Este artículo es un fragmento del libro 'Villajero: El poder de los secretos' (Akal) del periodista y exdirector de 'Público' Carlos Enrique Bayo Falcón. La obra se presentará este lunes, 10 de julio a las 19:15 horas, en el espacio Ecoo de Madrid.

Hagamos ahora un paréntesis para resumir, analizar y contextualizar todo lo que se ha ido presentando en capítulos anteriores.

El gran negocio mafioso de las cloacas policiales del comisario Villarejo fragua porque está en el lugar y el momento adecuados: la cúpula de las Fuerzas de Seguridad legadas por la dictadura que se encarga de que todo siga “atado y bien atado” durante y después de la Transición. Veamos cómo y por qué:

La muerte de Franco coincide con una crisis económica que lleva al borde del abismo a la oligarquía que medró en la dictadura. Las élites ven con gran preocupación cómo la escalada de conflictividad laboral amenaza con perpetuar la senda de subidas salariales de la anterior década y media del franquismo, las mayores de la historia de España[1].

Hay un precedente similar, la época anterior al golpe de Estado de 1936 que generó la Guerra Civil. Pero esta vez el recorte de los avances laborales tenía que adecuarse a la democratización formal del país y a su incorporación a la Comunidad Económica Europea (CEE). Así que se pusieron en marcha los Pactos de la Moncloa[2], para traspasar la carga de la crisis financiera a los trabajadores –que renunciaron a mejorar su nivel de vida en 1978 y siguieron perdiendo poder adquisitivo diez años más–, y se transformó la engrasada maquinaria de represión e información del franquismo en una policía paralela al servicio de los intereses financieros de la oligarquía.

Ésa es la verdadera historia de un entramado policial, político, judicial y mediático que secuestró la naciente democracia posfranquista desde las sombras y mantuvo a la sociedad española como rehén inconsciente de una élite económica todopoderosa que gestionó la herencia de la dictadura.

La primera investigación académica sobre el papel de los confidentes y los secretos de la dictadura en el modelo español de transición a la democracia (aparecido a finales de 2021 en la publicación académica Historia Actual) ha demostrado cómo el control y utilización de los secretos sobre los represores y colaboradores de la dictadura (los archivos de la Policía política del franquismo y las actividades de sus informantes) han sido clave durante décadas para que las élites del régimen consolidasen y perpetuasen su enorme poder financiero. Además, lo hicieron gracias a gozar de una impunidad absoluta, forjando instituciones y creando una policía paralela (en la que Villarejo era sólo un alfil) que han reproducido su poderío hasta el día de hoy a costa de que España padezca los peores índices de Europa en niveles salariales, desempleo, precariedad laboral, pobreza infantil y redistribución de la riqueza.[3]

Transición: Grecia y Portugal, mucho mejor que España

Los resultados de la larga investigación de la economista Vanessa Damiano Sánchez (Universidad de Barcelona) están condensados en las 18 páginas del artículo Esqueletos en el armario de la Transición española. Transparencia y desigualdad en transiciones a la democracia[4]. Pero los materiales originales y las tablas completas de ese amplio estudio comparativo analizan más exhaustivamente los casos de Grecia y de Portugal, contrapuestos al de España porque en nuestro país la democratización fue dirigida desde las élites del régimen autoritario anterior a través de un “pacto” o “negociación”, sin ruptura revolucionaria con el marco legal de la dictadura. En cambio, “en Grecia y Portugal se produjo a través de una ruptura y de una revolución, respectivamente, cogiendo totalmente desprevenidas a sus élites, que vieron así debilitada su posición negociadora” y su capacidad para controlar las instituciones y chantajear a los políticos.

La diferencia es notable porque destaca la menor redistribución de la riqueza en España tras una transición pactada, con respecto a las transiciones mediante ruptura de esos dos países, como demuestra el estudio del catedrático de Ciencias Políticas y Sociología, Robert Fishman, aportando numerosas pruebas no sólo de “la mayor prioridad que se ha dado en la política portuguesa al empleo, como objetivo económico; sino también el mayor éxito de Portugal en atender las demandas sociales de los sectores más desfavorecidos, con mayor gasto público en beneficios sociales y educación, además de conseguir un crecimiento más igualitario y mayor reducción de la pobreza”[5].

España también presenta índices de desigualdad superiores incluso a Grecia, pese a que ese país ha sido devastado económicamente por la imposición de la política de austeridad de la UE tras ser duramente golpeado por la crisis financiera mundial de 2008.

Pero más sobresaliente todavía es que en estos dos países del sur de Europa se ha podido descartar la existencia de las redes clandestinas de poder que ha generado el modelo transicional de España y que han salido a la luz en los últimos años con la judicialización de la trama policial mafiosa del comisario Villarejo. La investigadora ha indagado “la vinculación entre el poder económico-financiero y los antiguos servicios de información de la policía política, basada en la existencia de información comprometida,” y ha analizado los resultados con la metodología del rastreo de procesos. Eso le ha permitido confirmar “la relación entre las medidas de falta de transparencia sobre la represión de la dictadura y la reproducción de redes clandestinas de poder conformadas por cierta élite, que ha instrumentalizado esa deficiencia a su favor”.

De hecho, sus pesquisas científicas y análisis académicos confirman plenamente las exclusivas periodísticas publicadas a lo largo de los últimos seis años por las periodistas Patricia López y Pilar L. González de Lara, así como por mí, en Público, sobre la existencia de una policía paralela al servicio de los multimillonarios y de las familias que se enriquecieron con el franquismo y la privatización posterior de las grandes compañías del Estado. Un cáncer sistémico de la Transición española que no ha sido nunca expuesto en su verdadera dimensión por los principales medios de comunicación que, finalmente, están aireando con años de retraso detalles concretos de cada uno de los escándalos contenidos en las decenas de piezas separadas en las que la Audiencia Nacional ha dividido, de momento, el gigantesco entramando del caso Tándem, descubierto gracias a los archivos secretos de Villarejo.

“Esqueletos en el armario” de la Europa de la posguerra

Precisamente de archivos secretos, y de su manipulación como elementos de chantaje a los poderes políticos y judiciales, es de lo que trata este análisis sin precedentes sobre la Transición española en su conjunto, basándose en la “teoría de esqueletos en el armario” elaborada por Monika Nalepa, actualmente catedrática de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago, para explicar la justicia transicional en la Europa poscomunista[6].

Porque en la ocultación y utilización de esos archivos confidenciales se cimentó el imperio mafioso con el que las élites económicas tardo-franquistas asentaron su control absoluto de las instituciones democráticas, bajo la cobertura de la monarquía[7] y mediante la estructura creada por miembros de la Brigada Político-Social y de los servicios secretos de la dictadura, cuyos más destacados agentes pasaron a dirigir los gabinetes de Seguridad de las principales compañías y entidades financieras de España. Desde esos nodos de poder se construyó un gigantesco entramado de sicarios al servicio de los potentados, con la complicidad de jueces y fiscales que ampararon esa trama. Una organización criminal en la cúpula del poder del Estado que ha controlado toda la Transición y ante la cual las mayores tramas corruptas de los partidos son meras anécdotas.

Esa organización criminal de mandos de la policía política del franquismo, la mayoría de ellos bregados en la feroz represión en Euskadi desplegada desde que los servicios secretos de Carrero Blanco pusieron al frente de la lucha antiterrorista allí a José Sainz González (primer jefe de Villarejo), se hizo con el poder real dentro de la Policía durante más de 40 años de democracia, y hasta hoy[8], a causa del pacto de punto final que produjo la Ley de Amnistía de 1977. Un borrón y cuenta nueva que no sólo exoneró a todos los responsables de los crímenes de la dictadura sino que incluso mantuvo en sus puestos a los que dirigieron la siniestra Brigada de Investigación Social (la que se conocía como “político-social”), fundada por la Gestapo y encabezada por el brutal comisario Roberto Conesa.

