Hace dos semanas se cumplieron dos años de aquel 17 de agosto de 2017. Nuestras cotidianidades quedaron tocadas, de Barcelona a Cambrils, pasando por Ripoll, Vilafranca y Rubí. Salimos a la calle a decir que no tenemos miedo, que no estamos dispuestas a someternos a la doctrina de choque de las guerras globales y el fascismo. Y a pesar de la conmoción y la confusión de las primeras horas, de los primeros días gracias a los movimientos sociales fuimos algo más allá del no tenim por, recuperamos el viejo grito que desgraciadamente pervive: “sus guerras, nuestros muertos”.

Porque lo peor que podríamos hacer es aceptar los atentados como si se tratara de una catástrofe natural, como si fueran actos de violencia descontextualizados, sin pasado ni futuro. Hay que señalar el imperialismo, las estrategias militares de la OTAN, los intereses geopolíticos, el racismo, la islamofobia y la deriva securitaria. Y sobre todo hay que prevenirnos para no ser víctimas de los intereses de unos pocos que en un contexto de conmoción pueden imponer aquello que Naomi Klein denominó la “doctrina del choque”, basada en el aprovechamiento de un momento de choque y de crisis de una sociedad para transformar elementos sustanciales de esta.

Dos años, el tiempo pasa y los muertos no vuelven. La brutalidad de aquel 17 de agosto nos interpela a todos y a todas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Volverá a pasar? Y a pesar de que la Comisión de investigación de los atentados del 17A (CIAA) del Parlamento de Catalunya –y de la cual formo parte- lleva más de un año investigando las causas, los hechos y las consecuencias de los atentados, cargo la molesta sensación de que no se ha hecho suficiente para responder todas las preguntas necesarias para conocer la verdad. A pesar de que es temprano para concluir, me gustaría compartir 5 aprendizajes.

Policías periodistas, periodistas policías. Xavier Giró, coordinador del Máster en comunicación de conflictos armados, paz y movimientos sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), afirma en el artículo “Dolor innecesario y distorsión del entendimiento” publicado en el semanario La Directa el 18 de agosto de 2017 que “(...) publicar o emitir imágenes fuertemente emocionales, por otra parte, no contribuye a hacer que la audiencia se forme una idea equilibrada, completa y lo más ajustada posible a la realidad sobre los acontecimientos, las causas y las soluciones, sino que tiende a dibujar una representación mental sesgada hacia la pasión y la rabia contra quien ha sido identificado como el autor. A los culpables se les asocia la irracionalidad, se les califica de bárbaros, se los deshumaniza y, por lo tanto, hace aceptable que eliminarlos sea una solución.”

Aquellos días el código deontológico brilló por su ausencia en muchas redacciones: ni protección de la imagen de los menores, ni presunción de inocencia, ni contraste de la información y, a menudo, exceso de rumorología.

Y otro problema fue el seguidismo acrítico a la versión policial. Mossos d'Esquadra desplegó una estrategia comunicativa sin precedentes en las redes sociales y en varias ruedas de prensa. Ciertamente actuaron con profesionalidad en relación cuanto a su política de comunicación, pero estas situaciones en las cuales los cuerpos policiales se erigen como únicos conocedores de la “verdad” abren una puerta peligrosa. De repente, nada de lo que venga de una comisaría o de un agente policial puede ser cuestionado. Y, en cambio, siempre hay que cuestionarnos y tener claro que todos los aparatos del estado, el comunicativo también, son herramientas de reproducción de la doctrina de choque y solo una mirada crítica y una sociedad organizada puede hacerles frente. Siempre hay que ir más allá de informar puntualmente sin visión de conjunto.

Terroristas abatidos. La respuesta inmediata generó, como bien describe la investigadora del Barcelona Centre for International Affers (CIDOB) Blanca Garcés Mascareñas, “los tres nos”: no al terrorismo, no al racismo, la xenofobia y la islamofobia y no al miedo. La condena de la xenofobia casi al mismo nivel que la condena al terrorismo apunta que socialmente no aceptamos el marco de los unos contra los otros. Nosotros contra ellos, ellos contra nosotros. Occidente contra Oriente, Oriente contra Occidente. Aun así, esta distinción en la respuesta en comparación a otros hechos similares a nivel europeo podría haber sido más profunda.

Dos años después no hemos sido capaces de cuestionar temas fundamentales sobre aquellos días, a pesar de que lo hemos intentado. Me refiero a la gran dificultad que genera socialmente y políticamente la reflexión, el análisis y el debate sobre la muerte en manos de agentes de policía de cinco miembros de la organización criminal que perpetró los atentados. No hemos sido capaces de preguntarnos colectivamente si la doctrina del choque operó en este caso, si el contexto de conmoción y miedo nos llevaron a un lugar sin retorno donde derechos que hasta el momento eran incuestionables pueden ser vulnerados.

