El pasado 20 de abril (20A) tuvieron lugar manifestaciones en las ocho Islas Canarias, así como en diversas ciudades europeas, contra el modelo turístico consolidado durante las últimas décadas. Si bien fueron anunciadas, un tanto grandilocuentemente, como las movilizaciones “más grandes de la Historia de Canarias” y con el impreciso lema de “Canarias tiene un límite”, lo cierto es que –guerra de cifras aparte– hay un consenso a la hora de considerarlas un hito en la historia reciente de la sociedad civil canaria más activa. Pero ¿de qué límite estamos hablando? ¿Se refiere exclusivamente a un asunto cuantitativo estrictamente relacionado con el número de turistas que recibimos cada año?

En mi opinión, la cuestión va mucho más allá, lo que explica el éxito de las convocatorias. Las motivaciones materiales (ecotasa, moratoria y regulación de la venta de viviendas a no residentes) y posmateriales (falta de perspectiva de futuro, sensación de saturación, superpoblación, hartazgo ante el irrespeto a nuestro patrimonio natural y cultural…) aparecen casi a partes iguales. Intentaré en estas líneas desgranar algunas de las facetas de estas manifestaciones, ciertamente notables, y arrojar alguna luz sobre el ciclo que, en mi opinión, comienza con las mismas.

Morir del turismo 

En primer lugar, es preciso entender que en Canarias la industria turística (así se le suele llamar a falta de otras industrias) ha tenido históricamente un carácter fundamentalmente extractivista y depredador del territorio. La mayoría de las movilizaciones sociales más importantes que han tenido lugar en las islas han tenido como principal tema la defensa del medioambiente vinculada a la lucha contra proyectos casi siempre turísticos: Veneguera, El Rincón, Vilaflor, Granadilla, Lanzarote, etc. Y junto a ello, un fuerte componente identitario casi ineludible en el archipiélago, puesto que la conexión de los isleños con su paisaje parece haber actuado de fuerte elemento movilizador a lo largo de la historia más reciente. Así es, en buena medida, el turismo visto desde aquí.

De alguna manera, la actividad turística sucede en Canarias, pero la percepción de que en las islas sólo quedan los efectos negativos de la misma (ocupación del territorio, generación de residuos, supeditación de infraestructuras al desarrollo turístico, escasa generación de empleo de calidad para los canarios y canarias, alienación cultural, etc.) se ha ido imponiendo en sectores amplios de la sociedad civil. Ha sido la tensión provocada entre cifras de negocio exorbitantes (más de dieciséis millones de turistas en 20231, superando de lejos a Cuba, Brasil, Australia,…; superando a Cataluña, Andalucía y Valencia, en el contexto del Estado español2) y la perseverancia de indicadores sociales éticamente inaceptables (un 36’2% de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en 20223) la que ha acabado por traducir el creciente descontento y hartazgo en una movilización social de un calibre que ha sorprendido a no pocos actores de la vida pública en las islas.

¿Una ecotasa para Canarias? 

Buena parte de esta movilización ha tenido como objetivo compartido la propuesta de establecer una ecotasa con carácter finalista como sucede en la mayoría de destinos turísticos del mundo. Aunque las hipotéticas cifras de recaudación barajadas han sido muy dispares, ha anidado en la población el convencimiento de que esta medida serviría para compensar los efectos que el turismo de masas está teniendo en el medio natural canario. ¿Por qué no usar esos fondos para combatir el cambio climático en el propio archipiélago? Los mismos isleños, también turistas en la medida de sus posibilidades, observan cómo es frecuente abonar algún tipo de tasa durante sus viajes, sin generarles ninguna oposición. Cuesta hacerles creer ya que la poderosa industria turística “canaria” se va a venir abajo, que volverán los tiempos del hambre, porque se cobre uno o dos euros más al día a los millones de visitantes anuales.

La clase política, durante mucho tiempo cohesionada en torno a la consigna de “no es el momento para la ecotasa” y perfectamente alineada con la Patronal, ha empezado a ver resquebrajado su “bloque de consenso”. Cada vez son más las voces, incluso dentro del Gobierno, que abogan por algún tipo de tasa que contribuya a redistribuir los ingentes recursos generados por el turismo entre la sociedad canaria. El presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo (CC), se ha visto obligado a esbozar una tímida propuesta de “IGIC ecológico” para gravar exclusivamente las pernoctaciones. Dicha medida, sin embargo, no parece ser tan efectiva como la de una ecotasa finalista, teniendo en cuenta que el 48% del gasto turístico se produce en origen y no tributa en Canarias4. Cualquier cosa antes que la medida más lógica: gravar a todos los turistas y usar ese dinero para el bien común.

Moratoria urgente y total 

Sin duda, otra de las propuestas que más eco encuentran en esta Primavera Canaria es la de una moratoria urgente y total que paralice las construcciones turísticas previstas y que impida el que se concedan nuevas licencias. Resulta casi imposible argumentar que en Canarias hacen falta más hoteles o campos de golf, especialmente en Tenerife, una isla en emergencia hídrica desde el pasado 1 de marzo5. Sólo la perspectiva de que el erario público tenga que hacer frente a millonarias indemnizaciones a los promotores por los derechos adquiridos y el lucro cesante, causa un movimiento sísmico de cierta envergadura en la arquitectura político-institucional del archipiélago. Así estuvo a punto de ocurrir tras la moratoria turística de 2003 en la que se temía que el Gobierno de Canarias tuviera que pagar por dichos conceptos casi 900 millones de euros6. ¿De dónde saldría todo ese dinero si esta vez no se atajara esa posibilidad en los tribunales?