La policía política franquista se perpetúa en España

Lo único que se hizo fue cambiar los nombres de cada cuerpo policial: la Dirección General de Seguridad pasó a llamarse Dirección General de la Policía, y la policía política pasó a ser Brigada Central de Información, primero, y después Comisaría General de Información. Pero siguieron mandando los mismos, que además eligieron a sus sucesores y ascendieron a sus discípulos, porque Adolfo Suárez encargó la “modernización” de la Policía al implacable falangista reconvertido Rodolfo Martín Villa, quien nombró a José Sainz al frente de la nueva Subdirección General de Seguridad y aceptó su exigencia de que se instaurase un sindicato policial (al principio llamado “asociación”, puesto que aún no existía libertad sindical) encargado de impedir cualquier democratización interna de las fuerzas de seguridad y de garantizar la impunidad absoluta de los agentes frente a presiones políticas o judiciales.

Esa Asociación Profesional de la Policía reunió a los más destacados represores de la policía política en Euskadi: el propio José Sainz (jefe en Vizcaya), Manuel Ballesteros (jefe en Guipúzcoa) y Rafael del Río (jefe en Álava), encargados de dirigir la “modernización”, junto al servicio secreto militar SECED (antecesor del Cesid, luego CNI) y con otros destacados jefes policiales franquistas, como José Luis Fernández Dopico y Agustín Linares Molina, quien años después apadrinó el reingreso y ascenso de Villarejo en el Cuerpo Nacional de Policía tras su larga excedencia para enriquecerse con operaciones ilícitas de espionaje privado.

En la primera época, Villarejo había estado en Bilbao como fiel secretario de Sainz, por lo que el subinspector que después sería comisario-jefe de las cloacas de Interior fue nombrado vicepresidente de esa Asociación Profesional de la Policía, encargado de la comunicación y de dirigir la revista Tribuna Policial.

Suárez, tras ganar las elecciones de 1979 que todos los poderes fácticos querían que perdiera, nombró ministro del Interior al capitán general de la IV Región Militar (Cataluña) y director general de la Guardia Civil, Antonio Ibáñez Freire, quien había sido gobernador civil y jefe de la Falange en Vizcaya y Barcelona, y lucía una Cruz de Hierro con la que le galardonó el Tercer Reich cuando la Gestapo montó las fuerzas de seguridad de Franco. El sucesor de Martín Villa ascendió a José Sainz a la cúspide la Dirección General de la Policía, entregando definitivamente el cuerpo a los artífices de la represión franquista.

A Sainz le sucedió Rafael del Río, comisario de la político-social en Éibar durante la dictadura, mientras Villarejo llegaba a secretario general del sindicato de los jefes policiales (SPCSP) y se enfrentaba con la Unión Sindical de Policía (USP) de Modesto García, afín al PSOE. A Ibáñez Freire le reemplazó Juan José Rosón, quien dirigió durante el franquismo el fascista Sindicato Español Universitario (SEU) y la TVE del No-Do, para ser encumbrado como gobernador civil de Madrid tras la muerte del dictador.

Una Ley de Secretos Oficiales dictatorial todavía vigente

En este clima político violento –a causa de la persistente represión policial, los comandos de pistoleros de ultraderecha y los atentados de ETA– se produjo el golpe militar del 23-F, tras el que tanto el sumario de la causa judicial como las actas del juicio en la Audiencia Nacional se han mantenido ocultos hasta el día de hoy, bajo el manto de la franquista Ley de Secretos Oficiales 9/1968. Una legislación dictatorial que no sólo sigue todavía vigente, porque no ha sido derogada en toda la democracia, sino que incluso ha sido reforzada después tanto por los gobiernos del PP como por los del PSOE, que han ido ampliando los conceptos por los que se pueden esconder indefinidamente a la opinión pública las decisiones y medidas tomadas por las autoridades.

