De la derecha extrema y la extrema derecha esperábamos confrontación constante con nuestras supuestas políticas woke (el feminismo, el antirracismo o incluso la defensa de los derechos humanos). Tal vez ustedes nos tomarán por ilusas, pero pensábamos que políticas que mejoran la vida de las personas mayores, las pensionistas -nuestras abuelas-, o de las personas trabajadoras que utilizan el transporte público por razones de coste y conciencia medioambiental, el cálculo electoral y partidista se vería superado por el sentido de la responsabilidad y el amor patrio (ese del que mucho presumen y que, a la vista está, poco practican).

Sí, efectivamente, estoy hablando del Real Decreto-ley que esta semana llevó el Gobierno de coalición al Congreso, que contenía medidas fundamentales para mejorar la vida de millones de personas gracias a la revalorización de las pensiones y del Ingreso Mínimo Vital. También para prorrogar otras destinadas a mantener el escudo social, como el mantenimiento hasta junio de las ayudas al transporte público, la prohibición de corte de suministros de agua, luz y gas a hogares vulnerables y una mayor cobertura antidesahucios.

Como ya saben, esta norma ha caído por los votos en contra de todas las derechas, señaladamente del que se autodenomina “partido de Estado”, el Partido Popular. Así, el PP ha sustraído dinero directamente del bolsillo de 11 millones de personas, en su mayoría mujeres, porque paraliza las subidas aplicadas a 1 de enero de este año: la del 6% de la pensión mínima, la del 9% de la no contributiva y la del 9% del Ingreso Mínimo Vital, ese cuyo incremento tanto reclama el propio Partido Popular.

Asimismo, ha decaído la ampliación hasta junio de la bonificación del transporte. Esto significa, por ejemplo, que aquellas personas que se beneficiaban de la gratuidad del abono de Cercanías, Rodalies o Media Distancia, ahora dejarán de hacerlo. La mayoría de ellas son trabajadoras o estudiantes que tienen que desplazarse diariamente para cumplir sus obligaciones laborales o llegar a su centro de formación. También se duplicarán los precios del transporte urbano.

Ya sabemos que la cuestión que más inquieta a la ciudadanía es la vivienda. Una preocupación que se convierte en angustia para aquellas familias que no pueden hacer frente al precio desorbitado del alquiler y se van a la cama con el miedo de sufrir un desahucio. El Real Decreto-ley también incluía un colchón de seguridad para ellas, al prohibir los desahucios para familias vulnerables.

La reacción de la sociedad ante esta actitud del partido que dice ser el ganador de las últimas elecciones generales se sitúa entre la estupefacción y la expectativa. Sin embargo, la respuesta a todos los interrogantes nos la ha dado el propio PP cuando afirma que están “en el camino correcto”. Efectivamente, para los populares, entre ganar derechos y hacer daño a la sociedad, la senda adecuada siempre es recortar derechos e infligir dolor a quienes más necesitan de un Estado de Bienestar fuerte.

En Galicia sabemos bien la forma de entender la política que tiene el actual líder del PP, donde Feijóo gobernó durante casi 14 años con mayoría absoluta. Ni sabe ni quiere negociar. Ni sabe ni quiere hacer políticas con un objetivo que trascienda las siglas de su partido y su rédito. Y esto supone un enorme lastre para la política en España y, por tanto, para la ciudadanía. No sólo es un problema de irresponsabilidad del mayor partido de la oposición, es también un problema de capacidad.

Esta es la clave que permite entender lo que ha pasado en el Congreso esta semana. Tenemos una oposición sin rumbo, irresponsable e incapaz. Una irresponsabilidad y una incapacidad demostrada también con la reconstrucción de Valencia. En las últimas semanas, hemos visto al señor Feijóo y a otros representantes populares exigir más recursos y mejores ayudas. ¡Han llegado incluso a acusar al Gobierno de coalición de priorizar a la población de Gaza frente a los y las valencianas! Lamentable. Pues bien, este miércoles, cuando tuvieron la oportunidad, votaron en contra de la ampliación de ayudas para las personas afectadas por la DANA. También para las damnificadas por la erupción del Volcán de la Palma en 2021.

El PP fue el único que votó en contra de este Real Decreto-Ley. También lo hicieron VOX y Junts. A los de Puigdemont se les olvidan dos cosas: una, que esta decisión no es comprensible para buena parte de su electorado, todo aquel que, por ejemplo, cobra una pensión. Y dos, que dañar a la mayoría social de esta manera solo se traduce en más antipolítica, solo beneficia a la extrema derecha; a esos junto a quienes votaron, que curiosamente también son los que quieren encarcelarles e ilegalizarles.

La política deja de tener significado cuando los partidos se convierten en fines por sí mismos. En Sumar sabemos que nuestra responsabilidad es velar por el bienestar colectivo, no por un emblema.

Toca volver a traer este Real Decreto-ley, íntegramente, al Congreso, cuanto antes. Mejor mañana que pasado. Y dialogar hasta la extenuación para sacarlo adelante. Para eso estamos en el Gobierno y en el Congreso, porque para eso nos votaron.