El PP ha puesto en el punto de mira al Tribunal Constitucional, una de las instituciones más importantes a la hora de garantizar las libertades democráticas a través de la aplicación de nuestra Constitución que la derecha dice defender. La causa para este ataque es la serie de sentencias que están liberando y exonerando a los antiguos altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía por el llamado caso ERE. ¿Pero no estará el PP buscando también la excusa perfecta para explicar a sus votantes por qué no recurre la Ley de Amnistía?

El Tribunal Constitucional está desmontando, literalmente, los principales argumentos por los que fueron condenados y difamados públicamente, y que fueron muy importantes para allanar el camino del PP hacia el poder en Andalucía. El PP, que teme ahora que quede en el aire su principal argumento para suceder al PSOE en la Junta, pasa al ataque contra una de las principales instituciones del Estado de Derecho. Su objetivo es claramente socavar su legitimidad ante la sociedad andaluza y española para poder mantener con vida el argumentario falso de “la mayor trama de corrupción en España”. ¿Pero hay algo más detrás de esta maniobra?

El PP lleva años utilizando la táctica de la 'tierra quemada' cuando se trata de defender sus propios intereses como partido. La estrategia del PP desde hace años es crear un escenario de polarización y de división en España que tiene como objetivo deslegitimar al rival para desmovilizar al electorado progresista y movilizar al conservador. Llevan utilizando este método desde hace treinta años, cuando se dieron cuenta de que no había manera de ganar al Partido Socialista debido a su fuerte arraigo entre la mayoría trabajadora del país. Si el PP quiere ganar unas elecciones tiene que tensar a la sociedad hasta agotarla.

Desde 1993 hemos visto cómo se demonizó y deslegitimó primero a Felipe González y a su gobierno por los casos de corrupción; después, en 2004, se intentó deslegitimar a José Luis Rodríguez Zapatero tras los atentados del 11-M; y desde 2018 se está poniendo en práctica de nuevo esta estrategia de demonización y de deslegitimación contra Pedro Sánchez.

Esta forma de proceder de la derecha no se ha limitado solamente a los grandes liderazgos socialistas a nivel nacional. También se ha aplicado en los territorios en los que el PP iba fracasando sistemáticamente, como en Andalucía. El PP ha utilizado el llamado 'caso ERE' para demonizar y deslegitimar la anterior hegemonía socialista en Andalucía porque fue incapaz durante casi 40 años de crear una alternativa política eficaz en el sur de España.

Caen los bulos sobre los ERE

Para ganar, la derecha necesitó contar la falsa historia del “mayor caso de corrupción en España” mientras, al mismo tiempo, se estaban investigando los casos Gürtel y Púnica, por ejemplo. Para ello no dudaron en usar la mentira y los bulos para decir que el montante de la supuesta trama era de 680 millones de euros, cuando en realidad esa era la cantidad total destinada a los trabajadores y las sentencias condenatorias no han podido demostrar más que un desvío inferior al 2% de esta cantidad (que ya es demasiado). No está de más insistir que el sistema de ayudas sociolaborales, que aprobó una ley de presupuestos con toda la legalidad vigente, ha beneficiado a muchos trabajadores de empresas en crisis. Habría que recordar que el gobierno de Moreno Bonilla sigue pagando esas ayudas y entendemos que no están prevaricando a sabiendas.

Es decir, el Tribunal Constitucional está diciendo hoy a la sociedad española y andaluza que más de 6.400 trabajadores han recibido de forma correcta esas ayudas en una ley de presupuestos absolutamente legal. Otra cosa son las sentencias y las responsabilidades que depuren cada uno de los tribunales. Y siempre hemos dicho que el que la hace la paga. Sin embargo, el PP no afloja en su estrategia de la deslegitimación de las instituciones, ahora del Tribunal Constitucional.

Esta actitud está más cercana al populismo y al negacionismo democrático, porque el Tribunal Constitucional es una institución básica en nuestra arquitectura democrática y quien lo esté cuestionando está cuestionado los órganos que garantizan que no se vulneren los derechos fundamentales.

La Justicia en España y los tribunales no son a la carta. Desde el PSOE respetamos y acatamos la sentencia del caso ERE del Tribunal Supremo cuando se produjo. La acatamos, aunque no compartíamos su contenido porque sabíamos que las personas a las que se estaba condenado eran inocentes, pero la acatamos con respeto. Pero el PP no puede hacer lo que está haciendo estos días, no puede seguir llamando ladrones o golfos a los socialistas en general. Por eso vamos a actuar si el PP sigue en esta actitud y con estas declaraciones, y vamos a ejercer nuestros derechos ante los tribunales, en los que confiamos plenamente. Por eso le pido a Feijóo y a Moreno Bonilla que pongan cordura de una vez por todas en la actitud del PP ante estos hechos. Que, de aquí en adelante, como mínimo, respeten todas las sentencias le den o no la razón al PP.

La huida hacia delante de la derecha

Sin embargo, soy consciente de que esta es una petición muy difícil de cumplir por parte de una derecha en plena huida hacia delante. Su estrategia de deslegitimar al contrario y polarizar el país para alcanzar sus objetivos electorales tiene muy difícil marcha atrás, sobre todo cuando tienen competidores en el espectro más a la derecha que piden más radicalidad todavía y más división social. En este sentido me atrevo a afirmar que la aparición de estos ultras es consecuencia de la propia estrategia del PP. Tres décadas deslegitimando el sistema democrático cuando se está en la oposición no pasan en balde.

Insisto en afirmar que la llegada del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2018 tiene mucho que agradecer a la forma en la que instrumentalizaron el caso de los ERE para, sobre todo, desmovilizar al electorado socialista. Hoy les resulta muy difícil reconocer que llegaron al poder cabalgando sobre mentiras. Por eso, su ataque al Tribunal Constitucional es un ejemplo más de la huida hacia delante de la derecha, una huida que parece no tener fin.

Sin embargo, ¿no habrá algo más detrás de estos ataques por las sentencias de los EREs? ¿No será que el PP está mirando no solamente a Andalucía, sino también a Cataluña? ¿No resulta más fácil explicar a su electorado que no van a recurrir la Ley de Amnistía porque el Tribunal Constitucional no es parcial, que reconocer que no recurren porque es una ley bien hecha? En el Senado el PP ya hizo el ridículo al no recurrir tras plantear el conflicto de competencias con el Congreso. Ahora ya tiene la excusa perfecta para explicarlo a sus votantes. Pero al precio de seguir hiriendo a las instituciones y a nuestra democracia.