En el año siguiente al golpe del 23-F, cuando ya era indiscutible que Felipe González iba a arrasar en las elecciones generales, se le dejó claro al líder del PSOE que el presidente elegido en las urnas no iba a tener el control de las Fuerzas Armadas ni de las de seguridad, encargándose Rosón de indicarle quiénes habían de ser los ministros de Defensa y de Interior, designados por las élites económicas. Hasta el mismo Villarejo se permitió advertirle personalmente a González de que “sus escoltas son también policías y van armados”.

Fue en ese trance cuando se puso en práctica uno de los más descarados chantajes policiales al poder político: el sindicato SPCSP de Villarejo se hizo con una cartera donde Manuel Plaza, miembro del rival USP, guardaba las fichas internas sobre los propios policías que habían elaborado agentes afines al PSOE para impulsar una renovación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando consiguieran ganar las elecciones. Así descubrieron los jefes de la Político-Social que se estaba preparando una purga de los mandos policiales de la represión, en cuanto Felipe González ocupase la Moncloa.

La respuesta fue inapelable: la sustracción de millares de expedientes policiales internos del franquismo que comprometían a dirigentes y militantes socialistas y comunistas por su anterior colaboración con el régimen, con la amenaza directa que hacer públicos todos esos datos y destruir las incipientes carreras políticas de los que ya se veían en el poder tras las elecciones.

El robo de esos 2.000 expedientes policiales, cometido por Sebastián Fernández Dopico (hermano del antes citado director general de la Policía) y su subalterno José Luis Rodríguez Zarco, forzó a González a descartar al candidato del USP, Carlos Sanjuán, y nombrar ministro del Interior al exfalangista José Barrionuevo. Asimismo, Rafael Vera fue también impuesto como secretario de Estado de Seguridad –así que no hubo un solo “Señor X” del terrorismo de Estado del GAL, sino bastantes más–, igual que Narcís Serra fue colocado en Defensa para “modernizar” el Ejército tras el 23-F y meter a España en la OTAN.

Años después, Serra protagonizaría el caso del agujero de activos inmobiliarios tóxicos en Catalunya Caixa y se descubriría que él pagó personalmente el informe Crillón contra Mario Conde, en plena guerra de dosieres de chantaje y extorsión, como explicamos a continuación.

5.000 expedientes policiales sustraídos para hacer chantaje

En realidad, los expedientes policiales sustraídos por los mandos herederos del franquismo fueron en total unos 5.000, y los 3.000 restantes –incluyendo los de torturadores y confidentes policiales, muchos de los cuales treparon luego a las alturas del poder político democrático haciéndose pasar por antigua oposición antifranquista– no fueron destruidos, como se sostiene en la historia oficial, sino atesorados como caudal de chantaje durante toda la democracia. Barrionuevo y Vera acabaron en prisión, pero la cúpula policial (y del servicio secreto) franquista siguió controlando durante décadas a los sucesivos jefes de las Fuerzas de Seguridad y chantajeando a los diferentes gobiernos, siempre al servicio de las élites económicas procedentes de la dictadura, que iban promocionando a sus propios delfines para perpetuar esa sociedad secreta.

Mario Conde trató de formar parte de esas élites, y contrató a Sebastián Fernández Dopico para que le organizase su propia infraestructura de seguridad e información, con el fin de obtener informes sobre competidores, antagonistas o adversarios, junto a varios expolicías y exagentes del CESID. Además, consiguió que el exjefe de la Agrupación Operativa del servicio secreto, Juan Alberto Perote, le entregase 1.200 microfichas con toda la información clasificada sobre la guerra sucia del GAL, así como los archivos secretos del 23-F. Pero todo ello, que comprometía directamente a Juan Carlos I y probaba el origen político e institucional del golpe (según fuentes de plena solvencia recabadas por mí tras una larga investigación[9]), no le bastó al banquero para blindarse frente a los amos de las cloacas de Interior y sus sicarios, coordinados por Villarejo, que ocupaban todos los ámbitos del poder económico, político y policial.

