GUSTAVO DUCH

Nos acercamos a las Navidades y en esas fechas mi familia, desde hace ya bastantes años, suele reunirse en la provincia de Tarragona. En los últimos años el paisaje que conocíamos ha sufrido una transformación salvaje. Las playas, algunas semivírgenes, han sido reducidas a parkings para barcos deportivos y sobre los tradicionales campos de algarrobos y algunas viñas descansan ahora miles de casas pareadas. Pero lo más llamativo son los cinco kilómetros entre Comarruga y el Arco de Barà. En ese corto trayecto se encuentran, en fila india y uno detrás de otro como si se hubiesen puesto de acuerdo, todos los establecimientos de los Gigantes de la Alimentación. Un Carrefour, un Mercadona, un Lidl… ¡todos! ¿Tantos en tan poco espacio para una población de fines de semana? Pues sí: es el reflejo de la transformación de los hábitos de compra. Atraídos por la comodidad, por una supuesta variedad de género y por el precio –sobre todo por el precio– el 82% de las compras de alimentos en nuestro país las realizamos en las grandes superficies. Pero cuando llegamos al cajero del súper con nuestra compra, ¿sabemos el precio real que hemos pagado por todo lo que llevamos en el carro? Me dirán que sí, que sólo se trata de revisar el ticket. Pues miren –nos falta información– hay más gastos que no aparecen, como si estuvieran escritos en tinta invisible. Desvelémoslos.

Para ello necesitamos una primera información, una premisa: lo que compramos en las grandes superficies está producido por una agricultura industrializada. ¿Qué significa eso de agricultura industrializada? Exactamente eso, que la comida no se obtiene en un huerto o en una granja, sino que se fabrican huevos en una factoría como si fueran coches, o alubias como si fueran tornillos. Se trata de engarzar piezas que llegan de diferentes sitios a la mayor velocidad posible y lo más robotizado posible. Y ahí tenemos un primer coste, la desaparición de muchos puestos de trabajo del medio rural, que supondrán para el Estado –para nosotros– lógicos y justos subsidios de desempleo, formación para su reciclaje, etc. El pasado 21 de noviembre la manifestación de los sindicatos agrarios llenó las calles de Madrid con más de 100.000 personas, bastantes para una concentración, pero muchas más si tenemos en cuenta que en la actualidad son 340.000 personas las que están cotizando en la Seguridad Social agraria.

El segundo coste que también pagamos sin darnos cuenta son buena parte de los presupuestos de los departamentos de medio ambiente de las diferentes administraciones públicas. Porque llegan para socorrer y apañar los desastres que genera esta industria del alimento automatizado. En limpiar y descontaminar el agua de los ríos, en combatir la erosión o salinización de los suelos, etc. Uno de los últimos ejemplos lo tenemos con la ya casi desaparición de las Tablas de Daimiel. Un humedal resecado por el uso descontrolado de los acuíferos que le anegaban para cultivar en tierras de secano melones o maíz, como si estuviéramos junto al Amazonas. Y, por mucho que se invierta, es poco. David Pimentel, profesor de Ecología y Agricultura en la Cornell University, calculaba en 1995 que el impacto ambiental de la agricultura supone para EEUU un coste de al menos 44.000 millones de dólares cada año. Los últimos cálculos, antes de llegar a la Cumbre de Copenhague, indican que la mitad de las emisiones de CO² que están calentando el planeta, provienen de este sistema alimentario: petróleo, maquinaria, humos, aviones transportando alimentos, deforestación para nuevas tierras…

Tercero: la agricultura de vegetales que florecen con química, de granjas de cerdos en latas de sardinas o de salmones comiendo pienso hecho con sardinas, es la que engorda de grasas saturadas a más de 800 millones de personas, con su factura médica correspondiente que, además, cíclicamente repunta con fuerza tras crisis sanitarias como las vacas locas, la gripe aviar o actualmente con una gripe planetaria. Recordemos que, según muchos expertos, la gripe A tiene su origen en una granja porcina industrializada de la empresa Smithfield en Veracruz, el México de abajo, como dice en La Jornada la investigadora Silvia Ribeiro.

Cuarto: Esta agricultura avalada por su productividad es la que hace pasar hambre a mil millones de seres humanos, expulsados del oficio de producir alimentos en los países –también– de abajo. Hace varias décadas ya lo explicaba Gloria Fuertes, “Yo pido pan y vino/ Para el que hace el pan y el vino”. Los costes de generar tanta hambre, lamentablemente, son los que –pensemos en la reciente Cumbre de Roma para la Seguridad Alimentaria– nadie parece querer asumir.

Y para acabar tenemos una novedad, los gastos militares para proteger esta agricultura de mono azul. No hablo sólo del Alakrana y las otras carabelas en busca de El Dorado (la operación Atlanta de protección en las costas de Somalia nos cuesta 75 millones de euros al año), sino también de los soldados que, precisamente en el México de abajo, protegen la granja apestada de los movimientos ambientalistas que protestan frente a la contaminación que provoca en cielo, tierra y agua de los alrededores. O el Ejército de Congo Brazzaville que defiende también a balazos las tierras que los granjeros ricos de África del Sur han comprado en ese país para sus explotaciones (quizás por eso están “los milicos”, para evitar que todo explote), que no me extrañaría fueran de naranjas para situar en las estanterías de alguno de los supermercados citados.

En definitiva, que cuando compramos un chorizo Campofrío (empresa asociada a Smithfield en España) –es sólo un ejemplo– pagamos una vez pero nos cobran seis en total. Seis en uno. Ese es el precio que pagamos. ¿Querremos pagar mucho tiempo más por ese chorizo o esos tomates de baja calidad nutritiva y peor sabor?

Gustavo Duch es ex director de Veterinarios sin Fronteras y colaborador de la Universidad Rural Paulo Freire

Ilustración de César Vignau