Andrés Villena

Economista e investigador en Ciencias Sociales por la Universidad de Málaga

Las cuentas correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado han supuesto, en resumen, un importante recorte en los servicios públicos del Estado de Bienestar, así como en partidas de gasto que jugaban un papel clave para la generación del poco empleo que el Estado podía aún crear. Ya se anticipan cientos de miles de despidos, efectos secundarios de estas medidas. La principal razón que se esgrime es el cumplimiento de unas cifras de déficit público y deuda acordadas con los demás países de la Zona Euro. Pero a casi nadie escapa ya que estas decisiones, plazos y exigencias han venido marcados por el comportamiento de lo que muchos denominan "los mercados".

El mercado es una institución que explica parte de las revoluciones burguesas e industriales de los siglos XVIII y XIX. En este lugar físico se encuentran una oferta y una demanda libres que, obedeciendo a un supuesto instinto egoísta del ser humano, se ponen automáticamente de acuerdo para fijar los precios de los productos que allí se encuentran. Por ejemplo, si tenemos cien patatas para dos compradores, el precio de estas será muy bajo: es probable que muchos de los ausentes se hayan retirado del lugar por el mal color y aspecto de estos tubérculos, por lo que los pocos céntimos con los que se adquirirían vendrían a ser un índice aproximado y cuantitativo de su calidad.

Algo así quieren hacernos creer con la economía española y con las subastas de deuda en el mercado financiero: para muchos -sobre todo para los que tienen participaciones o buen acceso a los principales medios de comunicación-, la prima de riesgo es una especie de termómetro que marca el nivel de gravedad de nuestra enfermedad económica; en este sentido, los recortes que están teniendo lugar serían más que merecidos y supondrían medidas dirigidas a restaurar en el menor tiempo posible la confianza en los fundamentos de la economía española: medicamentos amargos al gusto pero, a largo plazo, buenos para nuestra convalecencia. Las arcadas sentidas al ingerirlos se parecerían al picor cuando una herida empieza a curar: buenas señales.

No obstante, los termómetros pueden marcar lo que quieran si los pegamos a una estufa y las heridas infectadas también escuecen: ¿qué intereses están influyendo en el dictado de estos planes de empobrecimiento? Los mercados se nos presentan por los medios de comunicación social como una especie de ejercicio de democracia financiera, según la cual el dinero de los ahorradores libres de todo el mundo decide a dónde va y denota la fragilidad de los activos públicos o bonos de los países que consiguen menos demanda. Pero la idea de democracia financiera flaquea cuando quienes deciden qué es bueno o qué es malo son un puñado de grandes entidades que, interconectadas con infinidad de sociedades, compran y venden cientos de miles de millones de euros a toda velocidad y con acuerdos mutuos previos. No estamos ante un mecanismo de libre competencia, sino ante un conjunto de grandes actores, en muchas ocasiones, con estrategias premeditadas.

¿Somos víctimas de una conspiración de grandes entidades? Es poco probable: la deuda pública española asciende, aproximadamente, a un 65% del PIB español -de la riqueza del país-, pero la privada -empresas, banca y familias- se acerca al 300%, con lo que la suma de los dos componentes nos acerca a cuatro veces lo que hemos sido capaces de producir. Los inversores saben que la debilidad del Estado le llevará a ir haciendo pública parte de la deuda privada (nacionalización de la deuda), por lo que anticipan una posible quiebra futura. Pero la actividad especulativa y los planes de empobrecimiento patrocinados por Bruselas incrementan a su vez este riesgo. Llegados a este punto parece que nos encontramos en una situación sin salida.

¿Por qué se están tomando medidas en nuestro país que incrementan el riesgo de quiebra o depresión económica y social? Para acercarnos a la comprensión de este fenómeno deberíamos partir de la hipótesis de que el Estado y la política no están siendo del todo autónomos: la deuda pública está siendo comprada, sobre todo, por los grandes bancos españoles, que se hacen, de esta forma, poseedores de una buena parte de la columna de ingresos -por préstamos- de los mencionados Presupuestos Generales del Estado. De ahí que los que participan en la financiación

de un país puedan tomar parte indirectamente en las decisiones sobre en qué se va a gastar ese dinero: sobre todo, en devolver cuanto antes los intereses que estas operaciones de préstamo generen. Si a esto sumamos los altos cargos del Gobierno que proceden de bancos como el Santander, el BBVA o Banesto, por el lado español, y otros como Barclays o Lehman, extranjeros, podremos entender que las decisiones estatales converjan en cierto modo con los intereses de las entidades acreedoras de la nación -aunque enormemente endeudadas con otras entidades-.

Deberíamos partir de un conocimiento de datos de este tipo para formular una definición alternativa de gobierno: nuestros actuales dirigentes -y los anteriores- se encuentran cada vez más lejos de sus programas políticos y de los intereses de los ciudadanos. Asistimos a rescates diarios de las finanzas del Estado por unos poderes muy concentrados y que influyen decisivamente en las políticas públicas que se van a seguir adoptando. Los Presupuestos Generales de "los mercados" reflejan que una democracia endeudada hasta tal punto no merece tal calificativo. Todo parece indicar que no son solo los hombres y las mujeres del PP los que están al timón del país. Y que sus compañeros de viaje llevan ya mucho tiempo mandando: el mensaje del 15 de mayo de 2011 está más vigente que nunca.