La detención, procesamiento y condena de Conde demostró que las élites posfranquistas no permiten que les disputen el poder advenedizos recién llegados y sólo admiten en el superselecto Círculo de Gstaad[10] a los discípulos escogidos y preparados en el club de la beautiful people que nutre el relevo de los nuevos amos del país, como Adrián de la Joya (“tronco” de Villarejo en Marbella), Borja Prado (hijo del administrador de la fortuna ilícita del rey[11]) o Florentino Pérez (forjado en el Ayuntamiento de Madrid, primero con la UCD y después con López del Hierro, marido de Cospedal, y con Barrionuevo).

El desarrollo secreto de la larga Transición controlada por ese poder en las sombras dejó un reguero de operaciones encubiertas y escándalos soterrados, desde la sospechosa matanza de los abogados de Atocha o el montaje policial del supuesto atentado en la sala de fiestas barcelonesa Scala (diseñado para destruir a la CNT), hasta el pavoroso incendio del edificio Windsor (que destruyó, justo al día siguiente de que lo reclamara el fiscal, el informe de la auditora Deloitte[12] sobre el pelotazo de la venta de FG Valores por Francisco González, tras ser designado por Aznar para hacerse con el control del BBVA), sobre el que Villarejo escribió que había sido intencionado para eliminar las pruebas contra el presidente de la entidad bancaria.

Hacer y deshacer gobiernos a golpe de secretos y de fakes

La lista de casos en los que se utilizó, robó, falsificó, mutiló, fabricó o destruyó información secreta para chantajear y coaccionar durante la larga Transición es interminable: los papeles de Manglano (todos los detalles de la guerra sucia del GAL); el informe Jáudenes[13] (la implicación del servicio secreto en el 23-F); el archivo Jano (del CESID sobre los secretos de políticos y magnates); el informe Crillón (encargado a la agencia Kroll sobre Mario Conde); la Operación Kitchen (para destruir las pruebas de la Caja B del PP); el informe PISA (montaje del DAO y de la UDEF para hundir a Podemos)…

Con el chantaje de documentos secretos se impusieron los ministros del primer Gobierno de González, y con la difusión de documentos secretos del GAL se hizo caer a su último Gobierno. Y las filtraciones de las pruebas de corrupción del PP, del PSOE y de CiU acabaron con sus gobiernos nacionales o autonómicos una y otra vez.

La investigación académica de Damiano hace un repaso tan exhaustivo del medio centenar de altos cargos policiales franquistas que formaron las redes secretas del poder económico durante la democracia, que sus tablas han tenido que ser resumidas para el artículo académico publicado. Su versión íntegra muestra cómo gran parte de las compañías que integran el índice bursátil de referencia IBEX-35 han participado en esas redes clandestinas de poder gracias a la contratación de mandos policiales franquistas como directores de su Seguridad corporativa, que se coordinaban con la cúpula de la Policía Nacional para cometer múltiples delitos propios de una inmensa organización criminal mafiosa.

Sólo con el estudio judicial de la mitad del archivo de documentos y audios incautado a Villarejo ya han sido imputados o investigados los más altos cargos de gigantes como Iberdrola, BBVA, Repsol y CaixaBank; y muchas más grandes compañías han sido implicadas o relacionadas con esa trama colosal: OHL, ACS, Telefónica, Prosegur, Indra, Mutua Madrileña, Grupo Planeta, Banco Santander, Airtel Móvil, Procisa, Constructora San José, Tabacalera, Interligare…

En todos los casos, el nexo de conexión con las cloacas de Villarejo eran los mandos policiales franquistas que siguieron al frente de las Fuerzas de Seguridad al principio de la democracia y después dejaron allí a sus delfines para pasar a disfrutar de salarios millonarios en poderosas empresas privadas, especialmente las que fueron privatizadas por los gobiernos de González o de Aznar.