El filósofo camerunés Achille Mbembe en habla en relación a la brutalidad policial contra personas racialitzades en los EE. UU. y afirma que “La generalización del asesinato está inscrita en las prácticas policiales. La administración de la pena de muerte se ha desatado del ámbito del Derecho para volverse una práctica puramente policial”. Y sobre esto nadie quiere hablar, un hecho que lo demuestra es la rotunda negativa de todos los grupos parlamentarios a hacer comparecer el Jefe de la División de Asuntos Internos del cuerpo de Mossos d'Esquadra a la CIAA o que tampoco hayamos podido tener acceso a los atestados elaborados internamente por la División de Asuntos Internos sobre la actuación del cuerpo de Mossos d'Esquadra en relación a las intervenciones con resultado de muerte en Cambrils y en Subirats. Cuando la CUP hemos solicitado esta información siempre se ha sobreinterpretado como un señalamiento hacia los cuerpos policiales. Nada más lejos de esto, nosotros pensamos que en una sociedad democrática tendríamos que poder analizar y valorar qué funciona y que no, qué protocolos son correctos y cuales no y tendríamos que poder evaluar, evaluarnos, desde la máxima transparencia. Y esto en el Parlamento de Catalunya no ha sido posible.

Racismo e islamofobia, los peligros más grandes. “Estos niños eran niños como todos. Como mis hijos, eran niños de Ripoll”, escribía conmocionada una trabajadora social de Ripoll, Raquel Rull. Los jóvenes que perpetuaron los crímenes de Barcelona y de Cambrils de 2017 teóricamente formaban parte de un nosotros, de una cotidianidad arraigada a las plazas y en las calles de Ripoll, “eran niños como todos”. Entonces, ¿que ha pasado? La respuesta nunca la conoceremos del todo. Cómo dijo Marina Garcés en el pregón de las fiestas barcelonesas de la Mercè del 2017 “siempre tendremos la duda de si realmente querían morir matando, como hicieron”.

Hace falta, pues, que prestamos atención en aquello que sí que sabemos y de donde podemos sacar conclusiones para la no repetición. Hay que tomar conciencia de que vivimos atravesados por un racismo que se nos hace invisible pero que de forma estructural opera en el día a día. Racismo material, institucional y simbólico que traslada las fronteras externas a fronteras internas, en fronteras de la cotidianidad. El racismo nos atraviesa cada día cuando nos tragamos los relatos de la inseguridad de Albert Batlle o Miquel Buch para criminalizar vendedores ambulantes; también cuando vemos como amenazan los jóvenes adolescentes sin referentes familiares en Catalunya.

El racismo y la xenofobia siempre han tenido los mismos objetivos: marcar un nosotros opuesto a un ellos; construir de una forma o de otra un enemigo inasimilable que supone una amenaza para el nosotros. Pero a quién dejamos entrar en el nosotros y a quién dejamos pertenecer a ‘nuestra comunidad’ define también quién somos como pueblo. Y a la inversa, a quién le prohibimos la entrada a la sociedad y a quién negamos la pertenencia a la comunidad, también revela como nos imaginamos como nación y como pueblo. Y el nosotros que tenemos que construir contra el totalitarismo y los fanatismos solo será posible si erradicamos el perpetuo estado de excepción en el cual se encuentran sometidas las personas migradas y sus descendientes puesto que el estado de excepción comporta suspensión de derechos. Cómo explica el profesor de la Universidad de Girona (UdG), Mostafà Sahimi, hoy en nuestros barrios y ciudades “coexistimos pero no convivimos, existe una fractura social en nuestras vidas”.

Y a estas fronteras internas tenemos que sumar las políticas antiterroristas de carácter racista que a través de la creación de una categoría racial señala a las personas musulmanas como susceptibles de cometer un crimen. Se criminaliza a una comunidad de creyentes y se articula un despliegue institucional coherente con esta premisa. Y al más puro estilo de minority report despliega leyes, programas y protocolos de carácter preventivo que analizan factores de la vida cotidiana de las personas musulmanas que nada tienen que ver con hechos delictivos y se generan categorías muy perjudiciales, racistas y que vulneran derechos fundamentales con la excusa de una necesidad de prevención tan grande y peligrosa que actúa sobre hechos que no han sucedido. Y lo cierto es que esta forma de legislar y prevenir ha sido un auténtico fracaso de consecuencias enormes sobre las personas que han sido señaladas o detenidas “preventivamente”.

