Vicenç Navarro

Una de las percepciones más generalizadas que han existido en la cultura política del país es que la Transición de la dictadura a la democracia en España fue modélica. Esta percepción alcanzó casi la categoría de dogma en los establishments políticos y mediáticos del país durante muchos años. Cuestionar el carácter modélico de la Transición era arriesgarse a recibir toda una serie de improperios o, lo que es peor, a ser totalmente ignorado, puesto en cuarentena ideológica, para proteger a la población de una posible contaminación. Este dogma todavía se reproduce hoy, a pesar de que la evidencia, que se ha ido acumulando durante el periodo democrático (1978-2009) sobre la falta de ejemplaridad de esta Transición, es robusta y abrumadora. España continúa teniendo una de las democracias menos desarrolladas de la Unión Europea (su sistema electoral, por ejemplo, es uno de los menos proporcionales y representativos de Europa) y es uno de los Estados de bienestar más atrasados de la Unión Europea (el gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15, el grupo de países de la Unión Europea de semejante desarrollo económico al nuestro).

Resultado de la manera como se hizo la Transición, existen dos versiones del pasado que se han promovido en los mayores medios de información de España. Una versión (la de derechas) todavía justifica hoy el golpe militar y la dictadura que implantó aludiendo que era necesaria para parar un mal mayor, el comunismo. La otra versión (más cercana al centro ideológico) niega la anterior, desmintiendo que existiera peligro de que en nuestro país se estableciera el comunismo. Según tal versión, en el caso de que la República hubiera ganado lo que se define como Guerra Civil (que, en realidad, fue un golpe militar al que se opusieron la mayoría de las clases populares de las distintas naciones y pueblos de España), habríamos tenido una democracia como ahora, con escasas diferencias, excepto que en lugar de un rey, tendríamos un presidente de la República. Pero, por lo demás, la situación sería parecida a la existente ahora. Esta versión de los hechos lleva implícita la suposición de que la Transición fue modélica, convirtiéndonos en una democracia homologable a cualquier otra democracia europea. De ahí que, aunque llevase tiempo, hemos llegado a donde queríamos llegar.

Considero tales versiones, incluyendo la segunda, profundamente erróneas. Creo que existe suficiente evidencia histórica para concluir que en caso de que hubieran ganado las fuerzas democráticas, derrocando el golpe militar (lo cual habría ocurrido de no contar el golpista Franco con la ayuda de Hitler y Mussolini), tendríamos una España muy distinta. También la tendríamos distinta si la Transición, en lugar de ser resultado del pacto entre el Estado franquista, por un lado, y las izquierdas (que acababan de salir de la cárcel o del exilio), por el otro, hubiera sido consecuencia de una ruptura con el régimen anterior, determinada por movilizaciones generalizadas que hubieran forzado al rey a dejar el país, estableciéndose un sistema republicano que se hubiera considerado, asimismo, heredero de la Segunda República. En ambos casos, la España actual sería hoy muy diferente, mucho más democrática, con unas izquierdas más poderosas y con mayor sensibilidad social. Y una de las características del Estado sería que España incluiría otras tres nacionalidades –catalana, vasca y gallega–, con instituciones representativas propias, que tendrían sus propias políticas fiscales, dentro de un marco de solidaridad interterritorial. Esta visión plurinacional del Estado español no se reconoció en la Transición y ello a pesar de que la Constitución habla de nacionalidades. En realidad, el Estado de las autonomías negó la plurinacionalidad del Estado español. Y el café para todos que conlleva tal Estado de autonomías puede abocar a la desintegración de España. Cada petición de mayor autonomía y de recuperación de la identidad nacional por parte de Catalunya, se transforma automáticamente en idéntica petición por parte de las otras CCAA. Se están, así, construyendo 17 Catalunyas, lo cual puede llevar a la desintegración de España. Los ejemplos de ello son múltiples. Catalunya necesita toda una serie de instituciones para recuperar y mantener su identidad nacional, que incluye también la protección de su cultura, que está siempre en peligro de desaparecer (como ha ocurrido con la Catalunya francesa, en la que los franceses catalanes ni siquiera saben hablar catalán), necesidades que no tienen la mayoría de las CCAA, pues no tienen tal riesgo, ya que la cultura castellana, a la cual pertenecen la mayoría, no tiene problemas de supervivencia.

Es justo que la igualdad de los españoles deba quedar garantizada en su acceso a los servicios del Estado del bienestar, entre otros. Pero durante todos estos años, antes de que se cambiara la financiación autonómica, Catalunya tenía que garantizar, no sólo tal acceso, sino también desarrollar su identidad y las instituciones que la apoyaran. Pedir que se sea sensible a estas diferencias no quiere decir, como las derechas (y algunas voces de izquierdas) constantemente y maliciosamente argumentan, que los catalanes sean insolidarios, o que se crean superiores. Esta presión para que todo lo que tenga Catalunya lo tengan todas las CCAA está creando divisiones artificiales dentro de España, convirtiendo cada CCAA en una nación. Es una incoherencia que aquellos que niegan el carácter plurinacional del Estado español se presenten ahora como los defensores de España, continuando el argumento utilizado por los golpistas de 1936 en contra del Gobierno democrático republicano que comenzó a reconocer la plurinacionalidad de España. Ellos son los que dañaron y continúan dañando enormemente España, y pueden acabar rompiéndola.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Ilustración de Juan Pablo Cambariere