Un modelo de transición que da impunidad total a las élites

El informe de Damiano abre la puerta a un análisis académico sin precedentes sobre las consecuencias de ese modelo de Transición: impunidad absoluta de las élites, con redes secretas de poder cimentadas en la continuidad de las estructuras represoras de la dictadura, además de las desproporcionadas desigualdades económicas, laborales y sociales que padece España y que la sitúan a la cola de Europa en esos ámbitos. De hecho, el trabajo de la licenciada en Económicas y doctoranda en Investigación Sociológica señala los casos de Polonia y de Hungría como principales países que siguieron el modelo español de transición, incluso asesoradas por algunos de los protagonistas de nuestro país, y subraya sus evoluciones democráticas poco ejemplares que han llevado a enfrentar a sus gobiernos con las instituciones de la Unión Europea.

Sus conclusiones, en base al estudio comparativo de las decenas de transiciones ocurridas en el mundo, son demoledoras: la transparencia sobre los ejecutores de la represión en una dictadura y los colaboracionistas secretos con el régimen es la única vía de justicia transicional que logra una verdadera redistribución del poder político y económico, frente a los procedimientos que ahora se buscan en España a través de procesos judiciales o comisiones de la verdad, que resultan inútiles sin transparencia sobre el verdadero papel que jugaron los escalones superiores de los partidos opositores. Incluso en Polonia se ha llegado a descubrir que un elevado número de los diputados que se sentaban en el Parlamento polaco democrático habían sido colaboracionistas con el régimen de Jaruzelski durante la represión impuesta desde el Kremlin. Un tipo de investigación que sigue siendo hoy totalmente imposible en España.

Como un verdadero “Modelo Español de Impunidad” –explicado por el magistrado de la Audiencia Nacional y vocal del CGPJ Ramón Sáez Valcárcel[14] en el mismo dossier de Historia Actual Online en el que fue publicado el artículo de Damiano: El "Modelo de impunidad español": Pasado, presente y futuro (1977-2020)–, lo que la Transición española demuestra es que la falta de transparencia sobre el final de la dictadura, como ocurre todavía hoy en España, permite la continuidad de la estructura judicial y policial del régimen anterior, impide la redistribución de la riqueza tras el fin del sistema autoritario y facilita la creación de redes clandestinas de poder económico que bloquean el normal desarrollo del sistema de mercado y de la competencia, instaurando oligopolios capaces de chantajear a los gobiernos surgidos de las urnas.

Porque “en el sur de Europa se observan dos estrategias claramente diferenciadas a la hora de lidiar con los colaboradores directos de la dictadura y su continuidad en las instituciones públicas”, escribe Damiano. “El caso español resultó una excepción, permitiendo la continuidad de muchas de las instituciones de la dictadura y de sus colaboradores, cambiando simplemente su estatus legal en consonancia con una Transición negociada sin ruptura. Por el contrario, en los casos de Grecia y Portugal se realizaron intensas purgas, tanto en relación con los integrantes del Gobierno como en el cuerpo de funcionarios, abarcando entre otros a los cuerpos militares y la Policía, especialmente la policía política. Además, en ambos casos hubo disposiciones para la apertura de los archivos secretos de la dictadura, los archivos de la represión y de la policía política”.

