Privatización del agua y corrupción

Pedro Arrojo Agudo

Diputado de Unid@s Podemos por Zaragoza

La universalización de los servicios domésticos de agua y saneamiento ha venido siendo una exigencia social y un imperativo moral asumidos por los poderes públicos. Sin embargo, en las últimas décadas, el neoliberalismo imperante, amparado por el Banco Mundial, viene imponiendo políticas de desregulación y privatización que transforman los derechos humanos y ciudadanos en puras relaciones mercantiles, al tiempo que los ciudadanos pasan a ser simples clientes. Así, lejos de resolverse el drama de los casi mil millones de personas que no tienen garantizado el acceso al agua potable, el problema se agudiza en la medida que esos mil millones de pobres pierden derechos básicos y pasan a ser más vulnerables.

Hoy existen en el mundo tres grandes modelos de privatización de los servicios de aguas: el chileno, heredado de la dictadura de Pinochet; el británico, promovido por la Sra. Tatcher; y el francés, imperante en nuestro país y en gran parte del mundo.

El modelo chileno privatiza de facto ríos y ecosistemas, de forma que, si alguien necesita agua en Chile, hasta hace poco tenía que venir a comprarla a Madrid, y en la actualidad debe ir a Roma, donde está el accionariado mayoritario de Endesa, propietaria de facto de buena parte de los ríos chilenos. El dictador se cuidó de que esta ley quedara vinculada a la Constitución, con lo que, para modificarla, se necesita una mayoría de la que ni siquiera Bachelet dispone, tras su notable victoria electoral.

La Señora Tatcher, aunque respetó el dominio público sobre las aguas, privatizó las redes e infraestructuras de agua y saneamiento en las ciudades británicas.

Sin embargo, ni el modelo chileno ni el británico se han extendido por el mundo. El que si lo ha hecho, con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, es el llamado modelo francés, conocido por la siglas PPP, de Partenariado Público-Privado, promovido por las principales corporaciones, de matriz francesa. Corporaciones que ofrecen a los Ayuntamientos la gestión de los servicios por largos periodos de tiempo a cambio de lo que se conoce como el Canon Concesional. Un pago de libre disposición para la alcaldía que la empresa irá cobrando a los vecinos a lo largo del periodo de concesión. Incluso se ofrece al Ayuntamiento la posibilidad de formar una “empresa mixta” en la que el 51% de las acciones quedan en manos del éste, mientras la empresa queda con el 49%. Hay que leer, eso sí, las cláusulas en las que se precisa que la gestión de la empresa mixta quedará en manos del “socio minoritario”, bajo el pretendido argumento de la dificultad técnica de tales labores (el llamado “know how” o el “savoir faire”); así como la capacidad de comprar y subcontratar lo que la empresa mixta necesite, sin pasar por concurso público. Es lo que se conoce como el “blindaje de inputs secundarios” que permite a esas corporaciones comprar a sus propias empresas filiales, sin pasar por procesos de concurso público en libre competencia, imponiendo altos precios que finalmente paga la ciudadanía en la tarifa del agua. Un modelo, en suma, tan sutil como perverso y eficaz a la hora de transformar el servicio público de aguas en suculento negocio privado. Por último, el hecho de que se aseguren largos periodos de concesión, de 20 a 40 años, garantiza la irreversibilidad del proceso privatizador, al asegurar a las empresas, en caso de que se intente revertir la privatización, impagables indemnizaciones que incluyen, más allá de la inversión realizada, el lucro esperado por la empresa en todo el periodo de concesión.

En Francia, recientemente, la Ley Anticorrupción, identificó e ilegalizó el Canon Concesional, como pago de las empresas a los Ayuntamientos, de libre disposición, como un incentivo perverso de corrupción. En nuestro país, bajo la presión de la anorexia financiera de los Ayuntamientos, que impone la Ley Montoro, el Canon Concesional es el principal incentivo para privatizar los servicios de agua y saneamiento, al tiempo que se incentiva la corrupción. El caso Pokemon es sin duda referencial, con la directa implicación de Aguas de Barcelona (y sus filiales, como Aquagest), la principal multinacional que opera en España, vinculada a la francesa Suez Tras explotar en Asturias y Galicia, la juez ha extendido la investigación a toda España, con lo que los casos de corrupción emergerán probablemente en todo el pais.

Si más allá de estos casos, consideramos las llamadas Sociedades Estatales de Aguas, con Acuamed y su hermana gemela Acuaes, aún no investigada, el mapa de la corrupción en la gestión de aguas, se amplía, con la implicación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Unas Sociedades que en su día fueron presentadas como expresión de modernas estrategias de privatización, por el entonces Ministro, el Sr. Cañete. Sin embargo, la iniciativa privada no valoró interesante entrar en esas empresas, dejándole al Estado las pesadas inversiones en obra hidráulica. Lo que si consiguió el PP fue hacer más opaca esa inversión pública, generando un espacio oscuro que enmascara deuda pública impagable y sobre todo prácticas corruptas que han acabado por estallar en Acuamed.

En este 22 de Marzo, día Mundial del Agua, dedicado por los movimientos sociales a la lucha contra la privatización del agua y la corrupción, es pertinente que reflexionemos sobre estas cuestiones.