Sin embargo, lo cierto es que la opinión pública que se viene expresando en medios, redes y en la calle entiende mayoritariamente que se ha rebasado el límite de lo razonable, no sólo en cuanto al número de camas hoteleras y extrahoteleras, sino en lo que hace a macroproyectos como el Circuito del Motor o el recurrente Puerto de Fonsalía, ambos en Tenerife, o los planes, por ahora rechazados, para una posible extracción de tierras raras en Fuerteventura. La voracidad de un sector de la construcción y unos poderes públicos incapaces de distinguir entre crecimiento económico y calidad de vida o niveles de bienestar nos han traído hasta aquí y es justo aquí donde el pueblo canario parece haberse plantado ¿definitivamente? y con unas consecuencias a día de hoy impredecibles, especialmente en el plano político.

No hay casa para tanta gente

En un archipiélago eminentemente turístico, pocas cosas escapan al tremendo poder de arrastre de dicha actividad económica. Por eso, en Canarias, en la medida en que el turismo ha dejado de estar recluido en sus zonas de actividad tradicionales de los últimos sesenta años, sus efectos han comenzado a percibirse en ciudades, pueblos, barrios… que permanecían relativamente a salvo de los mismos. A ello ha contribuido enormemente la aparición del fenómeno masivo de la vivienda vacacional –55.000 declaradas en toda Canarias, de las cuales sólo 22.000 son propiedad única de un solo propietario–7 la cual representa una dificultad casi insalvable para conseguir vivienda a precio razonable en las islas, ya sea en régimen de compra o alquiler.

Si bien en un principio este modelo de negocio se aparecía ante los ojos de la débil clase media como la oportunidad para que, por fin, las rentas del turismo se quedaran en Canarias en una proporción mayor a la habitual, muy pronto se evidenciaron las consecuencias que esta actividad, sin apenas regulación todavía, causa en nuestro entorno: encarecimiento de la oferta disponible de vivienda, que además disminuye drásticamente, gentrificación de los espacios urbanos y rururbanos, pérdida de identidad de los mismos, etc. El anuncio de una próxima Ley de Vivienda Vacacional, que entraría en trámite en el último trimestre, ha disparado las peticiones de regularización “preventivas”. Los grandes tenedores oestán dispuestos a copar los rincones más apetitosos de nuestras ciudades y pueblos para explotar una actividad económica de muy bajo retorno. Por último, durante el 2023, la venta de vivienda a extranjeros en las islas alcanzó más de un tercio del volumen total de operaciones. ¿Quién da más?

Juventud sin futuro 

Siendo como es un problema que afecta en buena medida a toda la sociedad, la vivienda se ceba especialmente con la población juvenil, que ve cómo a pesar de haber alcanzado niveles de formación impensables para las generaciones precedentes, sólo tiene como expectativa o sobrevivir en la precariedad (un 44% de la juventud canaria está en riesgo de pobreza o de exclusión social8) o emigrar, porque en Canarias seguimos emigrando. También ayuda a incrementar la sensación de que se ha sobrepasado cualquier límite imaginable el que nuestra Consejería de Turismo haya dedicado fondos Next Generation a la captación de nómadas digitales a escasos días del 20A, que es casi como poner alfombra roja a quien va a gentrificar tu barrio y acabar expulsando a tus vecinos mientras cercena cualquier posibilidad de que tus hijos se independicen y tengan el más mínimo proyecto vital digno de tal nombre.

Por si esto fuera poco, en un archipiélago donde buena parte de las esperanzas de conseguir un trabajo estable y bien remunerado pasan por el acceso a la función pública, la gota que colmó el vaso ha venido a ser la reciente noticia de que el proceso de estabilización del profesorado interino no ha servido para estabilizar al profesorado que ya ejercía en las islas, sino que provocará previsiblemente una avalancha de docentes llegados de otras comunidades del Estado a ocupar un 52’9% de las plazas convocadas.9 Importamos funcionarios foráneos y apartamos interinos canarios, mientras señalamos el camino al sector servicios a nuestra precaria juventud. Un sinsentido.

Coda 

Así las cosas, era cuestión de tiempo el que una cadena de equivalencias suficiente y necesaria hiciera aparición en el tablero político y social. Que el conjunto de estas demandas se hagan hueco en la agenda política sin ser convenientemente desvirtuadas dependerá del empuje y la inteligencia colectiva que se logre articular desde el campo popular. El bloque político-empresarial da muestras de debilidad y sus contradicciones comienzan a agudizarse, pero tiene la suficiente fortaleza para resistir unos cuantos embates sin apenas moverse de sus posiciones. La partida no ha hecho sino empezar, pero los de abajo somos más. Y siempre volvemos.