Los ejemplos portugués y griego de purgas tras una dictadura

“En el caso portugués, se aprobaron leyes a tal efecto, de tal forma que a finales de 1975 permitieron la purga de 20.000 personas entre antiguos gobernantes, dirigentes del partido único, la Legión Portuguesa y funcionarios públicos de diversos ministerios. En el Ejército se expulsó a más de 300 efectivos de todas las graduaciones y se depuró la policía militarizada de la dictadura (Guardia Nacional Republicana), aunque los únicos agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado sometidos a juicio fueron los integrantes de la policía política (PIDE-Polícia Internacional e de Defesa do Estado). Hubo purgas en otras muchas instancias como universidades, Justicia y administraciones locales. El archivo personal de Salazar y los archivos de la PIDE fueron incorporados a los Archivos Nacionales”.

“En Grecia, los miembros de la Junta Militar fueron juzgados y condenados a muerte, pena después conmutada por la cadena perpetua. Se realizaron purgas (el denominado proceso de apo-untopoiisi) que afectaron a 100.000 personas, atañendo a todos los cargos directos relacionados con la dictadura y a los cuerpos de funcionarios, especialmente en las universidades. En cuanto a los archivos de la dictadura y la represión, en un primer momento fueron revelados y se utilizaron para condenar a los responsables de violaciones de derechos humanos”.

Todo esto no puede ser más distinto de lo ocurrido en España, cuya “modélica” Transición sigue siendo un misterio para la ciudadanía porque la verdad de lo ocurrido permanece oculto en las sombras de una Ley de Secretos Oficiales dictatorial que sigue vigente, y no se puede corregir ni reparar porque la Ley de Amnistía preconstitucional es esgrimida como coartada para que la Justicia no cumpla su cometido con los represores, los colaboracionistas y los que se enriquecieron con esos crímenes y violaciones de los derechos humanos.

Este capítulo lo encabezábamos con el axioma propuesto por Jon Elster[15]: “Las promesas hechas en las negociaciones de la mesa redonda que otorgan tolerancia a los autócratas salientes no son creíbles”. ¿Por qué, entonces, hay autócratas que las aceptan y luego se mantienen largo tiempo en algunos casos?

El caso español es paradigmático, más que los de Europa del Este analizados en “la teoría de esqueletos en el armario”, ya que la ley de 1977 amnistió a todos los funcionarios, autoridades y agentes del orden que hubieran violado “los derechos de las personas”[16]. Esta ley sigue intacta pese a los intentos de las víctimas por obtener reparación en tribunales españoles o argentinos, y de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU amonestase a España por el mantenimiento de la ley, sugiriendo su derogación[17].

Ejemplos recientes de transparencia independientemente del tiempo transcurrido los encontramos en Brasil o los Países Bajos.

El proyecto Oorlog voor de Rechter[18] (La guerra ante los tribunales) del Archivo Nacional de Países Bajos va a hacer públicos a partir de 2025 los datos de 300.000 holandeses que fueron investigados o juzgados después de la Segunda Guerra Mundial por su colaboración con los nazis. Con ello se pretende abordar el pasado de una forma más estructurada, permitiendo ver qué pasó con la gente corriente, con las víctimas. Hasta ese momento el acceso a estos documentos estará restringido por la Ley de Archivos para proteger la privacidad de las personas que aún viven, por lo que el acceso solamente puede hacerse en una sala de lectura cerrada y bajo estrictos requisitos.

A partir de 2025, con la documentación digitalizada accesible a través de un buscador, las indagaciones podrán hacerse libremente e incluso utilizar la inteligencia artificial para combinar datos. La iniciativa aportará nueva información a los implicados sobre historias que no se han contado, tanto para los descendientes de los sospechosos y las condiciones que vivieron, como para las familias de las víctimas.

A nivel de la calidad del ejercicio de transparencia, es la primera vez que se va a efectuar una digitalización de documentación a la escala que lo va a realizar Países Bajos y abre nuevas posibilidades al estudio del pasado.

