En medio del terrible estruendo de una guerra y la algarabía de la vida política reciente, se corre el peligro de olvidar que la vida cotidiana continúa. Pero no es así y algunas decisiones políticas pueden tener graves consecuencias, aunque de momento venga bien a los políticos que pasen desapercibidas. El martes dia 22, en el Consejo de Ministros, se procedió a la segunda lectura y aprobación del Proyecto de Ley de Regulación para el impulso de los Planes de Pensiones de Empleo. Al ser esta la segunda lectura se inicia el procedimiento para su aprobación en el Parlamento.

Supuestamente el objetivo de este Anteproyecto es el de ofrecer una nueva fórmula para que, además de las pensiones públicas, los trabajadores con una contribución complementaria puedan acceder a planes de pensiones adicionales fomentados por el Estado, en condiciones favorables especialmente para los asalariados de rentas bajas y también para los autónomos. Originariamente, se planteó incluir también a los funcionarios de las Administraciones Públicas más pequeñas pero esto último ha quedado para una etapa posterior. Aunque los planes de empresa ya existían, la diferencia que introduce este anteproyecto de ley es la implicación directa de la Administración Pública y de la Seguridad Social en la promoción de los fondos de empresa.

La primera referencia obligada respecto a esta segunda lectura es la opacidad y poca información que la ha acompañado. Sin duda, existe la referencia del Consejo de Ministros y algunas notas de prensa pero al ser incluida en el fárrago de noticias de estos días su interés ha pasado casi desapercibido, a pesar de que muy probablemente tenga graves consecuencias para los 9 millones de pensionistas del país. Debe ser ‘casualidad’ que en este Ministerio coincidan la presentación de aspectos dudosos para las pensiones con temas que atraigan a la opinión pública en otra dirección.

Los fondos de empleo estarán constituidos por el conjunto de las aportaciones complementarias de la empresa y de los trabajadores (sobre las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social), pudiendo estos ampliar voluntariamente su aportación en función de la aportación empresarial. Un cuadro especifico establece los límites de estas aportaciones.

La idea de un Fondo Público de pensiones complementarias podría ser interesante y merecería la pena una atención detallada, a pesar de que plantearía por sí misma bastantes preguntas (aumentar las diferencias en la distribución de la renta de los pensionistas, por ejemplo). Pero la propia redacción del Anteproyecto conduce a dificultar el carácter preciso del mismo, pues hay que fijarse mucho para clarificar si los fondos proyectados tendrán un carácter público o privado. El anteproyecto se refiere específicamente a fondos de pensiones de empleo de promoción pública, pero es sólo la promoción la que tiene este carácter, pues inmediatamente se señala como primera medida de este sistema que será gestionado por el sector privado. “El Gobierno será el encargado de promover los fondos colectivos, aunque su gestión dependerá de gestoras de fondos. Estas se elegirán por concurso, de manera que se incentive la competencia y ofrezcan bajas comisiones para sus partícipes. Para ello, se abrirá un concurso. La licitación estará abierta para todas las gestoras, sin importar su nacionalidad. Por el momento, ninguna ha expresado interés”. ¿Qué significa realmente el potenciar los fondos de pensiones de promoción pública, pero gestionados por entidades privadas? Que las pensiones complementarias estarán en manos de los entes privados (no se sabe de la existencia de fondos públicos con estos objetivos). Si esto es sancionado por la ley, ello supone entregar en bandeja a los entes financieros una parte muy importante del ahorro colectivo generado por los trabajadores españoles. ¿A cambio de qué?

¿Por qué ese interés en destacar a lo largo de todo el anteproyecto el carácter público de los fondos – ‘un nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones’- cuando realmente van a ir directamente a entes privados? El uso del adjetivo no parece inocente, ¿estará orientado a confundir a los posibles participes que no sospechan de la manipulación a la que son sometidos?

Con este texto normativo, se refuerzan planes de empresa de promoción pública abiertos y planes simplificados - que cuentan con un sistema menos complejo de promoción que el vigente. Entre los diversos estímulos de diferentes tipos que se conceden a estos planes, hay que destacar la importancia de las desgravaciones fiscales que se les asignan, argumentando que ello conduce a la ‘traslación de los beneficios fiscales a las rentas medias y bajas’. Y ello a pesar de las recurrentes protestas de los pensionistas por las desgravaciones fiscales concedidas anteriormente a las pensiones privadas.

