FRANCISCA SAHUQUILLO

Casi 50 años después de que el presidente Kennedy lo proclamara ante el Congreso de Estados Unidos, cada 15 de marzo se celebra el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. En ese 15 de marzo de 1962, Kennedy dijo: “Somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas… Pero también el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados”.

Sin embargo, los consumidores –es decir, todos– tenemos un poder del que no somos conscientes. A veces se ha dicho, sin meditarlo, que somos los protagonistas del mercado, y es verdad, solamente los consumidores podemos decidir qué sector de la economía potenciamos y cuál no, e incluso si decidimos no potenciar ninguno, porque los tiempos de escasez nos impiden consumir, o nos asustan y decidimos ahorrar.

Hace sólo unos días, un alto cargo de la Administración hacía un llamamiento al consumo de los españoles y daba datos como que cerca de la mitad del PIB español es consumo privado. El representante de la Administración calculaba que si se redujera la tasa de ahorro en un par de puntos, la economía española crecería un 1% del PIB. Es decir, los consumidores, a los que se tiene muy poco en cuenta, mandan y mucho en la economía de los países.

Pese a su importancia económica, a todos los niveles, la prioridad no es ayudar al consumo, sino a las grandes empresas. En situaciones de crisis como la que actualmente vivimos es especialmente evidente el gran desequilibrio que existe entre los agentes económicos y los usuarios, y también cómo aumenta la situación de desigualdad en perjuicio de estos últimos. Asistimos a grandes retos para el consumidor en sectores, como, por ejemplo, el financiero, en el que clarísimamente hace falta una mayor regulación por parte del Gobierno.

Ahí están, a modo de ejemplo, el sobreendeudamiento excesivo de las familias o la imposición de condiciones injustas como las llamadas cláusulas suelo en las hipotecas, figura esta última que obliga a los clientes de las entidades a pagar un interés mínimo fijo, incluso aunque el euríbor se encuentre a un nivel inferior, y que está generando, afortunadamente, sentencias que declaran su nulidad. Sin embargo, las situaciones más abusivas y temerarias que se están produciendo son las ejecuciones hipotecarias, que obligan a miles de ciudadanos a seguir pagando de por vida un crédito hipotecario por una vivienda de la que han sido expulsados. Esta medida, consentida por la normativa vigente, atenta directamente contra los principios constitucionales.

Necesitamos un debate sobre qué tipo de energía queremos y necesitamos. Pero también necesitamos más que nunca, precisamente porque se ha producido una supuesta liberalización en ese sector, una verdadera competencia de ofertas. En la práctica hemos pasado de ser abonados cautivos en un mercado regulado y monopolístico a ser consumidores desorientados en un mercado oligopolístico sin posibilidad real de elección entre compañías comercializadoras.

El usuario, que a priori era el gran favorecido de este proceso de liberalización, sigue esperando sus beneficios en un momento de subida indiscriminada de precios y rebaja en la calidad del servicio. Es lamentable que, mientras los consumidores asisten como espectadores a las subidas exageradas de un servicio básico como es la electricidad, algunas compañías alcancen el mayor beneficio de su historia y esperen incrementos de entre el 5% y el 9% en algunas de sus partidas hasta 2012.

En cuanto a las telecomunicaciones, los problemas generales asociados a las deficiencias en la atención al consumidor se unen a otros específicos relacionados con la innovación tecnológica de este mercado, que hace que generalmente la normativa de protección vaya siempre por detrás de las prácticas abusivas. Se trata del sector que más quejas genera entre los consumidores, por temas como los servicios de tarificación adicional (SMS, números 800, 905), el alta en ofertas no solicitadas o no deseadas, la excesiva presión promocional, la publicidad confusa, cuando no engañosa, la dificultad para darse de baja o reclamar o las insuficientes garantías para la protección de datos.

Un consumidor es vulnerable si no está suficientemente protegido y se siente inseguro, como ocurre en la situación actual. Lo cierto es que todavía hay lagunas legislativas, aunque España siempre ha contado con una normativa avanzada en materia de consumo y que tiene sus figuras y sus hitos históricos: Ernest Lluch como ministro de Sanidad y Consumo y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984, que fue la respuesta necesaria y oportuna a la catástrofe de la colza, con miles de muertos y afectados en todo el país.

Desde esa legislación inicial hasta las últimas transposiciones de directivas comunitarias, pasando por la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores de 2006, se ha ido conformando un importante cuerpo normativo que en teoría garantiza en buena medida los derechos de los consumidores, pero que, sin embargo, en muchas ocasiones no consigue una aplicación efectiva, ya sea por la falta de coordinación (o de voluntad) de las administraciones, ya sea por el desconocimiento de los consumidores sobre sus propios derechos y sobre las vías para ejercerlos.

En ese sentido, los poderes públicos deberían ofrecer un mayor apoyo a las asociaciones de consumidores, que cumplen un papel determinante como expresión de la sociedad civil organizada y con legitimación para representar a estos y para defender ante los tribunales sus intereses particulares, colectivos o difusos. Un papel progresivamente reconocido, como lo demuestran las últimas encuestas de la UE, según las cuales la confianza de los consumidores en sus asociaciones se ha incrementado en un 47%.

Francisca Sahuquillo es Presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios. Exeurodiputada y exsenadora

Ilustración de Miguel Ordoñez