones y de seguridad social, que se vería seriamente comprometido por el envejecimiento que lastraba nuestra pirámide de población en la medida que nuestras pensiones deben abonarlas obviamente aquellos que se hallan en edad productiva (el 45 % de las altas en la Seguridad Social en 2001-2005 corresponde a extranjeros).

Frente a los factores positivos,

preocupan especialmente los negativos, esto es, riesgos que pueden amenazar seriamente la convivencia en la medida en que optemos, como sociedad, por mirar a otro lado. Y, si de mirar se trata, echemos una ojeada a algunos ámbitos especialmente vulnerables al riesgo de exclusión social: la práctica religiosa, el entorno cultural y el ámbito escolar. En lo que atañe a la práctica religiosa, un factor clave es el reconocimiento de la diversidad religiosa, materializado en la instalación de equipamientos religiosos distintos de los católicos y que, a pesar de los importantes esfuerzos realizados por las administraciones locales, conlleva frecuentes conflictos sociales que generan un lógico desgaste político. Con esta tesitura, desde el poder local se tiende a confundir la práctica religiosa con la planificación urbanística, equiparando los centros de culto a equipamientos que, a pesar de necesarios, son

percibidos como un riesgo por la población de acogida.

En segundo lugar, y en relación al entorno cultural, debería tomarse en consideración la diversidad de prácticas de la población inmigrante. Si nos ceñimos al entorno lingüístico, debemos considerar que, a pesar de que un 36% proceden de Iberoamérica, el resto proceden de países de otros entornos lingüísticos. No obstante, el entorno cultural se configura también a partir de prácticas alimentarias, sexuales, musicales o estéticas que difieren de la comunidad de acogida al ser percibidas por esta como un riesgo.

Finalmente, en tercer lugar, el ámbito escolar se presenta como un microcosmos donde se concentran a la vez riesgos y oportunidades relativos a los dos factores anteriores. Es precisamente en este ámbito, donde es posible vertebrar políticas transversales que tienen a la población escolar como ariete de penetración en las comunidades inmigrantes. Sólo será posible alcanzar el éxito en estas políticas desde el respeto a la diversidad y la promoción del llamado “ascensor social”, esto es, el mérito para el éxito social no puede vincularse al origen autóctono o inmigrante de la población. En otras palabras: las políticas asistencialistas, proteccionistas en exceso, buenistas en definitiva, si no van acompañadas de un sistema de equiparación de deberes y de promoción de oportunidades de carácter generalizado y no segregado, están llamadas al fracaso, como ha sucedido en las periferias de las grandes ciudades francesas, alemanas e italianas.

Por tanto, si las administraciones quieren ser eficientes en la gestión de los riesgos de exclusión social, deben generar políticas tranversales (educación, sanidad, urbanismo, medio ambiente, etc.,) que generen una cierta coherencia en el sistema. Para hacer frente a estos riesgos,

es preciso atender las necesidades de esta población inmigrante que, ahora, es también un nosotros. Es urgente pues que debamos atender nuestras necesidades como sociedad,

que ahora son distintas de las de anteayer y que condicionan el ser o no ser de nuestro futuro como sociedad cohesionada.

Ana García Hom y Ramón J. Moles son miembros del Centre de Recerca en Governança del Risc (GRISC)