Carta abierta al Presidente del Gobierno

IGNACIO MURO BENAYAS

Estimado Presidente, la implantación de un canon digital sobre la copia privada como concreción de la Ley de Propiedad Intelectual no ha acabado con el debate social sobre la forma de retribuir los derechos de propiedad intelectual. La actitud confusa y oportunista del PP, con una agenda oculta basada en la obstaculización de las redes de intercambio de contenidos (P2P), en la línea de lo propuesto por Sarkozy, lo ha colocado incluso en el centro de la batalla electoral.

Reconocer la excepcionalidad y transitoriedad de la solución adoptada es imprescindible para encontrar un nuevo consenso social sobre este importante asunto. Su compromiso de estudiar cualquier alternativa al canon digital que apoye a los creadores y a la propiedad intelectual, concede una nueva oportunidad que una organización progresista como la nuestra que vincula a profesionales del conocimiento, entre empresarios, funcionarios y directivos de grandes empresas, no puede desaprovechar.

Sin más dilación pasamos a exponerle la esencia de nuestra propuesta:

La creación cultural y la propiedad intelectual son un componente esencial del desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Es, por tanto, muy peligroso e injusto transmitir que el impulso de ésta pone a la cultura en peligro. Ni lo está por el lado de la oferta, porque existen ahora más creadores que nunca, ni lo está por el lado de la demanda, porque existen más canales para acceder a ella que nunca. Nuevas tecnologías (TIC) y creación cultural forman parte de un todo que no está en contradicción.

El desarrollo de las TIC está provocando, sin embargo, la rápida crisis de los modelos de negocios tradicionales basados en soportes físicos y en los mecanismos de distribución asociados a ellos. Los creadores y la industria no han encontrado todavía los mecanismos adecuados que compensen los esfuerzos invertidos en la creación. Como en otros cambios tecnológicos, los actores y las instituciones públicas se enfrentan a un doble reto: por un lado, a facilitar el tránsito desde lo viejo a lo nuevo con el fomento a nuevas formas de relación y negocio cultural y, por otro, a paliar en lo posible el rápido deterioro de los ingresos de los autores de bienes culturales sentido en los últimos años.

Es obligación del Gobierno facilitar un cauce de solución a los creadores, representados por las asociaciones de gestión de derechos, y suministrar los recursos públicos, directos o indirectos, que considere adecuados. Pero es imprescindible distinguir entre actuaciones permanentes y transitorias y, entre competencias delegables e indelegables. Y también lo es distinguir entre los diversos medios existentes –canon digital o impuesto cultural– y entre los diversos fines –compensación por lucro cesante y promoción a nuevas formas de negocio– como obligado es delimitar claramente los fondos existentes para cada fin.

El Estado ha asumido en muchos casos la tarea de ayudar a la reconversión de un sector en crisis. Pero, cuando lo ha hecho, ha limitado en importe y plazos el alcance de la ayuda. Las aportaciones públicas, procedentes del conjunto de la sociedad, no pueden ser, permanentemente, la fuente principal de ingresos de un sector. Su objeto es la reconversión, no la permanencia: ninguna industria debe ser “compensada” por la aparición de un avance tecnológico, está obligada a adaptarse a la situación que dicho avance genera. El Estado no puede sustituir a la sociedad ni al mercado.

La lógica del lucro cesante, basada en el cálculo teórico de los ingresos que se dejan de percibir por usos irregulares de bienes culturales, se muestra inadecuada cuando va transcurriendo el tiempo y se aleja el origen del problema. Distinguir entonces un reparto equitativo de fondos que compense, por un lado, la pérdida de ingresos por derechos de autores consagrados, con obras de una cierta antigüedad, y, por otro, las de los autores noveles con obra reciente, que no llegan a captar la atención de la industria, se convierte en una quimera.

En consecuencia, los recursos aplicados a compensar esa merma de ingresos deben tener una magnitud decreciente, mientras los dedicados a la promoción de nuevos modelos y relaciones deben aumentar su importancia. Corresponde al Gobierno de la nación gestionar directamente los programas que impulsen esos nuevos modelos, programas en los que podrá participar cualquier asociación o entidad cultural que cumpla los requisitos que se establezcan, sean o no sociedades de gestión de derechos.

La Ley de Propiedad Intelectual asigna al Ministerio de Cultura la tarea de asegurar la transparencia con la que se gestionan los recursos del canon y le faculta para ejercer el control sobre las entidades de gestión a las que obliga a presentar, dos veces al año, una relación pormenorizada de las declaraciones y los pagos efectuados. El primer control se producirá el próximo 30 de junio.

Ese momento debe servir de referencia para poner en marcha una nueva Comisión que analice ésta y otras propuestas presentadas por los diferentes actores en respuesta a la solicitud del Presidente del Gobierno. Ese compromiso debería formar parte de su programa electoral.

Facilitar el tránsito entre lo viejo y lo nuevo requiere un conjunto de actuaciones con un horizonte definido, que proponemos inicialmente de cinco años. Estamos convencidos de que, más pronto que tarde, las tecnologías de la información acabarán suministrando nuevas formas de retribuir la creación, hoy desconocidas, y con ellas el desarrollo de la cultura.

Ignacio Muro Benayas es Director General de la Asociación Información y Conocimiento (ASINYCO)

Ilustración de Patrick Thomas