FJ Rebollero

Periodista

Ética y deontología son dos disciplinas intrínsecamente unidas que definen un modo de ver la vida para nada acorde con el momento en el que vivimos. Como periodista reconozco en algunos colegas de la profesión un deseo insano por reconocer que la información no es un servicio público. Es más, que el concepto de objetividad no es más que una palabra que cae en papel mojado cada vez que realizamos el acto que constituye, según palabras de Márquez, “el oficio más bonito del mundo”.

Hace unos días, concretamente el sábado pasado, viví de manera activa por primera vez el Orgullo de Alicante. Acudí, junto a más de 25.000 personas, a una manifestación que, según la entidad convocante, Diversitat, se había convertido en la más multitudinaria de las que conocía la ciudad. Y es que la expectativa que había conformado la entidad al convocar la manifestación en contra del pacto de las tres derechas había conseguido que tantas personas acudiéramos en un cántico por nuestra libertad y nuestros derechos, los de todas y todos, que están siendo pisoteados a golpe de acuerdo gracias a la irrupción de la extrema derecha en gran parte de las instituciones gubernamentales de nuestro país. Lo que en otro estado democrático supone crear un cinturón sanitario en contra de las ideas más radicales, aquí, en la España que aún llora las muertes que se llevó la Guerra Civil, para la formación de Albert Rivera se ha convertido en una buena forma de comenzar a obtener poder, tanto local como regional. Y menos mal que, aún con una investidura fallida y una nueva cita a la reflexión después del pasado jueves, en el ámbito nacional no ha dado lugar a que los de Abascal entren en el gobierno de la nación.

A esta cita, los naranjas, los de Albert Rivera, dijeron que acudirían sí o sí con su pancarta pese a que el presidente de la entidad, Toño Abad, les pidiese en repetidas ocasiones que no lo hicieran. Una arrogancia no exenta de polémica que hizo que decenas de medios de comunicación, fuera cual fuera su ratio de alcance, se acercaran al Orgullo para contarle a sus espectadores qué ocurría en Alicante. He de advertir con este texto que lo que procedo a denunciar en las siguientes líneas ha sido puesto en conocimiento de aquellas personas que se ven implicadas en el asunto.

Al inicio de la manifestación, entre otras compañeras, pude ver como Televisión Española, ese ente público que todos y todas pagamos, tomaban declaración al presidente de la entidad y cuál fue mi sorpresa que nada de lo que él dijo fue tomado en consideración por los editores del telediario de la cadena que dirige, de manera provisional desde hace un año, Rosa María Mateos. A cambio, realizaron una conexión en directo con unas imágenes de fondo en las que supuestamente se increpaba a Mari Carmen Sánchez, esbirro de Rivera en Alicante, a grito de “ahí están los amigos de Abascal”. En ningún momento se tomó declaración a quienes convocaban el Orgullo ni a quienes lo celebraban como una manifestación pacífica a favor de la libertad.

Puse, instantáneamente, el caso en manos de la presidenta del Consejo de Informativos. Escurrió el bulto y me remitió al Defensor de la Audiencia porque el Consejo de Informativos solo “está para recoger las denuncias de personas internas de la casa”. Escribo al Defensor, tanto en el formulario que aparece en la página web como directamente al correo de quien realiza esta labor, y recibo otra negativa. Me anima, no obstante, a que revise el contenido de la información que se emite. Envío un correo a Rosa María Mateos y aún estoy a la espera de su respuesta. Tomo la palabra de nuevo, escribo al defensor y, cinco días después, este viernes, recibo la llamada de Miguel Ángel Hoyos, editor de fin de semana que, entre risas, me asegura que estoy desvariando.

Pero no. No desvarío en mi intención de defender que utilizar la información para defender la postura que han tomado desde Cs como víctimas necesarias de los distintos orgullos es sesgo informativo. Un sesgo que entiendo se realiza en el resto de cadenas, privadas, pero que en el ente público, que pagamos con el dinero de todas, no se debe permitir. TVE no debe ser el altavoz de quienes defienden pactos con aquellos que me definen como “un matrimonio de hermanas viudas” mientras que piden las listas negras de quienes trabajan en la educación por la diversidad. Y no se debe permitir porque el derecho a estar debidamente informados es un derecho que recoge la Constitución española en el artículo 20 y que además recogen los distintos códigos éticos que hemos de tener presentes cuando desarrollamos la noble tarea de informar y hacer llegar el qué, el cómo y el cuándo a quienes nos leen, escuchan y ven.

Una exigencia, la del respeto a la labor periodística y al espectador, que aún debe ser más fuerte cuando hablamos de la cadena pública que no debe defender los intereses de ningún partido y menos de aquellos que pactan con la ultra derecha. Una cadena en la que un editor, como ya ha sido denunciado con anterioridad, no puede realizar una información en base a cuestiones personales. Porque sí, lo han hecho así.

Lo único que quería cuando me dirigí al ente público era una rectificación pacífica. Lo que he recibido es aún peor de lo que estaba dentro de las posibilidades. Si en la cadena pública no se vela por el interés de los espectadores, entonces no hay nada que nos garantice que exista un periodismo de calidad en España.

Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia.