Xavier Domènech

Portavoz de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados

La hoja de ruta del Gobierno de Catalunya se encuentra de nuevo en plena "mutación", justo cuando debía entrar en su fase ejecutiva. Vale la pena recordar en este sentido que el compromiso que justificó que Convergència y ERC abandonaran sus respectivos proyectos políticos para conformar Junts pel Sí, y lo que permitió a su vez el apoyo parlamentario de la CUP, era que en junio de 2017 Catalunya se convertiría en un estado independiente. Ahora este compromiso se ha canjeado de golpe por la promesa de un referéndum en septiembre de 2017 (que una cosa tuviera que tener lugar en junio y la otra tenga que ser en septiembre forma parte de los misterios mejor guardados de las diversas hojas de ruta). De hecho, en el proceso de transformación hemos visto a destacados portavoces de la mayoría gubernamental catalana pasar de decir, sin explicar el cambio repentino, que el mandato del 27S habilitaba al gobierno de Catalunya para llevar el país hacia la independencia a explicar que el mandato del 27S es el referéndum. Así, sin más, todo ello aderezado con la tradicional cantinela de que los ‘Comuns’ son ambiguos, cuando en realidad hemos mantenido la misma posición siempre, la de construir el referéndum como una herramienta que parta del reconocimiento internacional, que interpele a amplias mayorías y que sea efectivo.

Sin embargo, más allá de las miserias de la política, que pretende dibujar la realidad con cada nueva declaración y construir la soberanía de un pueblo a golpe de tuit o de debates cada vez más incomprensibles sobre hojas de ruta y acrónimos (de la DUI al RUI se podría titular este nuevo capítulo del ‘procesismo’), hay varias constataciones que hacer sobre este cambio.

La primera es que es positivo que en estos momentos la mayoría gubernamental tenga claro que no puede intentar avanzar sin el ejercicio del derecho a decidir. Es positivo en términos de país, ya que la mayoría del país comparte este anhelo. Habría sido mejor que la voluntad que se muestra ahora se hubiera mostrado también cuando En Comú Podem, Unidos Podemos y En Marea pusieron el derecho a decidir en el centro del debate sobre la formación de un gobierno en España y no justo cuando el PP ha conseguido de nuevo mantener el gobierno del Estado.

Más vale tarde que nunca, sin embargo. Pero de este giro también se deriva, en segundo lugar, que la hoja de ruta, tal como la ha planteado la mayoría gubernamental, no se sostiene: o busca la independencia en junio de 2017 o busca el referéndum.

De ahí los parches que están poniendo a la ley de transitoriedad jurídica, que se pretendía como la creación de una legalidad catalana, es decir de una DUI (declaración unilateral de independencia) sin nombrarla así, y que ahora se quiere dividir en dos mitades: la primera crearía la legalidad para realizar el referéndum y la segunda sería refrendada por el mismo referéndum, en una reducción al absurdo.

En tercer lugar, además, no será aceptado por la mayoría gubernamental. No lo será, porque se tendría que aceptar que esta misma mayoría se ha construido en base a un objetivo y un compromiso que ahora, por decirlo suavemente, ha "mutado", sin demasiadas explicaciones públicas de por qué ha sido así. Contradicciones que, además, se ven aceleradas por el combate de judo eterno entre Convergència y ERC.

La "nueva" Convergència, es decir el PDECat, está intentando rearmarse ideológicamente, pensando en un escenario posterior al ‘procesismo’, que los lleva a presentarse claramente, en palabras de su nueva dirigente, como un partido netamente (neo) liberal, en lo que se refiere a la actuación del mercado, y que en el campo político, siguiendo sus palabras, es "sí, un partido que cree en la seguridad como la primera de las libertades". Costará encontrar en el mundo una declaración de soberanía que empiece por esta primera libertad con tonalidades ‘trumptianas’ (hay que adaptarse a los nuevos tiempos ...).

Frente ello, ERC dobla la apuesta y Junqueras, el hombre silencioso del proceso en su intento de ser cada vez más "presidenciable", anuncia que el partido catalán ahora es el de los true liberals: "Defendemos la competencia, cuanta más mejor ", afirmaba recientemente entre las pocas cosas claras que se le oyen decir.

Si miráramos esta evolución desde una óptica puramente histórica, parece algo raro que después de haber vivido una crisis de ocho años, donde claramente han sido las políticas neoliberales las responsables de la conversión del sistema económico en un casino en bancarrota, viviendo en un país en el que la precariedad, la exclusión social y el recorte en derechos sociales se han convertido en uno de nuestros principales problemas, los partidos que gobiernan Catalunya muestren tanto empeño en emerger como fuerzas (neo) liberales..

Pero la óptica no es ésta, sino la de la competencia, ésta también feroz, para hacerse con el votante convergente. Por parte de la antigua Convergència para recuperarlo, tras las múltiples fugas que ha sufrido, y por parte de ERC para consolidar aquel que ya ha atraído y conseguir ampliarlo. De hecho, ERC parece haber abandonado el viejo sueño de conseguir convertirse en el partido hegemónico en la izquierda, dados los resultados en las dos últimas elecciones celebradas en Catalunya en las que En Comú Podem apareció como claro ganador, y ahora gira claramente su mirada hacia la derecha, presentándose a sí misma precisamente como el principal rival de los Comuns. De hecho, el gran interrogante no explícito que se cierne sobre la política gubernamental es saber si Convergència volverá a ser lo que era o si ERC es ya la nueva Convergència. Dinámica que explica claramente que el debate no es de país, sino de poder, y en la que el ‘procés’ queda prácticamente desdibujado ante el ‘procesismo’: un tablero de juego en el que de lo que se trata es de ganar las próximas elecciones.

Pero detrás de todo esto sigue estando el país. Las aspiraciones de los catalanes y catalanas no se pueden realizar libremente porque enfrente nos encontramos con un gobierno del Estado que no tiene más proyecto que la negación de lo que es realmente fundamental. Hay una amplísima mayoría que quiere que Catalunya sea reconocida como nación, que quiere poder decidir su futuro. Hay también una amplísima mayoría que no puede esperar más en el juego de espejos que llegue un día mesiánico donde "podrá decidir", que quiere construir un país para poder decidir y no esperar a decidir para construir, que sabe, en definitiva, que construir es decidir.

Existe además la necesidad de que en este país pueda existir una alternativa de izquierdas a una mayoría gubernamental pilotada por la derecha. Al mismo tiempo es cada vez más evidente que el sistema político español ha detenido momentáneamente su crisis, pero necesita ofrecer algo más que la mera reacción. Hay, es cierto, un intento nervioso, demasiado nervioso para resultar verdadero, de volver a la "normalidad". Se ve en los artículos, que desprenden olor a "orden", que se intenta "representar" en el simbolismo del calendario conmemorativo del Estado. Pero se ha ido demasiado lejos durante este último año, para poder volver atrás y las meras reformas cosméticas de la Constitución sólo son el último intento antes de que todo sea reconsiderado de nuevo.

Es el momento para que Catalunya ponga en marcha un proceso constituyente, pero lo ha de hacer a partir de la presentación de las diversas alternativas de país, fuera de hojas de ruta y pactos sobados hasta el agotamiento, debe hacerlo con ideas y objetivos claros desde la defensa coherente de las diversas posiciones y debe hacerlo en clave de país y no de poder. Desde nuevas fuerzas políticas cómplices con el país y no con los ‘procesimos’ y sus mayorías gubernamentales.