Por último, los datos preliminares indican que los siguientes países han practicado la transparencia en el tratamiento de su información comprometida (la llamada “kompromat”[19]): Grecia, Portugal, Argentina, Chile, Polonia, Hungría, República Checa, Alemania del Este y Guatemala. Es un punto de partida para el estudio sobre la eficacia redistributiva de esta medida en el futuro análisis de un número elevado de casos de transiciones de la dictadura a la democracia.

En el próximo capítulo, le damos la palabra a la investigadora Vanessa Damiano para que resuma su completísima indagación sobre la formación, el contenido y el alcance de la gran trama de policía paralela al servicio de las élites que ha perpetuado el posfranquismo en España durante más de cuatro décadas de democracia formal.

[1] Una escalada salarial que muy pocos historiadores y casi ningún político citan ni valoran en su verdadera importancia.

[2] Las siete preguntas clave sobre el papel de los Pactos de la Moncloa en la Transición / Carlos Enrique Bayo – Público (06/04/2020)

[3] La Transición se desarrolló bajo el chantaje de secretos que hoy siguen ocultos / Carlos Enrique Bayo – Zorrotz (25/11/2021)

[4] Esqueletos en el armario de la transición española. transparencia y desigualdad en transiciones a la democracia / Vanessa Damiano Sánchez – Historia Actual Online (15/10/2021)

[5] Democratic practice: Origins of the Iberian divide in political inclusion / Robert M. Fishman – Oxford University Press (23/05/2019)

[6] Skeletons in the Closet: Transitional Justice in Post-Communist Europe / Monika Nalepa, University of Notre Dame, Indiana – Cambridge University Press, New York (junio de 2012)

[7] Juan Carlos I intercedió con el Constitucional para librar a 'Los Albertos' de prisión el año que recibió 100 millones en una cuenta opaca / Carlos Enrique Bayo – Público (08/04/2021)

[8] Deconstruyendo a Villarejo (III). La ‘modernidad’ / Gloria Elizo – CTXT (17/04/2021)

[9] Juan Carlos I y su gestor financiero mintieron al exjefe del Cesid Manglano para ocultar el origen de su fortuna / Carlos Enrique Bayo – Público (28/10/2021)

[10] Los audios de Lezo destapan la conexión de las tramas corruptas: el "Círculo de Gstaad" / Carlos Enrique Bayo – Público (12/05/2017)

[11] Manuel Prado traspasó a Alberto Alcocer la gestión de la fortuna del rey y justo después Fasana creó la cuenta 'Soleado' / Carlos Enrique Bayo – Público (20/07/2021)

[12] Deloitte Tohmatsu Limited, la empresa de servicios profesionales más grande del mundo.

[13] Elaborado por el entonces teniente coronel Juan Jáudenes Jordana, jefe de la División Interior del Cesid: Los secretos del 'informe Jáudenes' / Miguel González – El País (23/02/1997)

[14] LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA Y LA IDEOLOGÍA JURÍDICA DEL OLVIDO / Ramón Sáez Valcárcel: “El Modelo Español de Impunidad de los crímenes de la dictadura, prototipo de crímenes de Estado, se sustenta en una ley preconstitucional, en el fracaso de la política por la ausencia de medidas de Justicia Transicional y en las decisiones de los jueces que negaron el acceso de las víctimas a la tutela jurisdiccional. Un marco que ha sido elaborado por la ideología jurídica del olvido y la negación de la historia”.

[15] Closing the books: Transitional justice in historical perspective / Jon Elster – Cambridge University Press (2004)

[16] Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (BOE, 17 de octubre de 1977)

[17] Examen de los informes presentados por los Estados partes con arreglo al artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. España / Naciones Unidas – Comité de Derechos Humanos. Ginebra (octubre de 2008)

[18] Países Bajos arroja luz a la sombra del nazismo / Isabel Ferrer, La Haya – El País, (18/02/2023)

[19] Qué es el "kompromat", la vieja táctica rusa para conseguir información comprometedora y chantajear / Redacción BBC Mundo (12/01/2017)