A los trabajadores asalariados se les concede la reducción de la base imponible a tipo marginal en el IRPF (a un 30% en el empleado medio) con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial. Continuando, además, el mantenimiento de la desgravación base, con la diferenciación de la fiscalidad entre planes individuales y colectivos, estableciendo un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros y de 10.000 euros, respectivamente.

Los autónomos podrán desgravar hasta 5.750 euros anuales (el triple de la desgravación actual) en su base imponible en el IRPF, pero sobre todo, resulta que para las Empresas se reintroduce la no cotización de las contribuciones a la Seguridad Social en las aportaciones a estos planes, que estuvo vigente hasta 2013, limitada ahora a 115 euros mensuales/1.380 euros por empleado (lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador). Es decir, se premian las aportaciones a los fondos privados mejorando las bonificaciones para las empresas, a costa de disminuir los fondos que van a la Seguridad Social. Por ello no es sorprendente que las empresas sean muy favorables y tengan interés en promover este sistema, para lo que también les faculta el Anteproyecto. Con estas generosas desgravaciones a las contribuciones a los fondos gestionados por entes privados, ¿cómo es posible argumentar que peligra la sostenibilidad de las pensiones públicas?

¿Cuáles son los argumentos económicos, sociales, políticos, que justifiquen la privatización del ahorro y de las pensiones impulsadas por condiciones especiales ajenas a la competencia normal del mercado? ¿Cuál es el objetivo último, real, de este estímulo a las pensiones ‘complementarias’ gestionadas privadamente?

Utilizar la legislación para privatizar se salta la normativa habitual sobre la competencia necesaria entre las instituciones de mercado y la igualdad de la ciudadanía ante la ley. ¿Es legal tal tratamiento al ahorro aduciendo el interés en que lleguen a las rentas más bajas? No sé si es legal o no, pero desde luego constituye un gran escándalo: un gobierno que se dice progresista, si no de izquierdas, plantea una ley que beneficia abiertamente a los entes financieros, aumenta la desigualdad entre los trabajadores y privatiza las pensiones públicas.

¿Nos obliga la UE a esta línea de actuación? ya que ella insiste permanentemente en que España debe resolver ‘su problema de pensiones’ para poder acceder a las ayudas de la Unión. El gobierno espera tener aprobado este anteproyecto antes del 30 de junio de 2022 como parte del compromiso del ejecutivo con Bruselas para la recepción de los fondos europeos. ¿Es esta la aportación de la UE a la supuesta problemática de la viabilidad del sistema de pensiones en España? Triste aportación del acervo comunitario.

¿Es posible que sea debido a que en España las pensiones privadas, individuales o colectivas son sensiblemente inferiores a las de otros países de la Unión? Ignorando que con salarios más bajos, como tantos ahora, es difícil que los futuros pensionistas puedan ahorrar más para pensiones complementarias. El porcentaje de personas cubiertas por planes de empleo en España es de un 10,2% mientras que en Europa va en un rango amplio del 25 al 90 por ciento, pero en el País Vasco, pionero en este sistema, un 48% de los asalariados están cubiertos por las entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), según los datos del Ministerio.

Asimismo, resulta que a lo largo de los años, el patrimonio gestionado en los fondos de pensiones de empleo ha perdido peso relativo respecto del total de fondos de pensiones -representaban un 50% del total de la previsión social complementaria al inicio de los años 90 y ahora sólo llegan a un porcentaje ligeramente superior al 25%- , ¿se pretende aumentarlas para satisfacer a los entes financieros que las gestionan? Es de temer que este sea un elemento de gran importancia en este proyecto

Además, la aportación empresarial, ¿no tendrá incidencia en las negociaciones sobre los niveles salariales, pues pueden disminuir los aumentos de salario debido a las aportaciones empresariales a las pensiones de empresa ?

A veces, dicen también que es porque las pensiones públicas en España son demasiado altas, ¿se atreven a sostenerlo cuando la media de las mismas (y es sólo una media) supera justamente los mil euros?

Los planes de empresa aumentarán la diferencia, la desigualdad, entre aquellos pensionistas que tengan pensiones privadas y los que no las tengan. Más todavía dado que las desgravaciones fiscales están vinculadas a las aportaciones empresariales. Aquellos trabajadores que no puedan ahorrar para mejorar su pensión ‘complementaria’ o pertenezcan a empresas que no las quieran establecer, ¿quedarán a merced de ‘su peor suerte’, cuando no sometidos a la idea de que no disfrutan de mejores pensiones por no haber sido previsores? ¿De qué dependerá la aportación empresarial a las pensiones de los trabajadores, ¿podrán ser usadas para incentivos individualizados? ¿Qué sucederá con aquellos trabajadores que no quieran integrarse en las pensiones complementarias supuestas ‘voluntarias’? ¿No incurrirán en un estigma? ¿Hasta dónde se va a respetar su ‘libertad’?

