Miguel Ángel Heredia Díaz

Diputado del PSOE en el Congreso por Málaga

El resultado de la crisis económica y de las políticas del Gobierno de Rajoy ha sido que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. España es el tercer país de la UE en desigualdad, sólo superado por Rumanía y Macedonia. El 10% de los más ricos, tiene la misma renta que la mitad de la población.

La pobreza afecta a un 28% de la población, casi a 13 millones de personas, sobre todo a los jóvenes, pero también a uno de cada tres niños y a 4 millones y medio de pensionistas. Los datos son estremecedores.

Incluso trabajar ya no es garantía de llegar a fin de mes. La reforma laboral del Gobierno de Rajoy trajo como consecuencia un brutal incremento de la precariedad laboral; tanto es así, que el 13% de las personas que tienen un trabajo poseen una renta inferior al umbral de la pobreza, una tasa que en Europa sólo superan Rumanía y Grecia.

“En nuestro país millones de hogares no pueden encender la calefacción ni cocinar ni iluminarse cuando anochece ante la incapacidad de pagar las facturas energéticas”

Pero frente a estos estremecedores datos, el coste de la energía para el bolsillo de los ciudadanos crece y lo hace de forma desorbitada en algunos casos.

Hasta octubre el recibo de la luz ha crecido un 12%. Esto supone que hemos pagado de media, 74 euros más que en el año anterior y a final de año la factura anual se habrá encarecido hasta los 100 euros. El recibo del gas natural para calentarse ha subido un 4,5%, 34 euros más que año anterior y el precio de la bombona de butano ha aumentado un 21%.

En nuestro país hay 4 millones y medio de españoles que esperan el frío sin recursos para poder combatirlo. Más de un 10% de la población española afronta en una situación de pobreza energética la llegada del frío, una avería social que no va a quedar resuelta con el recién aprobado nuevo bono social eléctrico.

La pobreza energética se cobra cada año 7.200 vidas en nuestro país, muchas más que las provocadas por accidentes de tráfico.

La pobreza energética está relacionada con una mayor prevalencia de enfermedades físicas y mentales como asma, artritis, reumatismo, depresión o ansiedad y con el aumento de la mortalidad por patologías cardiovasculares y respiratorias entre personas mayores de 60 años en invierno.

En nuestro país millones de hogares no pueden encender la calefacción ni cocinar ni iluminarse cuando anochece ante la incapacidad de pagar las facturas energéticas. Estamos hablando de un auténtico drama para miles y miles de familias. No podemos decir que somos una sociedad moderna y avanzada con situaciones como ésta. Es una pobreza que no se ve, pero la sienten miles de españoles.

El Gobierno ha puesto en marcha un Real Decreto para acceder al bono eléctrico, pero que es un parche que no soluciona el problema, de hecho, la propia memoria de gestión reconoce que no va a atajar este problema social: menos de la mitad de los hogares de nuestro país que pueden beneficiarse de las ayudas, se acogerán a ellas.

Y un informe de la Comisión del Mercado y la Competencia señala que es “improbable que la totalidad de ellos lleguen a solicitarlos debido a la complejidad burocrática de las solicitudes”.

Es necesario dotar al Real Decreto del Gobierno de un carácter más social, concretando cuestiones como los criterios que se han de seguir en todo el territorio nacional para determinar cuándo un usuario se encuentra en riesgo de exclusión.

Es fundamental más cobertura para las personas y las familias en esta situación, mayores garantías de que no se les va a cortar el suministro, que todos los ciudadanos en dificultades tengan las mismas garantías en todo el territorio, y, por último, que se especifique en el decreto la forma de financiación de la factura de quienes se encuentran en riesgo de exclusión social con participación en la misma de las Comunidades Autónomas.

Se necesitan más ayudas para las familias y personas que se encuentran en dificultades, y pedir más garantías antes del corte del suministro en línea. Que no sea la compañía suministradora la que decida sobre el corte de energía, sino que se cuente con un informe del ayuntamiento sobre la vulnerabilidad del consumidor. Que no se pueda cortar el suministro energético a nadie sin un informe previo de los servicios sociales de los ayuntamientos.

La prioridad del PSOE es acabar con la desigualdad, y una de las caras más amargas y perjudiciales de ella para muchas familias con hijos pequeños, para muchas personas mayores que viven solas, es la pobreza causada por no tener acceso a un suministro energético básico que debería ser considerado como un bien de primera necesidad. No hay excusas para mirar para otro lado. Actuemos.