Guerra global, el negocio de la muerte. No se puede desfilar en nombre de la paz por la mañana y por la tarde hacer negocios con armas con Arabia Saudí o Turquía. Del mismo modo que no podemos hablar de Daesh o Estado Islámico sin habla del trío de las Azores, que tuvo como consecuencia la invasión injustificada de Irak el 2003 con la falsa excusa de las armas de destrucción masiva. Si hablamos de los hechos del 17 de agosto no podemos obviar cómo el Estado español ha participado de forma activa en la guerra global que castiga las clases populares y que expolia recursos y bienes a expensas de guerra y dolor en Irak. Así pues, la política del terror, la política del miedo no es exclusiva de los grupos terroristas. Se ha practicado mucho y la política de más impacto de terror se ha hecho desde el poder y desde los estados.

Además, cabe recordar que el Estado español es la séptima potencia mundial en venta de armas y si tenemos en cuenta que su economía no se sitúa en este séptimo lugar, deducimos que el peso económico del negocio armamentístico es proporcionalmente mayor al de otros estados. Si a esto sumamos los constantes incumplimientos de la normativa internacional en relación a la compraventa de armas se hace evidente que el Estado español es de los principales responsables de las guerras que asolan el mundo.

Conspiración o negligencia. Que dos años después de la muerte de veinticuatro personas hoy todavía plane tanta opacidad sobre cómo Abdelbaki Se Satty articuló y tramó los atentados de las Ramblas y Cambrils denota dejadez o incluso negligencia. Negligencia que ejercieron los partidos españoles en las Cortes para bloquear la comisión de investigación y que no puede suplir una comisión del Parlamento que topa cada dos por tres con materias consideradas secretos de estado. Pero mantener estos interrogantes abiertos da pie a imaginar todo tipo de conspiraciones.

Una de las principales incógnitas es cuál era la relación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Se Satty. Hace pocas semanas Carlos Enrique Bayo, periodista de Público, publicaba una serie de exclusivas titulada La verdad sobre la imam de Ripoll. Ciertamente, Bayo, intenta poner luz en un contexto de sombras, silencios y opacidad oficiales. Periodistas teniendo que dar explicaciones mientras los máximos responsables políticos del Estado rehúsan comparecer en el Parlamento de Catalunya. Tan solo José Antonio Nieto, exsecretario de Estado de Seguridad, aceptó la invitación y pudimos preguntar y conversar con él sobre los hechos.

A José Antonio Nieto, exsecretario de Estado de Seguridad, le pudimos preguntar sobre la presunta colaboración de Se Satty con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre Se Satty y el caso Chacal, sobre la comunicación entre los cuerpos policiales belgas y Mossos d'Esquadra o sobre las tres visitas que la Policía Nacional hizo en Ripoll buscando Se Satty. Ninguna de las preguntas fue contestada con la suficiente claridad que merece la investigación. Nieto pasó de una actitud segura y colaborativa a una actitud estridente y acusadora hacia los diputados y diputadas que preguntábamos. Conociendo su pericia a la hora de responder preguntas ante tribunales o diputados, no sorprende.

Desde mi punto de vista, hay que ser prudentes, a la vez, en dar por válidas todas las afirmaciones que Enrique Bayo hace en su serie de artículos. Por un lado porque no tenemos la total certeza de la veracidad documental de los informes porque sabemos que fueron elaborados a posteriori o porque, por ejemplo, sabemos del cierto que la hipótesis de Bayo sobre que Se Satty era del confidente B5 del caso Chacal no es cierta. Lo que sí que puedo afirmar después de más de un año de investigación y trabajo sobre el tema es que es bastante evidente que la relación de Se Satty con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado era más estrecha de lo qu describe Nieto. O que Mossos no aclara de forma suficientemente clara por qué el nombre de Se Satty no aparecía a las bases de datos consultadas. Que a pesar de unas políticas de hipersecuritización (por aquellas fechas estábamos en grado 4 de alerta antiterrorista) fracasaron en las tareas de prevención del ataque indiscriminado contra población civil.

Los días posteriores al atentado almorzamos, comimos y cenamos con noticias y opiniones, muchas muy superfluas, que querían aportar datos y explicaciones porque estábamos sedientos de comprender, necesitábamos entender como había sido posible aquel atentado que nos dejó rotos. Pasado el tiempo las aportaciones han mejorado de calidad pero continuamos sin haber hecho el aprendizaje que permitiría llegar a un mejor escenario. Reparar y trabajar para la no repetición exige superar la opacidad y los secretos de estado así como buscar explicaciones en las desigualdades estructurales que atraviesan nuestra sociedad y el conjunto del planeta.