Alternativamente, ¿por qué se consideran necesarias las pensiones complementarias? Es de temer que con una argumentación totalmente falsa y manipuladora se pretendan desarrollar las pensiones complementarias para que los pensionistas no perciban tan claramente el deterioro de las pensiones públicas. Estas pasarán a considerarse un mínimo de subsistencia y los trabajadores ‘mejores ahorradores’ tendrán las complementarias. Si muchos trabajadores disponen de pensiones complementarias, ¿se dejará de considerar necesario aumentar las pensiones públicas? Si se generaliza la idea de que se tiene que ahorrar complementaria e individualizadamente para mejorar el nivel de las pensiones, ¿qué sucederá con las reivindicaciones a las pensiones públicas? Es de temer que las pensiones complementarias dividan el movimiento reivindicativo de los pensionistas entre los que tengan pensiones complementarias y los que no. Quienes no pudieron ahorrar en su vida activa, seguirán siendo pobres en su jubilación al no poder recurrir a una pensión complementaria.

El anteproyecto habilita la creación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública en el marco de la negociación colectiva, y en el ámbito sectorial, implicando así fuertemente a los sindicatos. Habrá que preguntar a los dirigentes sindicales por las razones que les hacen firmar convenios con este proyecto. ¿Quieren, se atreven a ser cómplices en la privatización de las pensiones públicas? ¿Qué les hace aceptar los planes de empresa, por qué los favorecen, quien gana con ello?

Dado que los fondos van a ser gestionado privadamente, ¿qué capacidad de incidir en ellos tendrán los órganos de control? El anteproyecto refuerza la Comisión Promotora y de Seguimiento y la Comisión de Control Especial, pero una vez integrados los fondos en los flujos financieros, en manos de potentes agentes privados, ¿tienen los representantes de los trabajadores posibilidades reales de incidir en las decisiones que tomen los dirigentes de los entes financieros?

¿Por qué no mejorar las pensiones públicas, aumentando las cotizaciones si fuera necesario, en lugar de pedir que aumente el ahorro en pensiones mediante las pensiones privadas de empresa? Una de dos, o las públicas no son suficientes y habrá que mejorarlas, o si son suficientes, ¿porque son necesarias las complementarias?

Si el ahorro colectivo es tan conveniente, ¿no hubiera sido más adecuado establecer un sistema de ahorro voluntario verdaderamente público? ¿Cuáles son las ventajas de la gestión privada? Dicen que es para aproximarlo a las rentas más bajas o que se obtendrán unas comisiones menores, ¿no hubiera podido proporcionar las mismas ventajas o mejores un Fondo Público? Un ahorro público voluntario permitiría orientarlo hacia las principales necesidades sociales, ¿es más fácil que lo hagan los bancos, movidos por el ánimo de obtener beneficios, que una entidad pública? Parece que se han olvidado de las enormes quiebras que han tenido recientemente los entes financieros privados y los muy cuantiosos fondos públicos que han sido necesarios para ayudarles y no se han retornado. ¿Quiere decir que en el Gobierno actual adoptan el precepto neoliberal que todo lo privado es, por definición, mejor que lo público? ¿es que no se sienten capaces de gestionar los fondos colectivos?

Se pueden todavía añadir otras razones que muestran que este sistema hace aguas por todas partes, y sólo servirá para mejorar los negocios de los bancos y las instituciones financieras y perjudicar muy seriamente al interés en mejorar las pensiones públicas. Siguiendo así unas pautas que se remontan hasta el comienzo de los argumentos a favor de las pensiones privadas que se iniciaron en 1973 con Pinochet y siguen potenciándose desde entonces. Bajo la dura presión de la UE y los entes públicos internacionales el Gobierno español apuesta por dedicar los ahorros de los trabajadores españoles a un sistema mucho más arriesgado, caro y difícil de controlar que el sistema público. Muestran así el poder de los entes financieros, que son capaces de dominar a los gobiernos, las instituciones públicas internacionales y a las fuerzas sindicales -aunque se llamen a sí mismos progresistas-, perjudicando directamente la existencia y la gestión de las instituciones, como la Seguridad Social, creadas para potenciar los intereses colectivos y el bienestar de los pensionistas.